¿Quién está ordenando matar a los líderes sociales en Colombia?

  •  En el Parque de los Hippies en Bogotá, se realizó una vigilia en nombre de los líderes sociales asesinados en el transcurso del año.
    En el Parque de los Hippies en Bogotá, se realizó una vigilia en nombre de los líderes sociales asesinados en el transcurso del año.
COLPRENSA | Publicado el 27 de noviembre de 2016

No hay tiempo que perder. La ola de atentados y asesinatos de integrantes de la Marcha Patriótica exigen la priorización de las investigaciones, para determinar quiénes están detrás de los crímenes, en su planeación y en su financiamiento.

Así lo considera la dirigente de la Unión Patriótica, Aida Avella, quien ve con mucha preocupación cómo la historia que sufrió y sobrevivió parece estarse repitiendo, más de 20 años después y pese al proceso de paz recientemente concluido.

La clave, afirma, es apuntar de inmediato a los que dan las órdenes e identificar quiénes son, para lograr la diferencia específica con el genocidio de la UP, por la que de, aproximadamente, cinco mil muertes, solo se condenó a un autor intelectual: el dirigente político de Antioquia César Pérez García, por ordenar la masacre de Segovia, donde fueron asesinadas 45 personas.

Porque para Avella cada vez hay más indicios de una actuación criminal que podría estar conectada entre sí y que ya ha tocado ocho departamentos: Bolívar, Sucre, Cauca, Caquetá, Meta, Nariño, Atlántico y Huila.

“Así era. Mataban en un lado y en otro. En cada departamento es solo uno. Pero si se coge el conjunto, esto obedece a un plan nacional, que lo vemos como un plan nacional contra la paz. Los muertos tienen ciertas características. Primero, la mayoría son reclamantes de tierra. Son líderes sociales y son líderes de movilización”.

Fueron cinco hace una semana y dos en la semana que termina. El jueves en la noche, Martha Díaz, líder de víctimas en el Atlántico, madre de un joven víctima de ‘falsos positivos’, amenazada, sobrevivió a un ataque sicarial. El viernes fue Marcelina Canacué, de la Marcha Patriótica en Neiva, por cuenta de tres tiros.

Van 125 integrantes de esa colectividad muertos desde el 2011. Según Indepaz, 76 este año entre militantes de Marcha Patriótica, líderes comunales, campesinos, indígenas, estudiantes, reclamantes de tierras y víctimas de otro tipo por el conflicto.

¿Qué cree Avella? Que debe ser un plan. “Debe tener autores intelectuales, financiadores y grupos de sicarios, porque los sicarios no trabajan gratis”, dice con temor.

Pero consultado por Colprensa, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que hasta el momento, no hay elemento alguno que permita señalar que se trata de un ataque sistemático.

“Por el momento lo que hemos podido establecer es que no hay un patrón sistemático. Son casos en las regiones, derivados de las dinámicas locales y tenemos que reforzar la seguridad, precisamente, en esas regiones. Todo homicidio nos duele a todos inmensamente en el Gobierno”, dijo.

Villegas señaló que tras una reunión sostenida en el Gobierno, la Fiscalía, la Policía, las autoridades de seguridad ciudadana y las Naciones Unidas, se acordó unir esfuerzos para poder establecer quién, quiénes, y con qué dineros se están cometiendo estos crímenes.

¿Quienes?

¿Quiénes son los responsables? Esa es la gran pregunta. La Marcha Patriótica, las organizaciones de derechos humanos, la UP, entre otros, hacen referencia a “paramilitares” en forma genérica. Podría ser, según fuentes consultadas, vestigios de ese grupo ilegal y las bandas criminales (bacrim) nacidas tras su desmovilización, a las que Naciones Unidas llama posparamilitares, grupos de estudio denominan neoparamilitares y el Gobierno Nacional, crimen organizado.

Del listado que hace Indepaz se destaca que en el suroccidente colombiano (Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila y Caquetá) han asesinado a 33 líderes sociales (42 % del total); de los cuales 17 fueron en el Cauca, ocho en Nariño, cinco en el Valle, dos en Caquetá y uno en el Huila.

“La presencia de grupos paramilitares se ha incrementado, en especial en las zonas donde hacían presencia las Farc-EP y actualmente las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente”, indicó Indepaz. Su director, Camilo González Posso, indicó que se trata de un fenómeno paramilitar que combina grandes estructuras, con bandas locales, que ejecutan homicidios selectivos, que están tratando de copar los territorios de la guerrilla, las zonas de cultivos ilícitos y de minería ilegal, destruyendo a su paso las bases sociales.

“Sí tienen un patrón de comportamiento de copar territorios y destruir bases sociales, matando líderes”, dijo, al explicar que los grupos responsables cambian sus nombres.

Por eso, como responsables de estos crímenes surgen las Autodefensas Gaitanistas, que son los mismos ‘Urabeños’, ‘Clan Úsuga’ y ‘Clan del Golfo’. También aparecen ‘Los Tierreros’ y las bacrim de Buenaventura y ‘Las Águilas Negras’.

Según explicó en reciente columna el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, desde 2006 se puede hablar del Frente Libertadores del Sur, expansión del paramilitarismo de la Casa Castaño en Nariño; ‘Nueva Generación’ y ‘Rocas Campesinas’, comandados por ‘Castañeda’ o ‘El Escorpión’.

Las medidas

En la primera reunión realizada por la oleada de crímenes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció medidas. En primer lugar, que los casos pasarán a la Unidad de Contexto de la Fiscalía General de la Nación, para que se pueda establecer el modus operandi y si hay circunstancias parecidas en cada uno de estos asesinatos, es decir, si hay sistematicidad.

En segundo lugar, dijo que se fortalecerá la unidad para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que creó la Fiscalía en virtud del primer acuerdo de paz y, tercero, que se trabajará en un modelo de protección para la Marcha Patriótica, mientras se estudia cada caso en particular.

Además, se fortalecerán las misiones de verificación del Ministerio del Interior en los territorios, especialmente en el Cauca; mientras inicia la conformación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que tiene el acuerdo de paz.

Igualmente se anticipó que la Unidad Nacional de Protección revisará los esquemas de seguridad, aunque, según el ministro Cristo, “no es multiplicando esquemas de protección como se resuelve el problema, sino yendo detrás de quienes están generando el clima de incertidumbre”.

Otro anuncio fue sobre un trabajo más compenetrado entre la Fiscalía y la Marcha Patriótica para que se entregue información sobre las regiones en donde considera que hay más riesgo, en ese proceso ya denunciado en que los grupos ilegales están copando los territorios que dejan las guerrillas.

Reclamantes del Caribe

Desde comienzos de mes, reclamantes de tierras de nueve comunidades del departamento de Magdalena denunciaron que siguen siendo víctimas de amenazas, patrullajes, presiones, señalamientos y estigmatizaciones, que han aumentado en el transcurso de 2016.

Así mismo, afirman que recientemente les han ofrecido altas sumas de dinero instándolos a firmar documentos en los que aseguran que vendieron sus tierras voluntariamente y no bajo amenazas o presionándolos para que desistan del proceso de restitución.

En su comunicación, citando cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, señalaron que de los 54 homicidios relacionados con procesos de Restitución de Tierras desde el 2011, el 57,4 % son presuntamente responsabilidad de grupos paramilitares.

“Del mismo modo, de las 80 amenazas relacionadas con procesos de restitución de tierras ocurridos entre los años 2011 y 2016, el 35 % (28) son presuntamente responsabilidad de grupos paramilitares. Valga indicar que la mayoría de las amenazas su autor es desconocido”.

Asimismo, las amenazas y homicidios relacionados con procesos de Restitución de Tierras entre 2011 y 2016 se han presentado en su mayoría en los departamentos: Antioquia, Córdoba, Cesar, Sucre, Tolima, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Meta (gran parte en la región Caribe).

Defensores

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), plataforma que agrupa 269 organizaciones sociales, indicaron de 30 homicidios que han tenido lugar en fechas posteriores al inicio del cese del fuego bilateral y definitivo pactado entre el Gobierno y las Farc.

“El hecho de que 30 de estos homicidios se hayan perpetrado después de la firma del Acuerdo entre el Gobierno y las Farc resulta alarmante y pone de manifiesto la necesidad de incluir un componente de verificación en derechos humanos en la implementación de ese Acuerdo, aspecto que no fue tomado en cuenta en la resolución 2261 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, señaló.

Opiniones

En carta al presidente Juan Manuel Santos, los eurodiputados llamaron “la atención frente a la situación de riesgo de las comunidades rurales más afectadas por el conflicto y los grupos más vulnerables, como niñas y mujeres, comunidades afro-colombianas, campesinas y pueblos indígenas, para los cuales pedimos garantías de protección”.

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