En su cuenta de Twitter el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, publicó un video en el que dice que esta semana él generó noticias, con el avance de la alianza con Claudia López y Jorge Robledo y su ubicación en las encuestas, y por eso le “sorprende una filtración de un organismo de control presentando, de manera extraña, una acusaciones en el marco de un proceso que estamos atendiendo”.
Agregó que ha tenido más de 120 investigaciones en los 18 años que lleva en la política, y que por todas ha respondido y en todas ha salido adelante presentando argumentos y respetando la institucionalidad colombiana.
“En este caso particular, conociendo todo lo que se está moviendo detrás, todas las cosas que están pasando, nuestra posición es exactamente la misma. Con filtración o sin filtración, nosotros respondemos por lo que hemos hecho (...) y siempre respetamos a la justicia en Colombia”.
Al respecto, el exsecretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, a quién también le embargaron dos bienes, se quejó por la filtración y rechazó que “periodistas inescrupulosos” utilicen este tipo de información irregular, que no ha sido notificada a las partes, para “hacer daño”. Además, pidió a la Contraloría General de Antioquia que investigue para que las garantías del proceso se mantengan.
Londoño explicó que no fueron notificados del supuesto embargo, que tiene fecha del 12 de julio, y que este no hace parte del cuaderno del proceso, pese a que han estado en audiencias.
Según Londoño, en el caso presentaron una certificación de la dirección administrativa y financiera de la Policía Nacional que certifican que el metro cuadrado construido en Antioquia en el cuatrienio 2012-2015 es más barato y está por debajo del que se pagó en otras estaciones de policía en el resto del país.
El también director de Compromiso Ciudadano en Antioquia precisó que los procesos de los gobernadores los debería llevar la Contraloría General de la República, porque los contralores departamentales son elegidos por los diputados de la coalición del Gobierno de turno, lo que puede generar un desbalance.
El senador Roy Barreras (La U), entró a terciar y escribió en Twitter que no conoce a Fajardo, pero que no deberían judicializar la política. “Ese contralor responde a una coalición del gobernador Luis Pérez con Cambio Radical?”, se preguntó.
¿Quién es el contralor?
El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, está inmerso en una investigación por presunto prevaricato por omisión y peculado por apropiación, por realizarse una cirugía estética en el hospital público La María.
Zuluaga ha hecho varios señalamientos sobre el supuesto mal manejo que le dio Fajardo a las finanzas del departamento, pero el exgobernador le ha salido al paso y ha hecho público documentos para desmentir esas acusaciones.
En una entrevista publicada por EL COLOMBIANO el pasado 13 de febrero, Fajardo afirmó que Zuluaga ha abusado de su posición y ha hecho afirmaciones falsas con el objetivo de tratar de desprestigiarlo a él y a su administración.
“Cada que sale una encuesta donde tengo favorabilidad ellos salen a decir mentiras, pero no han podido encontrar nada de corrupción. No tendría por qué estar en ese cargo. Lo voy a denunciar ante la Fiscalía. Él hace parte de una red, que tiene un cuartel general. Quieren mostrar que la gestión pública nuestra no fue buena: obtuvimos el primer puesto en el Índice de Gobierno Abierto, primer puesto en Transparencia Internacional, primer puesto en el manejo de las regalías. Le respondimos y honramos a Antioquia”, precisó el exmandatario.
¿Por qué el embargo?
La Contraloría General de Antioquia ordenó, como medida cautelar, el embargo de cuatro inmuebles del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajard,o y de su ex secretario de Gobierno, Santiago Londoño Uribe.
En un documento sobre el caso, el organismo de control manifestó que la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal aperturó e imputó cargos a los investigados dentro de un proceso de responsabilidad fiscal contra la Secretaría de Gobierno por un valor de $1’902.989,57.
La medida cobija dos inmuebles rurales de Fajardo Valderrama en Anapoima (Cundinamarca) y dos inmuebles de Londoño Uribe en la comuna de El Poblado, de Medellín.
Además, la Contraloría le solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos inscribir los correspondientes embargos, hasta por el monto antes señalado.
