Muchas inquietudes se han levantado luego de la captura de uno de los dirigentes más reconocidos del partido FARC, Seusis Hernández, mejor conocido como ‘Jesús Santrich’, esto luego de conocerse una orden de captura con fines de extradición, emitida por una Corte del Distrito sur de Nueva York (Estados Unidos).
Las dudas tienen que ver con qué tribunal tiene la competencia para procesar a Santrich, presuntamente involucrado en el envío de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, hecho en el que fueron detenidas otras cuatro personas.
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó que se trata de una conspiración de contrabando de narcóticos que se gestó desde junio de 2017 y que habría ido hasta abril pasado. En este escenario y según el más reciente fallo de la Corte Constitucional, relacionado con el marco jurídico que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, la competencia para el juzgamiento del desmovilizado le correspondería a la Justicia Ordinaria.
Así las cosas, el abogado Abelardo de la Espriella explicó que el paso siguiente sería acudir a la Corte Suprema de Justicia para que analice la solicitud de extradición, y por último le correspondería al presidente de la República firmar su salida del país. De esta manera, se debería obviar el paso por la justicia de paz, para hacer un proceso directo en la Sala Penal de la Corte.
De la Espriella explicó que la defensa de Santrich podría recurrir a dilatar el proceso, cuestión que no le sería muy favorable puesto que la decisión final de avalar la extradición quedaría en manos del próximo presidente y no de Juan Manuel Santos, quien se jugó todo su capital político por concretar el proceso de paz. Aunque en la noche del lunes, tras conocerse la captura, fue el propio Santos quien señaló que en caso de comprobarse los señalamientos, “no le temblaría la mano” para extraditar a Santrich.
“El Gobierno de Santos negoció con una banda de criminales y narcotraficantes de la peor condición, se indultó a una banda terrorista capaz de cualquier cosa; yo creo que este es el principio del fin para esos bandidos de las FARC”, expresó De la Espriella quien se atreve a pronosticar el mismo destino para los demás miembros de la FARC. “Veo que difícil que un envío de 10 toneladas de cocaína sea manejado por una persona al interior de esa organización, no me cabe la duda de que Iván Márquez y los demás bandidos de esa banda terrorista están metidos en eso, así que tendrán la misma suerte; ojalá no se escapen a Cuba y Venezuela”, dijo De la Espriella.
La captura es ilegal
Una cosa totalmente distinta piensa el abogado defensor de Santrich, Gustavo Gallardo, quien permaneció frente al búnker de la Fiscalía durante toda la mañana de este martes esperando el momento para hablar con su cliente. Ante lo que considera un proceso lleno de irregularidades, el abogado expresó que radicará la solicitud formal para que el caso sea tratado por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), por tratarse de uno de los integrantes de las FARC que se sometieron a la justicia transicional.
Para Gallardo, la forma como la Fiscalía General de la Nación adelantó la solicitud de la corte estadounidense fue “extremadamente rápida”, actitud que calificó como el desencadenante de una serie de fallas que hacen ilegal la detención de Santrich, con quien -dijo- solo ha podido hablar en dos ocasiones, en la noche de este lunes, cuando en criterio del detenido “no ha sido maltratado”. Ese fue el momento en que Santrich dio a conocer el inicio de la huela de hambre.
El defensor también explicó que hasta el momento el ente investigador no le ha hecho conocer ninguna prueba que relacione a su cliente con alguna actividad ilícita. En este marco el penalista señaló que llevará el caso a la Corte Interaméricana de Derechos Humanos (CIDH) y el Sistema Internacional de Naciones Unidas, pues considera se incumplieron los acuerdos suscribieron en La Habana (Cuba).
Otra de las voces que se pronunció en cuanto el proceder de la justicia en esta espinoso caso, fue el representante a la Cámara Alirio Uribe, y quien por años hizo parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
En criterio de este abogado, el procedimiento debe ser el que establecen los acuerdos, por lo que Santrich inicialmente debería ser oído en la Sección de Revisión de la Justicia Especial para la Paz. “La JEP debe definir si los delitos que se le imputan a Santrich son posteriores la firma de los acuerdos. Este sería el primer filtro”, dice Uribe quien ve necesario que se establezca la relación con el delito de narcotráfico.
Una vez el caso sea analizado y en caso de determinarse que el delito por el que es reclamado en extradición el exguerrillero, este puede ser remitido a la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando se determine que el ilícito fue cometido con posterioridad al 1 de diciembre de 2016.
En este caso, será la sala penal del alto tribunal la que determine y analice la petición de la Corte estadounidense, y de avalar dicho pedido, lo dejará en manos del presidente de la República, quien tiene la discrecionalidad para enviar al procesado a los estados del país norteamericano. “Este es el último filtro, de conveniencia política”, añade Uribe al explicar el procedimiento que desde su punto de vista debe seguirse en este caso.
En medio de este debate, acerca de la instancia encargada de conocer el caso Santrich, está el paso a paso de cara a la extradición.
Al respecto, Gallardo considera que la revisión de la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos no será un procedimiento rápido, pues sólo procederá hasta tanto se defina cuál es la entidad competente para procesar a Jesús Santrich, una vez definido eso podría tardar entre seis y 18 meses.
Así las cosas, y apegados a lo establecido en el acuerdo de paz, el tribunal de la JEP deberá analizar las acusaciones y pruebas contra Santrich y en caso de determinar que corresponden a conductas efectuadas con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, procederá a dejar el caso en manos de la justicia ordinaria, por lo que será la Corte Suprema de Justicia la encargada de analizar si avala o no la extradición del miembro del partido FARC.
