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Una iniciativa de esa envergadura nunca ha logrado el umbral. El reto de la Alianza Verde será que salga a votar la mayoría exigida en una fecha por definir y que los mandatos sean aprobados.
La consulta anticorrupción, aprobada el pasado martes por el Senado, todavía tiene mucha tela por cortar. El Gobierno no ha definido una fecha para su votación, y lo más probable es que se hará después de la segunda vuelta presidencial y antes del 2 de septiembre de 2018.
Uno de los mandatos más polémicos de esta consulta es el que busca reducir la remuneración de los congresistas de 40 salarios mínimos (31 millones 331 mil 821 pesos) a 25 (19 millones 531 mil 050 pesos) y fijar esta tasa como tope para los funcionarios públicos. De hacerse, representaría un ahorro anual de 141 millones 609 mil 252 pesos por congresista y, con el tamaño actual del Congreso, el ahorro sería cerca 213 mil millones de pesos, valor del presupuesto de la alcaldía de Bogotá para recuperar la zona del Bronx.
Sin embargo, los opositores plantean que para llevar a cabo este mandato se necesita una reforma a la Constitución (ocho debates en el Congreso) y además, se verían afectados en su remuneración funcionarios...