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periodistas fueron agredidos en el cubrimiento de protestas sociales en el país.
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periodistas cuentan con un esquema de seguridad facilitado por la UNP.
El 13 de agosto de 2014, en el sopor de las dos de la tarde, la fatalidad le puso la última cita al periodista Luis Carlos Cervantes. Mientras se movilizaba como pasajero en una moto por un barrio de Tarazá, dos hombres le llenaron el cuerpo de balas. Murió al instante, esperando por un esquema de seguridad retirado días antes y que solicitó nuevamente ante la sospecha de que la muerte, esta vez, sí le pisaba los talones.
Han pasado seis meses del asesinato de Cervantes y la investigación no avanza. O eso es lo que sienten sus familiares. Escudados en el anonimato y ante la libertad del asesino del periodista en las calles de Tarazá, expresan que “de ser otra persona más famosa ya hubieran dado con el que lo mató. Pero como era él, no nos dicen nada”.
La impunidad es uno de los flagelos que como punta de lanza hieren en lo más profundo al periodismo colombiano. El caso de Cervantes es uno de los tantos sin esclarecer. En el informe “60 años de espionaje a periodistas en Colombia”, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) deja por sentado que de los 142 homicidios de reporteros documentados desde 1977, 67 casos han prescrito, es decir, el tiempo asignado a la justicia para la investigación y sanción de los responsables se agotó.
“Durante el 2014 prescribieron 3 casos, los de los periodistas Jesús Antonio Medina Parra, Abelardo Marín Pinzón y Martín Eduardo Múnera. En el 2015 prescribirán 4 casos, de los cuales solo el de Ernesto Acero se encuentra activo en la Fiscalía y los demás están archivados. En ninguno de los casos se han identificado o condenado a los responsables”, revisa el informe.
Esta impunidad deriva de esa violencia contra reporteros que, según el periodista Ignacio Gómez, presidente de la FLIP, es inherente a la profesión en un nivel demasiado alto, más que el resto de los países latinoamericanos si se compara con Colombia.
“En consecuencia con eso hay un riesgo de impunidad alto, porque a pesar de lo que se ha logrado en materia de protección de periodistas, no se ha logrado nada en materia de protección de investigación para los ataques. Si bien han disminuido los homicidios, la violencia y las amenazas han aumentado”.
En 2014 fueron 131 ataques
Antes de la muerte, la vida de Cervantes se le fue convirtiendo en un camino tortuoso, de cardos y espinas por las amenazas recibidas casi a diario. En un año recibió más de 16 intimidaciones y gracias a esto, obtuvo el no tan honroso título del “periodista más amenazado de Colombia”.
Las amenazas le llegaban vía celular, le enviaban mensajes de texto, le tiraban piedras a puertas y ventanas, lo intimidaban con armas hombres que pasaban en motos por su casa. “Una vez hasta le tiraron una granada a su vivienda”, dice uno de sus amigos.
En el 2014 se presentaron 131 agresiones a la prensa en distintos territorios del país. De estas, 60 fueron intimidaciones y 34 acciones obstruyeron el trabajo de los reporteros. Además, hubo 22 agresiones y seis detenciones ilegales.
Las agresiones y ataques a los periodistas —con 164 víctimas registradas por la FLIP— basadas en el ejercicio de la profesión, demuestra que una buena información, cimentada en investigaciones rigurosas y claras, hace que el reportero siga siendo la piedra en el zapato para los poderosos, y le cuente a las audiencias la verdad de los hechos. “Tal cual fueron y no tal cual dicen que fueron”, como señala el periodista peruano Gustavo Gorriti en su texto “Verdades tácticas y estratégicas”.
La periodista Patricia Nieto señala que hay un silenciamiento de algunos periodistas, sobre todo en regiones apartadas, donde el poder es ejercido por grupos armados ilegales que se hacen sentir con más fuerza que en ciudades capitales o más centrales.
Además, precisa Nieto, los medios en las grandes ciudades tienen mayor capacidad de protección, “pero también en muchos casos centralizan la información y lo que ocurre en fronteras o en zonas apartadas no es reportado porque sus reporteros están amenazados o tiene reporteros freelance que no les pagan un salario sino por una nota”, situación que los hace más vulnerables ante los hechos de agresión o amenazas.
Ante este panorama, Patricia Nieto propone la combinación de varias acciones en pro del periodista y sus tareas como reportero en el diario acontecer. Estrategias como que los directores y editores de los medios de comunicación entiendan que cuando un periodista se sienta intimidado o ha sido amenazado, “necesita protección y no darle la espalda, o justificar la razón por la cual el reportero fue agredido”.
Inequidad en la protección
Dos semanas antes de ser asesinado, el periodista Luis Carlos Cervantes se mostró preocupado por su situación de seguridad. Mediante una carta, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le expresó que su esquema de seguridad sería retirado porque el nuevo resultado de su evaluación fue de riesgo ordinario.
“Hermano, tocará irme unos días para Arboletes a ver si la vuelta se calma y puedo volver a estar con mi hijo y mi familia”, dijo aquella vez en un diálogo con periodistas de EL COLOMBIANO.
Cervantes, desesperado, viajó a Medellín a solicitar protección. Tocó puertas y no obtuvo respuesta. Volvió a su tierra y quince días después cayó bajo las balas de sus verdugos.
Una de las denuncias más fuertes que la FLIP reseña en el informe es la inequidad para brindar protección a los periodistas por la UNP.
Mientras un periodista que trabaja en Bogotá con un riesgo del 51.11 por ciento la UNP le asignó ocho escoltas y un carro blindado, un periodista en Tarazá, Antioquia, con un riesgo de 62.77 por ciento le fueron asignados tres escoltas y un carro blindado.
O mientras un periodista con un riesgo de 58.33 por ciento en Neiva recibió un escolta como esquema de protección, en Bogotá un periodista con un riesgo de 53.88 por ciento recibió como esquema de seguridad cuatro escoltas, un carro blindado y un carro convencional.
Ante esta denuncia Pedro Vacca, director ejecutivo de la FLIP, señala que el papel de la UNP ha sido importante, porque ha salvado vidas, no obstante, la forma como asigna los esquemas de protección deslegitima todo el trabajo, sumado a que las exigencias para el nivel de riesgo en Bogotá son menos a las exigidas en otras regiones del país.
“Para qué la Unidad de Protección mide el riesgo de la gente, si al fin y al cabo la decisión de las medidas que va a tomar es incoherente. Al que tiene más riesgo le doy un subsidio de transporte y eso deslegitima todo el proceso”, asevera Vacca.
Después de la denuncia, el director de la UNP, Diego Fernando Mora, se mostró extrañado por las cifras expuestas por la FLIP, y expresa que no entiende cómo obtuvieron la información de esas calificaciones de riesgo pues son de carácter reservado.
“Cuando se van a adoptar las medidas de protección a los periodistas o a cualquier persona que se deba proteger, eso se lleva a un comité compuesto por varios miembros que no son de la UNP. Nosotros hacemos la secretaría técnica. Ese comité es el que asigna las medidas”, dice Mora.
El informe de la FLIP esboza la vulnerabilidad de los reporteros en el país, una vulnerabilidad que la periodista Salud Hernández responde “a las presiones de intereses económicos o políticos fuertes, incluso de grupos ilegales que son los que silencian”, y que al final, terminaron cegando la vida de 142 reporteros, entre ellos Cervantes, cuya vida terminó en una calle ardiente del Bajo Cauca antioqueño.
ENTREVISTA
Pedro Vacca
Director de la Fundación para la Libertad de Prensa
Periodismo debería tener más garantías
¿Qué tipo de garantías deberían entregar los gobiernos a los medios y a sus periodistas para ejercer en Colombia?
“Deben ser unas garantías principalmente de abstención, de no interferir; y cuando se hacen labores de inteligencia se interfiere. Otra es que se dispongan de controles efectivos para controlar cualquier exceso en la inteligencia. Una de las cosas que sorprende es que un año después de Andrómeda se desconozca quiénes ejecutaron ese tipo de actividades y que no existan sanciones. También se requiere una garantía de lucha contra la impunidad. El tema de “Andrómeda” deja además el sinsabor que probablemente todas las reformas fueron insuficientes pues sucedió poco después de una nueva regulación de inteligencia que se suponía que iba a incluir todos los controles. Es muy probable que a pesar de esos esfuerzos, haya una práctica institucional de organismos de inteligencia que es nociva”.
¿Qué lecciones deja un episodio como el de las ‘chuzadas’ para el ejercicio de la libertad de expresión?
“Primera, que este es un país en el cual persisten ejercicios desde el Estado que interfieren en la actividad periodística. Eso es algo que está en el paisaje, que es muy difícil de combatir y en lo cual los periodistas tienen que seguir trabajando. La segunda es esa atmósfera de miedo que puede hacer suponer a un periodista que está interceptado, lo que inhibe el cubrimiento de fuentes o el tratamiento de la información”.
¿Qué otro elemento afecta la libertad de prensa?
“La publicidad oficial, que si no obedece a criterios de transparencia, objetividad y equidad, se termina convirtiendo en una moneda de chantaje para los periodistas; eso sucede en todo el territorio nacional con medios grandes y pequeños”.
TEXTUALMENTE
federación colombiana de periodistas
Impunidad reina en casos de periodistas
Al celebrarse el día del y la periodista, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) llama la atención de la sociedad colombiana sobre las riesgosas condiciones para el ejercicio de este oficio.
Informar es cada vez más una profesión peligro y ello se refleja en crímenes como asesinatos, atentados, amenazas, destrucción de instalaciones o equipos, interceptaciones ilegales, detenciones ilegales, desplazamiento forzado y acoso en sus distintas manifestaciones.
Estas violaciones a la vida y al derecho universal y constitucional a la libertad de expresión, han sido recogidas por la Fecolper en el Informe sobre la situación del periodismo y la libertad de prensa durante 2014.
En el 2014, Fecolper documentó 146 agresiones contra periodistas en Colombia, que representa un total de 184 víctimas. Con respecto al 2013, se presentaron 20 agresiones más y 35 víctimas adicionales. Las amenazas fueron el delito más común, con un 42,5%, seguido de las agresiones físicas y/o verbales con el 22,6%, y la obstrucción al ejercicio periodístico con el 15,1%. El 76% de los hechos violentos corresponde a periodistas (140), seguidos de trabajadores de medios (28), equipos periodísticos e infraestructura del medio. La Fecolper ve con preocupación que en la mayoría de los casos reina la impunidad, lo que se constituye en un motivo para que los enemigos de la verdad no cesen en su intención de acallar a los informadores. Es urgente que el Gobierno nacional, y que la sociedad en general, reflexionen y actúen en favor de los periodistas como fortalecedores y garantes del Estado de derecho y guardianes de la democracia. Los derechos constitucionales de la prensa (en Colombia), no pueden seguir siendo letra muerta, sino que deben ser recuperados y cuidados con celo principalmente desde la institucionalidad.
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