Luego de más de una década en el olvido, tras ser objeto de extinción de dominio, propiedades rurales que pertenecieron a los capos de la mafia en los 80 y 90, ahora son el hogar de familias de diferentes partes del país que tienen una misma particularidad: fueron víctimas de desplazamiento o despojo de tierras, sus predios fueron restituidos pero, por diferentes razones, no pudieron ser ubicadas nuevamente en sus antiguas parcelas.
A este procedimiento, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) le llama compensación. Actualmente ha beneficiado a 60 familias, que han sido ubicadas en 15 fincas que suman más de 60 mil metros cuadrados de territorio, que fueron utilizados por integrantes de los grandes carteles como el de Medellín, Norte del Valle y Cali.
Ricardo Sabogal, director de la URT, afirma que este tipo de reparación es una excelente alternativa para esas personas “que son las más aptas para aprovechar las tierras. Ojalá podamos agilizar la entrega de más terrenos que fueron de narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha, Víctor Patiño Fómeque, Pablo Escobar o los hermanos Galeano”.
Añade el funcionario que, actualmente, la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) están visitando predios por todo el país “para desocupar rápidamente el inventario de predios que tiene la SAE y darle cumplimiento a los puntos del Acuerdo con las Farc sobre la repartición de esas tierras entre los campesinos”.
Una nueva vida
La hacienda Villa Claudia, ubicada en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, estuvo casi 30 años a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes y hace dos fue entregada para que fuera habitada por cinco familias víctimas del conflicto armado.
Israel Ruidiaz Gutiérrez, su esposa y sus tres hijos, conforman uno de esos núcleos familiares que vive en Villa Claudia. Allí terminaron luego de que la guerrilla y los paramilitares los dejaran sin su tierra, que estaba ubicada en Valledupar.
“Hace dos años que estamos en este predio. Sabemos que perteneció a un narcotraficante pero lo importante es que acá estoy con mi familia y con muchas ganas de seguir adelante”, dice Israel quien aprovecha su nuevo territorio con la ganadería de leche.
La última de estas entregas fue en el municipio de La Ceja, Oriente de Antioquia. Allí, 12 familias, víctimas de despojo en otras zonas del departamento, fueron ubicadas en la finca Miraflores, que perteneció a los hermanos Moncada, exintegrantes del Cartel de Medellín. Para la URT, la convivencia entre estas familias es uno de los mayores retos que tienen como institución oficial.
Paola Andrea Cadavid Acevedo, directora regional de la Unidad de Restitución de Tierras, explica que la atención a las familias en todo el país implica intervención interinstitucional que incluye sicólogos, trabajadores sociales, entre otros. “No es fácil reunir en un solo lugar a familias víctimas que nunca se habían visto, por eso el acompañamiento es fundamental para que tengan una sana convivencia y para que sus proyectos productivos funcionen sin contratiempos”, dice.
Según la URT, quienes reciben estos predios, deben tenerlos por dos años para luego disponer de ellos económicamente.
