En un informe enviado al Estado colombiano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recomendó levantar la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos dictada por la Procuraduría al ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
Se trata de la sanción del entonces procurador Alejandro Ordóñez por supuestas irregularidades en el cambio del esquema de recolección de basuras por la cual Petro acudió a la CIDH, organismo internacional que admitió el caso e incluso otorgó medidas cautelares en su favor.
En las recomendaciones, la CIDH señaló que se debe dejar sin efectos dicha sanción de forma tal que Petro “pueda ejercer libremente sus derechos políticos”.
Además, pidió reparar integralmente a Petro y adecuar la legislación interna sobre la potestad que tiene la Procuraduría para inhabilitar y destituir a personas que hayan sido elegidas popularmente.
“El Estado deberá abstenerse de aplicar el tipo penal previsto en el artículo 5 de la Ley 1834 de 2017, tomando en cuenta las determinaciones sobre la inconvencionalidad de la destitución disciplinaria o fiscal, sin condena penal en firme”, señala el documento.
La CIDH recomendó al Estado colombiano que adopte las medidas legislativas “que sean necesarias para asegurar la imparcialidad de la autoridad disciplinaria, de forma tal que la autoridad que establece los cargos, no sea la misma llamada a determinar la responsabilidad disciplinaria”.
De acuerdo con la Comisión, debe haber una posibilidad para que una persona sancionada disciplinariamente pueda recurrirlos ante otra entidad de manera integral y, además, se deben tomar medidas para que las acciones de nulidad que se pueden interponer ante el Consejo de Estado sean falladas rápidamente.
Este informe fue notificado a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que anunció que está preparando una respuesta. Cabe recordar que en la Sala Plena del Consejo de Estado sigue el estudio de la ponencia del magistrado Cesar Palomino Cortés que pide precisamente tumbar la sanción contra Petro.
De acuerdo con la ponencia, la Procuraduría no logró comprobar el dolo en las decisiones que tomó el entonces alcalde Petro sobre el servicio público de aseo en la capital de Colombia.
