En medio de la discusión en torno a si hay o no dinero para financiar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la estrategia llegó a 30.265 hectáreas erradicadas de manera voluntaria.
De acuerdo con la ONU contra la Droga y el Delito, esta cifra podría llegar a 51.711 hectáreas con las familias que ya están incluidas en el programa. Esto, bajo el entendido de que al terminar 2017 en el país había 171.000 hectáreas sembradas.
Frente al total de cultivos ilícitos, puede pensarse que 30.000 hectáreas son poco, pero la garantía de no resiembra del programa es lo que lo hace exitoso, frente a, por ejemplo, la erradicación forzosa que hace la Fuerza Pública que es entre el 35 % y 40 %, explicó Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz.
El problema, explicó el analista, es que “en la práctica ha sido más un programa de erradicación voluntaria que de sustitución, porque se ha avanzado mucho más en dar los subsidios para que los campesinos arranquen las plantas que en crear las condiciones de tránsito hacia la actividad legal”.
Y es que para Garzón, no es tan importante la cantidad de tierra levantada, sino el cambio en las condiciones de las familias, ya que eso es lo que garantiza que la ilegalidad sea erradicada del campo.
Además, es imposible hacer un análisis cuantitativo del éxito del programa, porque no ha habido ninguno comparable en el país, en otras palabras, “este es el esfuerzo de sustitución de cultivos más grande que se ha emprendido en Colombia”, dijo Garzón.
