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Las víctimas vigilarán que sí se cumpla el acuerdo
El Gobierno y las Farc firmaron el acuerdo sobre las víctimas y la justicia transicional. El proceso entró en su etapa final, pendiente del cese del fuego.
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Los delegados de Cuba y Noruega fueron una vez más garantes en la firma de un nuevo acuerdo entre el Gobierno y las Farc. FOTO Cortesía Oficina alto comisionado
16 de diciembre de 2015
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Los negociadores del Gobierno y las Farc superaron uno de los principales retos planteados en la agenda de los diálogos de paz, al lograr un acuerdo sobre el tema de las víctimas y la justicia, que se discutía con bastantes tropiezos hacía más de un año. Ahora falta lo fundamental: terminar la guerra y firmar el acuerdo final, mediante el cual, todo lo pactado hasta ahora, tendría validez.
El jefe negociador Humberto de la Calle se atrevió a decir que esta vez “no es retórica”, que lo anunciado “pronostica el fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme”.
La firma del acuerdo se realizó en La Habana con los delegados de ambas partes, de los países garantes y acompañantes, y contó con la presencia de una comisión de víctimas que viajó desde Colombia.
“Las víctimas de Colombia no renunciaremos a la justicia y nos declaramos veedores atentos de este acuerdo”, dijo Yineth Bedoya, la vocera de ese conjunto de personas en la isla.
Las periodista leyó un comunicado colectivo en el cual dejó en firme que, más allá de palabras, la gente perjudicada por el conflicto armado espera hecho concretos,
El jefe de la delegación guerrillera, “Iván Márquez”, resaltó que es el primer convenio de paz que no termina con amnistía generalizada.
De acuerdo con el informe conjunto del Gobierno y las Farc, el eje del nuevo pacto será la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), el cual incluye un catálogo de medidas para garantizar que no haya impunidad y al mismo tiempo se satisfagan los requerimientos de la sociedad civil perjudicada.
Dicho sistema, reza el documento, “combina mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en los términos que establece la Jurisdicción Especial para la Paz, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de los desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros”.
La sustancia del acuerdo
A continuación, los puntos esenciales del acuerdo sobre las víctimas y la justicia.
Objetivos del cuarto punto de la agenda
El Sistema Integral buscará la satisfacción de los derechos de las víctimas, reconocimiento de responsabilidades y la no repetición.
Tendrá un enfoque territorial, diferencial y de género, con garantías al debido proceso; promoverá la convivencia y la reconciliación y tendrá que tener legitimidad, respondiendo a las expectativas de las víctimas y las obligaciones del Estado.
Componentes del sistema integral
El SIVJRNR se compone de cinco mecanismos y medidas:
- Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición: “será un órgano temporal y de carácter extrajudicial”.
- Unidad especial para la búsqueda de desaparecidos por el conflicto armado: ya había sido anunciada hacía un mes, tendrá un carácter humanitario y les dará beneficios a los guerrilleros que ayuden a encontrar a estas personas o sus restos.
- Medidas de reparación integral: promueven el derecho a la restitución, la indemnización a las víctimas, la rehabilitación y satisfacción de sus demandas, tanto por parte de las Farc como de agentes del Estado.
Entre las acciones concretas están las obras de reconstrucción de infraestructura en territorios afectados, desminado, sustitución de cultivos ilícitos, búsqueda de desaparecidos, restitución de tierras y reforestación.
El Gobierno se compromete a mejorar la atención psicosocial de las víctimas, impulsar el retorno de los desplazados y reparar también a quienes están en el exterior en calidad de refugiados y exiliados.
- Garantías de no repetición: además del presente acuerdo, están amarradas a la firma del punto sobre el fin del conflicto y el Acuerdo Final. Incluyen el fortalecimiento de las organizaciones de DD.HH., garantías para la movilización de la protesta social y el diseño y ejecución de un Plan Nacional de Derechos Humanos.
- Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): este es el marco de legalidad general que le da soporte al acuerdo sobre la justicia transicional con las Farc. Fue presentado el pasado 23 de septiembre, con un histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y “Timochenko”, el comandante de las Farc.
Debido a su importancia, la detallamos:
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Esta jurisdicción la conformarán varias entidades judiciales, como un Tribunal para la Paz, Sala de Amnistía e Indulto, Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y Unidad de Investigación y Acusación.
Aunque este proyecto todavía no se convierte en ley, incluye el germen de lo que a futuro serán las normas para aplicarle la justicia a las Farc. Por ejemplo, que se concederán amnistías o indultos para el delito político de rebelión y sus conexos (que serán definidos por una ley especial). De este beneficio serán excluidos los que hayan cometido genocidio, delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y reclutamiento de menores.
El tribunal de la JEP aplicará tres tipos de sanciones: las propias, para quienes desde un principio digan la verdad y reparen a las víctimas, no contemplan cárcel, sino restricción de movilidad y libertades por 5 a 8 años, con monitoreo del tribunal; las alternativas, para quienes no dicen la verdad desde el principio, pero sí antes de la sentencia, tendrán privación de la libertad de 5 a 8 años.
Para ambos tipos de sanciones, la pena se podrá reducir de 2 a 5 años si el condenado no tuvo “una participación determinante en los casos más graves”.
El tercer tipo de sanciones son las ordinarias, con cárcel de 15 a 20 años para los insurgentes que no cooperen con el sistema.
Esas penas no inhabilitarán a los sentenciados para participar en política.
La JEP también señala que a los procesados no se les podrá extraditar por delitos anteriores a la firma del Acuerdo Final, cometidos en el marco del conflicto armado, pero sí por crímenes posteriores.
Esta jurisdicción solo es aplicable en principio a los integrantes de las Farc y a los agentes del Estado que “hayan cometido delitos en razón del conflicto”. Están excluidos los paramilitares, pues a ellos los cobija la ley de Justicia y Paz.
Lo que dicen las víctimas
Silvia Quintero, integrante de la Mesa de Víctimas de Antioquia, opinó que “estábamos esperando que se firmara este punto, ahora lo que sigue es trabajar bastante en la justicia transicional, porque sin eso no hay nada”. Señaló que depende de cada afectado determinar si lo pactado en La Habana satisface sus necesidades, “de acuerdo a lo que le haya tocado sufrir”.
Reinel Barbosa, coordinador de la Red Nacional de Organizaciones de Sobrevivientes de Minas Antipersonal, criticó que “aún falta por puntualizar varias cosas, como de dónde van a salir los presupuestos para la reparación, cuánta plata habrá disponible y si los discapacitados por el conflicto armado, que tienen condiciones precarias de vida, podrán tener acceso a una pensión. Mientras eso no se defina, esto seguirá siendo un saludo a la bandera”.
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