El Plan integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) está presente en 3.000 veredas de 51 municipios en 13 departamentos del país, y según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el homicidio en esas regiones viene en alza. Una de las razones es que, al parecer, los grupos armados ilegales están presionando a las comunidades que se encuentran inscritas para erradicar de manera voluntaria las matas de coca que cultivaron.
Asegura la FIP que, durante los primeros nueves meses de 2017 (enero-septiembre), en los municipios donde está presente el Pnis ocurrieron 634 muertes violentas, mientras que en ese mismo periodo del presente año se registraron 917 homicidios, lo que representa, según la investigación, un aumento del 48%.
A pesar de las cifras, la fundación aclara que todos los casos no están directamente relacionados con los cultivos de uso ilícito o con el programa de sustitución, pero sí con otras problemáticas que afecten las diferentes regiones.
“Sobre las dinámicas que están detrás de eso, nosotros hemos sostenido que en varios de los territorios donde está el Pnis hay disputas activas entre actores armados ilegales, que si bien no explican todos los homicidios, sí generan una dinámica que los activa y esto lo estamos viendo en varios territorios donde hay enfrentamientos entre ilegales”, explica Juan Carlos Garzón, Director del área de dinámicas del conflicto de la FIP.
En el mismo informe se hace una evaluación de los dos primeros meses de funcionamiento del programa de sustitución en el gobierno de Iván Duque y, en medio de esa transición de la pasada administración, la FIP advierte que los municipios con mayor número de homicidios son Tumaco en Nariño (28), Montelíbano en Córdoba (12) y El Tambo en El Cauca (11). Además, reseña varios hechos como amenazas y protestas por parte de campesinos en varias partes del país relacionadas con la sustitución (ver mapa).
“Nosotros lo que resaltamos es que la postura de los grupos armados ilegales sobre el programa de sustitución se ha radicalizado. Para mediados del año pasado uno encontraba una posición de los ilegales que toleraban el Pnis, pero ahora lo que encontramos en todos los territorios es que esos matices ya no están y que los actores armados se están expresando en contra de la sustitución”, agregó Garzón.
Uno de esos ejemplos ocurre en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, donde grupos armados ilegales que se disputan el territorio mantienen amenazada a la comunidad de diferentes veredas e, incluso, en algunos corregimientos como Barro Blanco, las bandas criminales exigen parte del pago que les da el Gobierno en el marco de los acuerdos con el Pnis.
“Lastimosamente, en algunas zonas, donde están ‘los Caparrapos’, todo el que recibe pago debe cancelarle a esa gente el 10 %. Si no lo hacen, la orden es abandonar la región en menos de 24 horas”, afirmó un labriego de la zona a EL COLOMBIANO, quien pidió reserva de su identidad por seguridad.
Según el último informe de Naciones Unidas sobre el monitoreo del programa de sustitución, hay 3.870 hectáreas reportadas por las comunidades en diferentes zonas de Colombia que no han podido ser verificadas por restricciones de seguridad impuestas por ilegales y que se encuentran en proceso de verificación por la Fuerza Pública.
El general Juan Carlos Ramírez, comandante encargado de la Séptima División del Ejército, explicó que la institución coordina con las otras entidades del Estado como el Pnis, la forma de garantizar la seguridad de las comunidades inscritas en el programa, e indica que en Antioquia se han dado casos en los que el Ejército ha erradicado de la mano con los campesinos.
“Cuando hay sembrado, viene la disputa de los actores ilegales y por esa razón es que ocurren los homicidios selectivos”, dice el oficial, quien añadió que “nosotros sabemos de las amenazas que tienen algunos campesinos, por eso protegemos a esta población mientras adelantamos la erradicación forzosa. Le pongo un ejemplo: Ituango. Allí donde había un crecimiento de los cultivos se disparó el homicidio, pero nosotros entramos a arrancar matas y ya hemos erradicado más de 700 hectáreas este año”.
Cesar Jerez, vocero de Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, cree que el fenómeno de violencia que se viene presentando en los municipios donde está presente la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito está directamente relacionado con el incumplimiento del Estado con los acuerdos de paz entre el pasado Gobierno y las Farc.
“La inseguridad, violencia y asesinatos crecieron, pero no por la llegada del programa (Pnis), si no por el incumplimiento en temas relacionados con el acuerdo de paz. Eso llenó de violencia los territorios donde estaban las Farc, porque se dejó la ventana abierta para que otras estructuras tomaran control de esas zonas”, afirmó el representante de Anzorc.
Para Juan Carlos Garzón, es claro que la seguridad puede convertirse en el talón de Aquiles para el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y en las regiones más afectadas esa estrategia podría ser insostenible.
“La pregunta se dirige en qué hacer para poder articular esas estrategias que puedan brindar garantías y se tengan condiciones mínimas para que se desarrolle el programa. De no encontrar soluciones, en algunas zonas se tendría el riesgo del fracaso por no ser viable”, concluye.
