Medellín afronta problemática de la restitución de tierras

  • La Comuna 13 es la zona de la ciudad que más reclamaciones tiene ante la Unidad de Restitución de Tierras. Allí, desde 1991, fue característico el desplazamiento intraurbano ordenado por las guerrillas, los Comandos Armados del Pueblo y paramilitares. Muchas viviendas fueron utilizadas como trincheras en combates. FOTO Jaime Pérez
    La Comuna 13 es la zona de la ciudad que más reclamaciones tiene ante la Unidad de Restitución de Tierras. Allí, desde 1991, fue característico el desplazamiento intraurbano ordenado por las guerrillas, los Comandos Armados del Pueblo y paramilitares. Muchas viviendas fueron utilizadas como trincheras en combates. FOTO Jaime Pérez
Publicado el 18 de julio de 2017
Infografía
Medellín afronta problemática de la restitución de tierras
en definitiva

En la Unidad de Restitución de Tierras reposan 816 solicitudes por despojo y abandono de predios en Medellín. Las entidades deben acordar cómo atenderán las necesidades de las víctimas.

Ninguna capital en el país tiene una cantidad de reclamaciones de predios ante la Unidad de Restitución de Tierras, URT, como Medellín.

Fueron radicadas, 970 solicitudes, algunas se rechazaron porque no se acogían a los parámetros de la La Ley de Víctimas. Por eso, en la actualidad, son 816 solicitudes de propietarios que desde 1991, dicen haber sido despojados, o haber abandonado sus viviendas, por presiones de grupos armado al margen de la ley. Es así como se evidencia que el reclamo por las propiedades perdidas durante el conflicto con paramilitares y guerrillas no solo ocurre en el campo, donde ya es conocido el fenómeno del desplazamiento forzado, sino en las ciudades.

La URT entregó desde diciembre de 2015 el mapa del despojo de Medellín a la Administración del entonces alcalde Aníbal Gaviria. En ese momento sirvió solo de diagnóstico para entender la magnitud del problema que tenía que afrontarse, pero hoy, un año y medio después, ningún predio ha sido restituido.

Las razones, según las entidades competentes, son diversas. Por un lado, restituir tierras en zonas urbanas supera la competencia del Ministerio de Agricultura, al cual está adscrita la URT, por lo que las sentencias de los jueces de restitución establecen medidas accesorias, que deben suplir entidades diferentes a las del agro, explicó Paola Cadavid, directora de la URT en Antioquia.

Por ejemplo, las sentencias usualmente exigen mejoramiento de vivienda en favor del reclamante, porque es natural que después del despojo el predio se encuentre en malas condiciones. En el campo este mejoramiento lo asume el Banco Agrario.

Sucede diferente en las ciudades donde “se necesita toda una institucionalidad lista para atender las medidas impuestas por los jueces y magistrados”, señaló Cadavid, quien advirtió que es “más complicada la restitución en Medellín que en San Pedro de Urabá, porque allá tenemos la oferta más garantizada”, en lo relacionado con créditos del Banco Agrario y el apoyo del Ministerio de Agricultura.

Por eso, la ciudad viene trabajando desde el Comité de Justicia Transicional, en el que participan todas las entidades de la rama en definir una ruta para atender a estas víctimas.

“Nosotros desde el 2009 tenemos una circular interna, antes de que hubiera política pública de restitución, con la cual hacíamos todo el trámite para empezar la medida de protección y que las entidades correspondientes, algunas adscritas a la Alcaldía, pudieran sacar el bien de circulación comercial y se levantaba solo a petición de la persona que había solicitado la medida. Esto nos sirvió como insumo para entregar a la URT los datos de esas viviendas”, expresó Luz Patricia Correa, directora del Equipo de Víctimas de Medellín.

¿Cuáles son los retos?

Junto con el mapa del despojo, la URT entregó a la Alcaldía nueve retos que debían superarse de cara a la microfocalización, que es un mecanismo de selección de territorios para ser atendidos prioritariamente.

Entre ellos, destacó que se deben establecer rutas de atención por parte de las dependencias de la Alcaldía para la etapa posfallo, que permitan la asignación de cupos, presupuesto, enlaces y protocolos definidos.

Así mismo, estructurar un programa para segundos ocupantes desde la Alcaldía, que les permita, a quienes actualmente ocupan predios solicitados en restitución, contar con medidas que garanticen el desalojo en condiciones de dignidad como: vivienda provisional, alimentación, protección a menores de edad y adultos mayores y fortalecer el programa de representación jurídica para que puedan participar de la etapa judicial.

Cadavid afirmó que “nos vamos a encontrar con casas que están siendo habitadas por terceros que no sabemos cómo ni por qué llegaron. Hay que encontrarles una salida digna y esa no se las puede dar el Ministerio de Agricultura porque no podemos intervenir sectores urbanos. La restitución sí aplica, pero las medidas paliativas no se pueden destinar a esta población”.

Además, la Alcaldía debe implementar medidas de inclusión a los sistemas de salud, educación, habilitación laboral, generación de ingresos, entre otros derechos.

Pero la tarea no sería solo de la Administración municipal, sino que tendría que acordar con otras entidades, como el Ministerio de Vivienda, para proveer el mejoramiento de las casas que ordenen los jueces; y con la Policía y el Ejército, toda la seguridad y protección de los reclamantes.

El subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, explicó que se han adelantado gestiones para que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) se prepare para algunas soluciones de vivienda, pero esto no pasa de acercamientos, es decir, todavía está crudo.

Correa, en cambio, no entiende por qué es tan grande la tarea que le corresponde al Municipio: “Nosotros pensamos que no es privativo, que la URT esté en el Ministerio de Agricultura no es óbice para que en lo rural sí puedan hacer una coordinación con otras entidades y en lo urbano no lo puedan realizar. Desde la URT tendrían que hacer, por ejemplo, una coordinación con el Ministerio de Vivienda, ya que hay un derecho de igualdad de la gente a la restitución”.

Sin embargo, aclaró que, la Administración Municipal, desde el programa que dirige, tiene experiencia en acompañar a las familias a retornar y que ese es un valor diferencial que puede aprovecharse.

La experiencia de Cúcuta

El problema de restituir predios a víctimas del conflicto armado no es un caso particular de Medellín, todas las ciudades capitales y las cabeceras municipales, que también han sido afectadas por el conflicto, enfrentan los mismos retos.

¿Cuál es la diferencia? La magnitud. Bogotá, por ejemplo, tiene 273 solicitudes, mientras que en la capital antioqueña son 816, casi tres veces más (ver gráfico).

Cúcuta, capital de Norte de Santander, se configura como un ejemplo de lo que puede hacer una ciudad para restituir las viviendas de quienes por miedo abandonaron, fueron despojados o vendieron a precios irrisorios por la amenaza armada.

En esa ciudad, 558 personas han reclamado sus predios, de esas solicitudes 212 no fueron inscritas en el registro después del estudio que hace la URT porque no cumplían con los requisitos de la Ley de Víctimas, es decir, el despojo no fue a causa del conflicto armado o se dio antes de 1991. A las cerca de 350 solicitudes restantes se les está haciendo trámite y ya se han logrado 36 sentencias de restitución.

Edward Francisco Álvarez, director de URT territorial Norte de Santander, relató que “Cúcuta pasó por un escenario muy significativo de victimizaciones relacionadas con los grupos paramilitares, todo esto ligado al control económico de la ciudad”.

Una vez desmovilizadas las estructuras había que empezar a dar solución a cientos de reclamaciones. Fue así como, muy recién entrada en vigencia la Ley Víctimas y Restitución de Tierras, empezaron a diseñar la ruta para atender los casos urbanos. Las primeras microfocalizaciones se dieron en 2013.

Contaron con la suerte, según Álvarez, de que muchos de los segundos ocupantes (quienes ocuparon el predio después del abandono), que para ese contexto son terceros o cuartos compradores después del despojo, han demostrado su buena fe exenta de culpa, y que los reclamantes no quieren volver a su predio, sino que piden indemnización.

Esto ha librado a Cúcuta de más de un dolor de cabeza, porque al predio no hay que hacerle mejoras, no hay que solucionar necesidades básicas del segundo ocupante y solo se requiere una indemnización.

Para quienes han decidido retornar se ha requerido toda una coordinación institucional entre el Gobierno central y la administración municipal, para cumplir con los fallos de restitución y atender las medidas complementarias ordenadas por los jueces.

Entidades del orden nacional como el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, respondieron por proyectos productivos, casi siempre asociados al comercio. Para los subsidios y mejoramientos de vivienda lo hizo el Ministerio de Vivienda.

“Hay que diferenciar las entidades, no por el hecho de ser urbano quiere decir que no haya ninguna entidad que lo atienda. Claramente el Ministerio de Agricultura tiene un enfoque rural, pero existen otras entidades del Gobierno Nacional que tienen otras competencias para generar el tipo de soluciones que son necesarias. Los jueces, en estos casos, dan órdenes a las entidades que tienen competencia en lo urbano”, dijo el director.

Para la Alcaldía de Cúcuta hubo unas tareas específicas: garantizar el acceso a la seguridad, a los servicios como salud, educación para los menores de edad de las familias restituidas, en algunas ocasiones se ha ordenado vincular a los restituidos a las proyectos de generación de ingresos y para los segundos ocupantes deben destinar recursos para una reubicación temporal.

En resumidas cuentas, la experiencia de Cúcuta muestra que la restitución de tierras en ciudades capitales es posible, que es necesario articular esfuerzos desde todas las entidades para que aquellas personas que sufrieron el rigor de la guerra puedan disfrutar su derecho a volver.

Por ahora Medellín tendrá que avanzar en el diagnóstico de la problemática y que las entidades asignen los recursos para cuando estén listas las decisiones de los jueces.

Luz Patricia Correa espera que el próximo año procedan las microfocalizaciones. Todo esto con miras a restituir todos los predios antes de 2021 cuando vence la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Contexto de la Noticia

el proceso Requisitos para la priorización

Para microfocalizar un territorio, es decir, para priorizarlo, es necesario que se cumplan tres condiciones:

1. La densidad del despojo: que hayan varias solicitudes cerca, concentradas en una zona.

2. Condiciones de seguridad: que el Ministerio de Defensa dé el visto bueno para implementar la política de restitución.

3. Condiciones de retorno: que haya garantías para que las personas puedan volver a sus predios, por ejemplo, que no haya presencia de minas antipersonal.

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.

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