Indulto acelera fin de la guerra

  • En la cárcel El Pedregal hay presos de Farc que piden mejores condiciones. FOTO róbinson sáenz.
    En la cárcel El Pedregal hay presos de Farc que piden mejores condiciones. FOTO róbinson sáenz.
  • Indulto acelera fin de la guerra
Por nelson matta, ricardo monsalve y germán jiménez | Publicado el 23 de noviembre de 2015
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presos de las Farc en las cárceles, de una lista de 81, están enfermos de gravedad.

6

semanas faltan para acabar el año y el Gobierno pretende firmar antes el fin del conflicto.

81

millones deben, por concepto de multas, guerrilleros de las Farc condenados por jueces.

20.799

millones aparecen como deuda de Jesús Plutarco Díaz Rubio

en definitiva

El anuncio del Gobierno contribuye a acelerar el fin del conflicto con las Farc, aunque reabre las inquietudes sobre los delitos conexos con la rebelión.

Con la decisión de otorgarle el indulto a 30 guerrilleros condenados por rebelión, el presidente Juan Manuel Santos buscaría que las Farc acepten conciliar el cese bilateral del fuego antes del Año Nuevo y cerrar las negociaciones a más tardar el 23 de marzo.

La Casa de Nariño informó que esta medida hace parte de un paquete de cuatro “gestos de construcción de confianza” con su contraparte, y reiteró que en la treintena de insurgentes beneficiados “no hay recluidos por delitos graves”.

Además del indulto, que implica la suspensión de la pena que están pagando, el Gobierno les diseñará un programa especial con apoyo sicosocial, acompañamiento para la estabilización familiar, acceso a la educación y formación laboral.

Aunque ya existen los programas típicos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), este al parecer sería un proyecto piloto, pues se trataría de la primera reinserción colectiva de las Farc desde los tiempos del partido Unión Patriótica (años ochenta), el cual fue golpeado por un exterminio sistemático.

El paquete de medidas incluye también unas brigadas para examinar las condiciones de salud de 106 subversivos recluidos en prisiones y disponer “lo necesario para su adecuada atención”.

Y “preparando las condiciones para el fin del conflicto”, según el comunicado oficial, el Gobierno adecuará unos patios especiales dentro de las cárceles, a los cuales serán conducidos los miembros de las Farc condenados y sindicados, “para facilitar el estudio de su situación jurídica, personal y familiar, como preparación para su futura reintegración a la vida civil”.

Estas últimas dos medidas responden al clamor de los internos “farianos”, quienes en las últimas semanas le habían pedido al Gobierno un gesto de paz con aquellos que se consideran a sí mismos presos políticos y están enfermos (ver la nota inferior).

El reporte de la Casa de Nariño no precisa quiénes serán los 30 favorecidos con el indulto; sin embargo, el anuncio de que reunirá a los demás insurgentes en pabellones exclusivos para preparar su futura reinserción, sugiere que habrá otros reos que más adelante podrían gozar los beneficios de las negociaciones de La Habana.

Jorge Giraldo, miembro de la Comisión del Conflicto que participó en La Habana, estimó que “con esta muestra del Gobierno se gana un poquito de oxígeno en la negociación del tema de justicia, en el que hay un pulso muy duro”.

Agregó que es posible que Santos busque, en contraprestación, “que las Farc acepten un cambio en la metodología de la negociación para firmar el resto de puntos antes del 23 de marzo, una fecha que parece ser muy importante para él”.

El penalista y expersonero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, coincide en que “quizá el Gobierno lo que busca es que la guerrilla acceda a cumplir con los plazos que ya se fijaron para cerrar las conversaciones, atendiendo a una solicitud de tratamiento especial a los presos de las Farc, que ellos mismos habían pedido hacía poco”.

Generando confianza

Las medidas para afianzar la credulidad del contrario en la mesa de conversaciones, comenzaron cuando la agrupación ilegal decretó su primer cese unilateral del fuego por un mes, el 19 de noviembre de 2012. Más adelante, las Farc prometieron que dejarían de reclutar menores de edad.

Santos respondió a esos avances con la suspensión de las solicitudes de extradición a los cabecillas y la prohibición de los bombardeos a campamentos de ese grupo.

También ha habido decisiones conjuntas en la misma dirección, como los dos pactos para el desminado humanitario y la búsqueda de desaparecidos por el conflicto.

La notificación del indulto estuvo precedida por una visita de alto nivel a la isla. El viernes pasado, el presidente envió a su hermano Enrique Santos para sostener una reunión con “Timochenko”, el comandante de los alzados en armas. El objetivo era cerrar las brechas de algunas fisuras en la mesa y acelerar el ritmo de las negociaciones, proponiendo una especie de cónclave en el que los delegados no descansen hasta no firmar los puntos restantes de la agenda.

Los nuevos anuncios, sin duda, le dan otra dimensión a ese esfuerzo de alcanzar un cese bilateral del fuego en diciembre.

Rebeldes “perdonados”

Las amnistías y los indultos ya los había concedido el Estado a otros grupos guerrilleros en las décadas del 80 y 90, siendo los más representativos el movimiento M-19 y el Epl.

Otros insurgentes, que no hicieron parte de negociaciones de paz, también han recibido beneficios parecidos.

En el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se creó la figura de los “gestores de paz”, con la cual se otorgaron privilegios jurídicos y facilidades de reinserción a los excabecillas “farianos” Elda Neyis Mosquera (alias “Karina”), Danis Daniel Sierra (“Samir”) y Heli Mejía Mendoza (“Martín Sombra)”. En contraprestación, los tres participan en acercamientos para desmovilizar a otros combatientes.

Wilson Bueno Largo (“Isaza”), recordado por su fuga de un campamento de las Farc con el secuestrado Óscar Tulio Lizcano (2008), no solo recibió favores judiciales y políticos, sino también una recompensa económica y fue acogido por el gobierno de Francia junto a su novia “Marisol”.

Y Rodrigo Granda Escobar, apodado “el Canciller”, capturado en 2004, fue dejado en libertad tres años después, en gracia a una concesión del presidente Uribe a una solicitud de su homólogo francés Nicolás Sarkosy, en el marco de las gestiones binacionales para lograr la liberación de la entonces secuestrada Íngrid Betancourt.

Hoy en día, Granda es uno de los principales negociadores de las Farc en Cuba y el primero en celebrar el anuncio gubernamental en su Twitter: “Indulto es importante gesto de Paz. Despertó gran respaldo. Con voluntad política sí se puede, todos ganamos”.

Agregó un mensaje de felicitación a sus camaradas presos, “los queremos libres aportando a la paz para Colombia”.

Vale la pena recordar que antiguos guerrilleros favorecidos con indultos, lograron ocupar luego posiciones destacadas en las Instituciones políticas, como Gustavo Petro (congresista y alcalde de Bogotá) y Antonio Navarro (alcalde de Pasto, Gobernador de Nariño y congresista).

Opiniones encontradas

El senador Alfredo Rangel, del partido Centro Democrático, opinó que “las Farc no han liberado un solo niño de sus filas, pero Santos no solo no encarcelará terroristas criminales, sino que los indulta y deja libres”.

Y su copartidaria, la senadora Nohora Tovar, concluyó: “mientras el mundo se alinea contra el terrorismo, en Colombia Santos lo excarcela y lo lleva a la política”.

En la orilla contraria, el senador Armando Benedetti, del partido de la U., comentó que la decisión tomada significa que ambas partes están consolidando más confianza y que se avanza en la rápida firma de la paz.

“¡Ojo! El indulto no es para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Y que yo sepa, ¡no hay ninguno juzgado por esos delitos!”, aclaró.

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, celebró lo ocurrido y pronosticó que “este es uno de los muchos pasos que se van a dar en el proceso de construcción de confianza dentro del proceso”.

¿Y los delitos conexos?

Hasta ahora el indulto solo cobija a los condenados por rebelión, pero la medida podría reavivar en la mesa el debate sobre otras conductas en las que las Farc buscan el mismo beneficio: los llamados delitos conexos.

El tema quedó implícito el pasado 23 de septiembre, cuando Santos y “Timochenko” firmaron el acuerdo sobre la jurisdicción especial para la paz. Uno de los puntos publicados dice: “el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad”.

El texto excluye de la amnistía a los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, mas nada dice del secuestro y el narcotráfico, dos asuntos que la guerrilla insiste en justificar con su insurrección.

Contexto de la Noticia

¿y la deuda de “farianos” condenados?

Uno de los temas pendientes en las discusiones de paz que se realizan en la Habana, Cuba, tiene que ver con la abultada deuda que aún no cancelan los guerrilleros de las Farc que han sido condenados por los jueces de la República por sus diversos delitos.

Esa factura, según reveló una investigación realizada por el periódico El Colombiano, ascendía en noviembre de 2014 a más de 827.299 millones de pesos.

Por esa misma fecha, este diario también estableció que, de acuerdo con datos del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), la cuenta de cobro por multas en dinero impuestas en Colombia a los condenados por los jueces totalizaba 9 billones 795.414 millones de pesos.

Eso quiere decir, que de ese total de obligaciones, la guerrilla de las Farc concentraba más del 8,4 por ciento.

Aunque tanto la cifra global, como la adeudada por guerrilleros de las Farc podrían destinarse a la reparación de las víctimas, es poco lo que el Estado viene realizando para garantizar un efectivo recaudo de tan gruesa suma.

En efecto, entre el 2001 y septiembre de 2014, el cobro coactivo por parte del Consejo Superior de la Judicatura apenas se tradujo en el ingreso efectivo de 44.032 millones de pesos de esas multas pecuniarias. Eso significa que de cada 100 pesos de esas sanciones monetarias, apenas se recibían unos pocos centavos.

¿Quién les va a cobrar?

En el caso particular de las obligaciones que tienen pendiente de pago los guerrilleros de las Farc, la entidad que goza de la facultad y obligación legal de cobrar es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la misma que, dicho sea de paso, maneja los fondos para reparar a más de 6 millones de víctimas del conflicto interno.

No obstante, la decisión final de si se cobra o no esa deuda recae en el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.

Así lo dijo en su momento la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria Betancur, cuando al responder una pregunta de este diario señaló que “el equipo negociador cuenta con toda la información sobre la política de reparación a las víctimas que adelanta el Gobierno Nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, incluidos aspectos como las multas contra los integrantes de las Farc. Sin embargo, el tratamiento de esta información en el escenario de las negociaciones en La Habana se realiza directamente por el equipo negociador del Gobierno Nacional y por el Señor Presidente”.

la decisión estuvo antecedida por una petición de los guerrilleros encarcelados

Rolando Acevedo, guerrillero de las Farc interno en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, es uno de los muchos integrantes de esa organización recluidos en cárceles que se consideran presos políticos.

Hasta hace unos días hizo parte de los más de 54 reclusos que sostuvieron una huelga de hambre para llamar la atención del Gobierno y las Farc en La Habana.

“Queremos exigirle al Gobierno que dé muestras reales de paz, poniendo en libertad a los compañeros que están enfermos, discapacitados y de tercera edad. Hay una lista a nivel nacional que se le presentó a varias personalidades del Estado y a otras a nivel internacional, para abogar por la libertad de las personas en delicado estado de salud”, dijo el recluso.

Consideró también que el Gobierno “podría empezar con reconocernos como presos políticos y que nos pongan en unas condiciones diferentes, dependiendo del delito por el que debamos responder, y dejar en libertad a los enfermos. Eso sería un gesto real de paz”.

El mensaje tuvo eco

La manifestación de los reclusos tuvo eco en La Habana y la delegación subversiva se refirió al estado de sus compañeros e hicieron un llamado al Gobierno para que por medio de “un gesto humanitario” considerara la liberación de los enfermos: “existe una lista de 81 prisioneros de las Farc en delicado estado de salud, de los cuales 11 son de extremo cuidado. Estos prisioneros deben recobrar su libertad en consideración a que su estado de salud es incompatible con las condiciones precarias en que viven en las cárceles. Su derecho a la vida e integridad física están en gravísimo riesgo. El Gobierno debería considerar la excarcelación a través de los mecanismos jurídicos vigentes y permitir que cese esta práctica en contra de nuestros combatientes”.

Tras el comunicado, “Iván Márquez”, jefe del equipo negociador de las Farc, agregó: “estamos de corazón con los prisioneros políticos y de guerra, quienes se encuentran en huelga de hambre en Colombia y que luchan por su libertad y también porque se mejoren esas condiciones infrahumanas de reclusión a las que están sometidos”.

EL COLOMBIANO conoció, por medio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que el tema se discute en la mesa de negociación para brindar una solución.

Por su parte el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) se abstuvo a realizar un pronunciamiento oficial, sin embargo en la mayoría de las cárceles donde se encuentran los internos de las Farc se adelantan varios planes de contingencia para evitar cualquier emergencia con la manifestación de quienes se consideran presos políticos y de guerra. Lo que si calaró el Inpec es que las puertas han estado abiertas para que el Ministerio Público visite a los reos con el fin de verificar sus condiciones.

Defensoría hizo el llamado

Al conocer la problemática con los guerrilleros recluidos, la Defensoría visitó las principales cárceles de máxima seguridad. En Antioquia se encontraron varios inconvenientes para identificar a los llamados presos políticos. Solo en la cárcel El Pedregal de Medellín se logró evidenciar la protesta de algunos, quienes decían ser integrantes de las Farc.

“Nos llevamos la sorpresa de que el Inpec no tiene espacios asignados para presos políticos, empezando porque no están identificados como tal. En Bellavista no encontramos huelga de hambre, allí encontramos buenas condiciones de salud; en San Cristóbal (El Pedregal) sí encontramos un grupo que llevaba tres días sin comer y sin atención médica, situación que se arregló con nuestra petición. Ya hicimos un pedido a la Dirección del Inpec para que se nos brinde un listado de la población detenida y que pertenezcan a las Farc, para confrontar esas identidades con las autoridades correspondientes y definir acciones”, dijo la defensora del Pueblo en Antioquia, Gloria Elena Blandón.

OPINIóN el gobierno cede otra vez con farc

juan david escobar v.
Docente y Director del Centro de Pensamiento Estratégico de Eafit.
“Aquí lo sorprendente no es el anuncio en sí, sino que sean tan poquitos los beneficiados. Lo que hemos visto en estos tres años de diálogos es que el Gobierno cede a lo que pidan las Farc, así diga al principio que es una línea roja. Ahora va a resultar que todo es un delito conexo con la rebelión, esa brecha está abierta hace rato, porque la guerrilla argumenta que todos sus delitos están conectado con eso”.
Germán Jiménez Morales

Periodista y escritor. Diplomado en información económica y financiera, Geopolítica y finanzas para no financistas.

Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.

Ricardo Monsalve Gaviria

Periodista. Magíster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid

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