En Antioquia se dio inicio a un proyecto que se extenderá por otros departamentos del país y al que la Agencia Nacional de Tierras denomina “barrido predial”.
Para desarrollar esta estrategia se destinaron 12 mil millones de pesos para que en los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá y Cáceres (donde 6 de cada 10 campesinos no cuentan con titulo de propiedad) se garantice la seguridad jurídica de estas personas que llevan años trabajando la tierra y no cuentan con su título de propiedad o no tienen claridad sobre sus derechos.
EL COLOMBIANO dialogó con Juliana Cortés Guerra, directora de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, de la Agencia Nacional de Tierras, quien explica cómo se realizará esta intervención.
¿Por qué se eligieron esos municipios? ¿Qué tasa de informalidad hay allí?
“Cáceres, Tarazá, Valdivia e Ituango están priorizados para el posconflicto, junto a otros municipios del departamento de Antioquia, en las subregiones del bajo Cauca y el nordeste antioqueño. Estos municipios serán intervenidos mediante Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) dado el grado de afectación derivado del conflicto armado, la presencia de cultivos de uso ilícito y los niveles de pobreza. Por ejemplo, se encontró una informalidad en los derechos de propiedad del 59% para Tarazá, del 55% para Valdivia, del 51% para Ituango y del 75% para Cáceres. Al mirar la presencia de cultivos de uso ilícito el porcentaje es del 71.39% para Tarazá, del 68.92% para Valdivia, del 11.27% para Ituango y del 37.72% para Cáceres. Progresivamente llegaremos a otros municipios del departamento y del país en los próximos años”.
¿Se hará un trabajo diferencial en Tarazá, Cáceres y Valdivia en donde aún hay amenazas de grupos armados ilegales?
“La apuesta de la Agencia y del convenio es trabajar con las comunidades desde un componente social, aplicando un enfoque diferencial, para fortalecer los lazos de confianza entre el Estado y las comunidades. Estos municipios focalizados han vivido condiciones de violencia y pobreza, pero también han conocido procesos de resistencia a través de espacios autónomos como la iniciativa de los Gestores del Derecho a la Tierra y el Territorio, las organizaciones de base. Por eso, la Agencia y la Gobernación realizaremos consideraciones sociales para impulsar los actuales esfuerzos”.
¿En que otros departamentos se realizará algo de esta dimensión?
“Para el 2017, la Agencia Nacional de Tierras espera adelantar la estrategia en cuatro escenarios territoriales compuestos por veintitrés municipios: San Carlos, Topaipí, Dibulla, Lebrija, Puerto Gaitán, Santa Marta, Puerto Leguízamo, Ovejas, Nechí, Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca, Ayapel, Caimito, San Marcos, Guarandá, San Benito Abad, Sucre, Majagual, Ituango, Cáceres, Valdivia y Tarazá”.
¿Cuáles son los pasos a seguir después de este barrido?
“El primer paso para el desarrollo del campo es entregar los títulos. La formalización. A partir de ahí el acceso a derechos, incentivos, instrumentos de financiamiento y asistencia técnica en el país. Luego será importante conservar una cultura de la legalidad en las transacciones. Finalmente se necesita la etapa de mantenimiento. Durante esta etapa se espera confiar en la institucionalidad local las estrategias para que los municipios conserven y aprovechen el ordenamiento social de la propiedad rural desde lo jurídico, social, y catastral”.
¿Cuánto dinero se requiere para hacer esto a nivel nacional?
“Es la primera y más grande apuesta que ha hecho el país para ordenar la propiedad rural. Por eso estos 23 proyectos nos enseñarán cuál es la mejor metodología. Esperamos que una de las lecciones aprendidas permita definir presupuestos que son muy distintos para cada municipio. Para realizar el estimativo se deben tener en cuenta el área, la topografía, los accesos, la densidad, la complejidad, etcétera. Lo más importante es que ya comenzamos la tarea: ordenar la tierra es ordenar la casa”.
