Si hoy la plenaria del Senado no aprueba la ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, el gobierno de Juan Manuel Santos no tendría otro chance para aprobarla y, temporalmente, esa jurisdicción podría dictar su propio reglamento.
Por eso es que el Ejecutivo ha tratado de conciliar con el Congreso una salida al proyecto, en una subcomisión liderada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.
En esas discusiones que se realizaron el lunes pasado, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dio su brazo a torcer en 24 puntos, pero quedaron dos que a su parecer no pueden aceptarse por inconstitucionales: se trata de la competencia de la JEP para determinar la extradición de miembros de las Farc y la creación de una sala para juzgar a los militares (ver antecedentes).
Sin embargo, propuso discutir en la plenaria de Senadolas propuestas para que “en democracia el Congreso decida”. Al cierre de esta edición el Centro Democrático no había firmado el nuevo informe de ponencia y, sin ese acuerdo, el Gobierno no tendrá mayorías.
Los cambios
EL COLOMBIANO conoció las proposiciones que fueron aceptadas por el Gobierno y que serían aprobadas si se llega a un acuerdo en la subcomisión. Se destacan: la eliminación del lenguaje de enfoque de género -en ninguna parte aparecerá la ya conocida sigla LGBTI-, se incorporaron los derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y el buen nombre para los comparecientes como garantía para investigados, en especial terceros. También se le quita competencia a la Defensoría de Familia.
La policía judicial es de la Unidad e Investigación y Acusación y no de la JEP, de este modo actuará con independencia del tribunal transicional, alejando las críticas de una “fiscalía paralela”. Los informes de macrocriminalidad no pueden ser considerados como única prueba contra un acusado y la pérdida de los beneficios por incumplimiento se amplían para todos los comparecientes.
En el caso de los agentes del Estado, el Ministerio de Defensa podrá intervenir; se contempla que ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y, uno de los puntos más importantes, es que sus acciones se presumen legales.
Sobre la extradición, el Gobierno concedió que la JEP no pudiera, en ningún caso, “pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien fuera solicitado en extradición”, queda únicamente con el derecho de definir la fecha de la comisión del delito, es decir, si fue antes o después de la firma del Acuerdo de paz.
Por último, se agregaron las versiones voluntarias con valor de confesión en los procesos judiciales, asunto que era exclusivo de la Comisión de la Verdad.
Las opciones
En la plenaria podrían presentarse tres escenarios: el primero, es que no haya acuerdo entre el Gobierno y la subcomisión y se hunda la iniciativa, lo que significaría que la JEP funcionará a su manera.
David Suárez, constitucionalista de la Universidad Eafit, explicó que “la JEP va a seguir funcionando y se va a dictar sus propios procedimientos a través de instructivos y normas internas, pero eso se soluciona con el nuevo Congreso que recibirá otro proyecto de ley”.
El segundo panorama es que haya acuerdo y en la deliberación sobre el tema de la extradición y de los militares gane la propuesta del Centro Democrático, ya que sus mayorías están más consolidadas.
“Como es una ley ordinaria tendría que tener la sanción presidencial, que le tocaría a Santos, quien podría objetarla por razones de inconstitucionalidad o cualquier ciudadano puede demandarla, y así iría a revisión de la Corte, que en condiciones normales la declararía inexequible”, señaló Suárez.
El último escenario es el que el Gobierno desea. Que haya acuerdo y se apruebe la iniciativa sin los dos cambios adicionales, lo que le daría un respiro al Ejecutivo y podría en funcionamiento a la JEP.
El profesor expresó que esto último es lo que en realidad le favorece al acuerdo: “La JEP podría empezar las grandes investigaciones, los grandes juicios, podríamos empezar a ver a Timochenko diciendo la verdad, pidiendo perdón y reparando a las víctimas”.
Si el nuevo Gobierno, una vez resulte el tercer panorama, quiere reformar lo concerniente a la extradición y a la sala para los militares, deberá presentar al Congreso una nueva reforma constitucional, que tiene ocho debates lo que, para Suárez, “no es muy complicado y con las nuevas mayorías es posible hacerlo”.
61
días lleva el proyecto de ley de procedimiento de la JEP en el Congreso.
