Las víctimas requieren justicia en diferente medida, cada caso es particular y la acción del Estado no puede generalizarse. Esa es la conclusión del reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica: “El derecho a la Justicia como garantía de no repetición”, que habla sobre las dificultades para que afectados por el conflicto armado accedan a este derecho.
El informe presentado concluye que “las expectativas de justicia de las víctimas son integrales y van más allá de lo que el proceso judicial puede responder, ademas, son distintas para cada víctima”.
Entre los seis casos analizados por el Centro de Memoria Histórica, hay un aparte acerca de la implementación de la justicia transicional negociada con los paramilitares.
Luz Marina Monzón, coordinadora de la investigación, espera que este trabajo sirva como aprendizaje a la implementación de los acuerdos de paz con las Farc y, en el futuro, con otros grupos como el Eln.
En el informe se considera un hito la aprobación de la Ley 975 de 2005, porque elevó “la actuación del Estado en relación con los derechos de víctimas de graves violaciones a derechos humanos”. Sin embargo, gran parte de esos ideales se quedaron en el papel.
Dicha ley incluyó un componente mínimo de castigo penal, una pena alternativa entre cinco y ocho años de prisión, y reconoció los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Pero fue dilatada la participación de las víctimas en los procesos de investigación y de las versiones libres de desmovilizados y los postulados a los beneficios de Justicia y Paz.
“Había vacíos y disposiciones que restringían u obstaculizaban el derecho a la verdad, como la ausencia de una exigencia a los postulados de hacer una confesión plena, completa y veraz desde la versión libre como condición para acceder a beneficios punitivos, y la definición de un plazo muy corto para que la Fiscalía investigara los crímenes de los postulados a los procesos penales especiales de Justicia y Paz”, relata el informe.
Una verdad a medias
Sergio Arboleda Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, organización dedicada a la representación de víctimas en procesos judiciales, argumentó que “a las víctimas les prometieron que la verdad se iba a construir desde su enfoque, pero cuando llegaron a ese escenario de Justicia y Paz nos dimos cuenta que la verdad se hacía a partir del victimario”.
Agregó el jurista que incluso la participación de las víctimas era muy limitada a la teoría de la Fiscalía, es decir, si las víctimas y la entidad investigadora tenían versiones diferentes, la víctima veía limitada su participación.
“No ha habido satisfacción a los derechos de las víctimas”, así lo manifestó María Victoria Uribe, antropóloga, docente e investigadora de temas de conflicto. Para ella, la cantidad de víctimas hace inviable la posibilidad de satisfacción, aunque no negó que es posible que algunas logren mayores niveles de justicia.
“La burocracia infernal de este país, las colas que tienen que hacer, ponerlas a ir de un lado para el otro”, es en general el camino tortuoso que viven para obtener algún reconocimiento”, explicó Uribe.
Cambio en las instituciones
Monzón planteó que la transformación principal de las instituciones, de cara a una nueva justicia que tendrá que atender millones de víctimas, tiene que ver con la manera cómo se relacionan con estas: “la forma en que reciben un caso de violación de derechos humanos, pues en muchos casos pareciera que hay prejuicio en el funcionario, hay gran sospecha sobre la víctima, que termina teniendo un gran peso de injusticia”.
Uribe, en cambio, dijo que es escéptica acerca de la justicia a que puedan acceder víctimas de las Farc: “se supone que habrá una Comisión de la Verdad y no se ha vuelto a hablar una palabra sobre eso”.
