Aída Merlano y Margarita Restrepo en redes de fraude electoral: Fiscalía

  • Restrepo, representante por el Centro Democrático, fue una de las nuevas salpicadas en las investigaciones de la Fiscalía por compra de votos. FOTO COLPRENSA
    Restrepo, representante por el Centro Democrático, fue una de las nuevas salpicadas en las investigaciones de la Fiscalía por compra de votos. FOTO COLPRENSA
Daniel Armirola R. | Publicado el 21 de junio de 2018

En rueda de prensa ofrecida este jueves, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio detalles sobre los resultados que tuvo la institución que dirige frente a irregularidades en las elecciones legislativas realizadas en marzo de este año.

En general, el jurista informó que se ha hallado “copiosa” evidencia de distintas “redes criminales” dedicadas a la compra de votos y alteración de resultados electorales en varias regiones del país.

Trama en Barranquilla

La primera de ellas, la ya conocida en la Costa Atlántica, y que tiene en este momento bajo proceso penal a la senadora electa Aida Merlano, del Partido Conservador, que denominó “Operación Casa Blanca”. En ella, según Martínez, se descubrió un red de compra de votos para favorecer a la candidata en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico.

“Se tendrá una investigación por primera vez en la historia por violar los topes electorales. La estructura estaba confirmada por Aida Merlano, Lilibeth Llinás, Jorge Rangel, Margarita Ballén, Juan Carlos Zamora, Aissar Castro hijo y padre”, destacó el Fiscal.

Estos nombres figuran más allá de los cinco capturados en flagrancia el día de las legislativas: Edwin Rafael Martínez Salas (ingeniero de sistemas), Jefferson Viloria Mieles (auxiliar de sistemas), Vanessa Victoria Merlano (asesora de la campaña), María Camila Valencia Lugo (encargada de redes sociales) y Everlyn Carolina Díaz (jefe de marketing).

Martínez aseguró que los avances en esta pesquisa se debieron “al trabajo de más de 50 investigadores de la Fiscalía y a más de 2.112 horas de video y audios recaudados. Se pudo establecer que se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas”.

El jurista dijo que las evidencias recaudadas mostrarían que dicha organización operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y “actuó a fondo” en el 2018, para los comicios al Congreso de la República.

Martínez afirmó que también se compulsaron copias al CNE por “la posible doble militancia en la que incurrieron Aida Merlano y Lilibeth Llinás, que siendo de distintos partidos actuaron de forma conjunta”.

Asimismo, informó que Julio y Mauricio Gerlein tendrán que responder por su presunta participación en esta organización criminal. A Jorge Rangel y Margarita Ballén se les imputó el delito de concierto para delinquir.

Margarita Restrepo del CD, salpicada

Martínez también mencionó una estructura de compra de votos y constreñimiento electoral en la ciudad de Medellín. “La campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara y reelegida al Congreso, ofrecía tablets y televisores por módicos 300.000 pesos, siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 de su partido (Centro Democrático). Las evidencias materiales recogidas por el fiscal de conocimiento indican que la campaña alcanzó a recaudar una suma importante de sus votantes (136 millones de pesos) y les condicionó la entrega a la demostración de que votaron por su cantidata”, afirmó.

Según dijo, el fiscal de conocimiento acopió “numerosas pruebas que indicarían que Alejandro Cuartas habría comprado votos”.

Respecto a los electrodomésticos prometidos, informó que “al menos tres personas recibieron los televisores y varias de ellas no obtuvieron lo prometido, por lo que se acercaron a la Fiscalía a denunciar los hechos como una estafa, y no como un delito electoral”.

Por estos sucesos, la Fiscalía anunció la imputación de Elizabeth Jaramillo, por el delito de corrupción al sufragante.

Irregularidades en Magdalena salpican a Fabián Castillo

El fiscal también se refirió al caso de Sergio Lora Ávila, quien durante las legislativas del 11 de marzo fue capturado en Ciénaga, Magdalena, con casi siete millones de pesos ($7´000.000) en efectivo, un aparente listado de

votantes y propaganda política alusiva al candidato al Senado, Fabián Castillo, actual representante a la Cámara (Cambio Radical).

“El laboratorio forense de la Fiscalía acaba de producir los primeros informes, como resultado del análisis del celular que portaba este capturado. En el celular se recuperaron conversaciones vía chat que darían cuenta de la existencia de conductas con el propósito de comprar votos para el candidato”.

Asimismo, Martínez señaló el hecho de que el alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, “una vez supo de la captura de este ciudadano, se dirigió al puesto de mando unificado en la Dirección de la Policía de Magdalena, donde pidió ayuda para que el señor Lora no fuera judicializado. Se le ha imputado el delito de tráfico de influencias por parte de servidor público”.

También aseguró que incluso Castillo visitó al detenido Lora en la estación a la que fue conducido para iniciar su judicialización.

“El fiscal de conocimiento dispuso compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia contra Fabián Castillo, recién elegido Senador, para los efectos de ley”, dijo.

Presuntas presiones en favor de Julián Bedoya

Martínez reportó el caso ocurrido en Caucasia, que devino en la captura de Braulio Suárez, subdirector del SENA en dicho municipio, ya que “habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo (Partido Liberal), Julián Bedoya Pulgarín”.

“Suárez habría exigido el voto advirtiendo que si el candidato era elegido en el Congreso, el subdirector se encargaría que quienes tenían contrato con el SENA lo mantendrían y quienes no lo tenían podrían ser nuevos contratistas”, agregó.

Dicho funcionario fue capturado ya en Caucasia y será llevado a la audiencia de legalización de captura en las próximas horas. Sin embargo, el fiscal no informó sobre compulsa de copias contra el senador electo Bedoya.

Otro caso en Bogotá

Entre otros casos más, Martínez señaló la pesquisa que se adelanta contra Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, por presunto constreñimiento electoral a favor de la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático).

“Gutiérrez supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos”, dijo.

Más aún, denunció que supuestamente, para confirmar el compromiso, Gutiérrez les exigió a las maestras la “elaboración de un listado con al menos diez familiares, sus números de cédula y barrio de residencia”, tal como “la participación en reuniones a las que asistieron mínimo veinte personas. A algunas de ellas habría asistido como veedor el señor Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de la Secretaría de Integración Social de la localidad de Kennedy”.

Se imputó cargos contra Gutiérrez y Rodríguez por constreñimiento y corrupción al sufragante.

Contexto de la Noticia

Daniel Armirola Ricaurte

Salsero a ultranza. Volante de salida. San Lázaro me protege antes del cierre. Máster en Periodismo - El Mundo (España). Redactor Internacional - El Colombiano.

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