Varias opiniones generó el debate de control político de desaparición forzada y crímenes cometidos por las Farc en la plenaria de la Cámara de Representantes, ya que desde el Ministerio del Interior defendieron las acciones que está tomando el Gobierno para hacer un reconocimiento a las víctimas, y desde la Procuraduría se lamentó que las Farc tengan absoluta impunidad de sus actos.
Durante el debate se conoció que en Colombia hay 2.760 víctimas de desaparición forzada de las Farc, lo cual para muchos sectores debe ser un punto clave a tener en cuenta en la mesa de negociación que se lleva a cabo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla en La Habana, que culminó su ciclo 36 de diálogos, con el fin de encontrar una salida negociada al conflicto armado colombiano.
El debate se llevó a cabo en el marco de la denuncia que hizo el representante a la Cámara del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, quien afirmó que el tema de las desaparición forzada y los crímenes de las Farc deben ser tenidos en cuenta en La Habana. “Tenemos que buscar la verdad, dónde están los desaparecidos, donde están esas personas. Así como se están entregando cuerpos de las víctimas de los paramilitares, debe hacerse con los de las Farc, ello, si tienen verdadero interés en reparar, deben decir donde están”, afirmó el congresista.
Según el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, el Registro Nacional de Personas Desparecidas contiene información sobre las victimas y sus presuntos victimarios, arrojando que hay un total de 2.760 desparecidos atribuidos a las Farc, 1.200 ocurrieron desde el año 2002, y constan 6.690 casos desde ese mismo año que no indican el posible autor, pero se sospecha que un número importante de esas desapariciones sean de las Farc.
“La acción del Estado no ha sido eficaz para garantizar los derechos de las victimas de las Farc. Sólo se han imputado 23 desapariciones de 2.760; esas 23 han sido atribuidas a alias ‘Martín Sombra’ y a alias ‘Karina’. El secretariado de las Farc goza de absoluta impunidad, por ello la Procuraduría ha sido insistente al señalar que es necesario que frente a los responsables de este tipo de delitos debe haber cárcel”, señaló Ordóñez.
Adicionalmente, dijo que “pacten lo que pacten en La Habana, desde la Procuraduría consideramos que si deciden que no haya cárcel para los miembros de las Farc, este proceso será insostenible, y así pretendan convocar una constituyente, no se puede pactar en contra a los deberes que fluyen de nuestro propio ordenamiento constitucional”.
El tema de las víctimas
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, recalcó que “el tema de las víctimas en La Habana continúa en negociación y la legitimidad ética y política depende del reconocimiento que hagan las Farc de las víctimas, es un elemento que no se puede tranzar y es el primer elemento que se pone en una mesa negociación con un grupo al margen de la ley”.
Además, enfatizó que “las víctimas nunca antes se habían sentando en la mesa de negociaciones con sus victimarios y este Gobierno se ha comprometido a fondo, porque es necesario reparar a las víctimas del conflicto. No podemos avanzar en un política de reincorporación de los integrantes de las Farc en las zonas donde generaron violencia, con beneficios, sin que se hayan reconocido los derechos para las víctimas”.
Según Cristo, para reconocer a las víctimas de las Farc y dar una respuesta a la desaparición forzada, desde el Gobierno se ha venido trabajando con la Ley de Desaparición Forzada, por lo que el Estado expidió en febrero de 2015 un decreto de reglamentación que tiene por objeto la creación del Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos, el Comité Interinstitucional de Genética Forense y se incrementaron las acciones para que la Unidad de Victimas preste apoyo económico a las victimas.
“Hemos definido la elaboración de mapas para avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas por las Farc y se ha adoptado un modelo que ha sido reconocido internacionalmente en el cual se hace un reconocimiento muy expreso de las victimas de este delito. Hemos identificado 9.968 personas fallecidas, de esas 440 estaban registradas en el Registro Nacional de Desaparecidos y se logró la devolución a sus seres queridos”, agregó Cristo.
Frente a las dos posiciones encontradas entre el Ministerio del Interior y el Procurador General de la Nación, varias víctimas como Diego Fernando Benítez se hicieron presentes en el debate y señalaron que “una paz mal negociada es más peligrosa que el conflicto armado que tenemos desde hace 60 años”.
Adicionalmente, hicieron hincapié en que las víctimas de las Farc de las Fuerzas Armadas no son tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional. “Como somos miembros del Ejército Nacional, no somos seres humanos. No recibimos reconocimientos, en cambio la exguerrillera ‘Karina’ si recibió un reconocimiento. Que triste que el Gobierno no sepa qué han hecho con mi esposo, si lo despedazaron, si lo echaron al agua. Les pido como padres o hijos, que luchen porque nuestras Fuerzas Militares, que sean reconocidos como víctimas, porque nosotros lo somos”, agregaron.
Por último, el representante Prada puntualizó que “la desaparición forzada es que un delito de ejecución continua y permanente, porque todos los días las personas están buscando a su ser querido, por lo que se hace necesario exigirle la verdad a las Farc para que las familias se tranquilicen, ya que viven en una tortura constante al no saber dónde están sus familiares”.
