Un paso definitivo para encausar el proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con la guerrilla de las Farc, se dio este jueves cuando se anunció, desde La Habana (Cuba), el acuerdo con el cual las partes tienen la seguridad política y jurídica que lo pactado sí se cumplirá.
Gobierno y Farc decidieron acordar tres mecanismos en tal sentido. “Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir con los objetivos enunciados”, se informó en este nuevo acuerdo.
En primer lugar hay un compromiso que se hagan modificaciones importantes al trámite del acto legislativo por medio del cual se implementan los acuerdos de paz, reforma que está en este momento próximo a comenzar sus séptimo debate en la Cámara de Representantes.
En tal sentido, se espera incluir un artículo transitorio que dirá: “En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final”.
Lo anterior significa que lo pactado por gobierno y Farc sea considerado como parte de los convenios de Ginebra, es decir que se ajusta al cumplimiento del respeto del derecho internacional humanitario, lo que le dará al capítulo de la justicia transicional que no se fundamentará en la impunidad, que es una de las principales críticas que se le ha hecho a este mecanismo transitorio de justicia.
Las partes convinieron además que este Acuerdo Especial, como se le denominará a todo el conjunto de lo pactado, se tramitará con un procedimiento especial en el Congreso de la República. Al respecto se precisa que se “envía al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley; tramitación como ley ordinaria: radicación del proyecto ante la secretaria del Senado y publicación, debate en comisiones constitucionales conjuntas del Senado y Cámara, votación, debate en plenario del senado; y debate en plenario de la Cámara”.
Por ser este un acuerdo especial y por la importancia en que las normas entren en vigencia lo más rápido posible, se plantea que el tránsito del proyecto entre una y otra cámara será de 8 días, las votaciones serán únicamente de aprobación o improbación de todo el texto, por mayoría calificada; control de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial; sanción presidencial y publicación en diario oficial. El Gobierno se compromete a presentar esta ley aprobatoria inmediatamente sea firmado y aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y entrado en vigor el presente Acto Legislativo.
De otro lado, la reforma constitucional llevaría a que la Corte Constitucional, en el control que debe hacer a esta reforma, sea único y automático, con lo cual se garantiza que se haga de forma inmediata y con prelación a otras sentencias.
Este mecanismo de control constitucional se dará igualmente para la implementación del Acuerdo Final mediante Leyes ordinarias o leyes estatutarias, con las cuales se desarrollarán los compromisos de los cinco acuerdos básicos de la agenda.
La enmienda constitucional que se debatirá en los próximos días en la Comisión Primera de la Cámara, se modificará con la sustracción de la figura que creaba la Jurisdicción Especial para la paz.
Gobierno y Farc explicaron este jueves que una vez aprobado en el Congreso el Acuerdo Final firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, el Gobierno Nacional impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio.
Las dos partes convinieron que el acuerdo final se entregará, inmediatamente tras su firma, al Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.
Un compromiso más es que el Presidente de la República hará una declaración en la que compromete al Estado colombiano ante el Secretario General de las Naciones Unidas, pidiendo que “se dé la bienvenida al Acuerdo Final y lo relacione con la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad del 25 de enero, generando un documento oficial del Consejo de Seguridad, y anexando a dicha Resolución 2261 el texto completo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Con este blindaje el Gobierno y las Farc se comprometerían ante Naciones Unidas a respetar y cumplir lo pactado y del mismo modo, harán que los acuerdos no puedan ser incumplidos por un Gobierno opositor a los acuerdos de paz con la guerrilla.
“Seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final”: De la Calle
“El acuerdo tiene como objetivo brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final; asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y dar garantías de cumplimiento de este acuerdo. Y lo hemos conseguido utilizando herramientas de derecho internacional pero aplicando al mismo tiempo los procedimientos internos propios del Estado de Derecho”, explicó el jefe negociador, Humberto De la Calle.
Esto quiere decir que el acuerdo de paz con las Farc, una vez que se firme en La Habana y entre en vigor, tendrá la categoría de Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra.
“Un acuerdo Especial no es un tratado internacional y como señala el DIH no confiere ninguna estatus jurídico especial a las partes. Por tanto requiere de un procedimiento para su incorporación al ordenamiento jurídico interno, mediante una ley del Congreso de la República que apruebe el Acuerdo Final, como Acuerdo Especial, en desarrollo del derecho a la paz que contiene nuestra Constitución”, indicó De la Calle.
El jefe negociador expresó que el acuerdo final ocupará un lugar privilegiado en el marco constitucional. El acuerdo ingresará al llamado Bloque de Constitucionalidad “en sentido estricto y con carácter transitorio”, indicó De la Calle. “Es decir, servirá como parámetro de constitucionalidad para el desarrollo y la interpretación de las normas de implementación de los acuerdos”, agregó.
De la Calle aseguró que esta decisión tiene implicaciones importantes para el Gobierno y las Farc. Por un lado, compromete al Gobierno a cumplir su palabra utilizando un alto nivel jurídico como el de Naciones Unidas, que se lleve al Congreso y que las Farc acepten que se les de trámite en el ordenamiento constitucional colombiano.
La formula mixta blindará entonces lo que se acuerde para luego ser incluido en el Acto Legislativo, que está por comenzar su séptimo debate en la Cámara de Representantes.
De la Calle reconoció que el plebiscito no ha sido pactado en La Habana y aclaró que un acuerdo de paz es un acuerdo político y requiere medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo. “Esas medidas incluyen una refrendación popular, que aún no ha sido pactada en La Habana, y una serie de instrumentos jurídicos que permiten la introducción en el ordenamiento jurídico colombiano del acuerdo de paz”, concluyó.
