La seguridad jurídica planteada para los guerrilleros que dejen las armas, es decir, la que apunta a que una vez desmovilizados puedan concentrarse en una zona y no ser apresados, es el siguiente paso a dar por el Gobierno para avanzar en las zonas de concentración, y como medida de desescalamiento del conflicto armado.
Para cumplir con este objetivo —expuesto por las Farc en la mesa en el punto relacionado con la justicia especial—, el Gobierno le planteará al Congreso de la República otorgar al presidente Juan Manuel Santos facultades extraordinarias para suspender órdenes de captura a cerca de seis mil guerrilleros rasos que dejarían las armas, una vez firmado el Acuerdo Final.
El primer aviso lo presentó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. “Se busca dar seguridad jurídica a quienes renuncien a las armas mientras se produce esa transición hacia la civilidad, mientras se hace la dejación de las armas, y el Gobierno Nacional pueda suspender las órdenes de captura de esos integrantes de las Farc”, explicó.
La adopción de esta medida es la puerta para llegar a la concentración de las tropas guerrilleras en las seis zonas que al parecer serían definidas desde la segunda semana de febrero en el Congreso. Estas áreas apuntan a espacios de influencia de las Farc como el Norte de Antioquia, Cauca, Chocó, Arauca, Putumayo y Norte de Santander.
Desde la perspectiva de los anuncios, es lo que vislumbra el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, al precisar que, ante la entrada en la recta final del proceso de paz, el Gobierno debe mostrar una carta fuerte para llevar a las Farc, casi que de la mano, hasta la firma final.
“Las zonas de concentración es una de las garantías solicitadas por las Farc. Sin aprobar esta propuesta, es muy difícil llegar hasta lo último de las negociaciones y más cuando la guerrilla ha expresado que no están dispuestos a ir a la cárcel”, dice Ortega.
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