Dirigentes gremiales y políticos le están pidiendo al exgobernador Luis Alfredo Ramos que anuncie su candidatura a la Presidencia, así la Corte Suprema no haya fallado en el proceso que le adelanta hace cuatro años, y que concluyó en marzo.
Pero en diálogo con EL COLOMBIANO, Ramos afirmó que mientras no salga el fallo, que confía sea absolutorio, no se presentará como precandidato, por respeto a la justicia. Un aplazamiento del fallo hasta el próximo año le truncaría de nuevo su aspiración política.
Está terminando de escribir un libro sobre su trayectoria. Aún tiene abierto el último capítulo, en el que describe los tres años y tres meses que estuvo privado de la libertad, y que espera cerrar cuando salga el fallo de la Corte. Se llamará “La sombra de la felicidad”.
¿Por qué escogió ese nombre para su libro?
“He sido feliz desde la infancia y en mis actividades en el sector privado y público. Tuve éxito en la Alcaldía, en la Gobernación, en la embajada de los Estados Unidos, en el Congreso, en las actividades deportivas, con mi familia, pero me llegó esa sombra de los falsos testigos que trataron de enlodar mi vida y me sacaron de la contienda presidencial hace cuatro años. Ya los he perdonado”.
El Centro Democrático aún no define fecha límite de inscripción de precandidatos, ¿lo están esperando?
“He hablado con dirigentes del partido, entre ellos con el presidente Álvaro Uribe. El CD está a la espera de la decisión de la Corte. Aún no tienen una fecha definida para el cierre de inscripciones de precandidatos”.
Algunos senadores conservadores lo ven como una esperanza. ¿Cómo hará?
“He tenido comunicación con dirigentes del PC. Estoy de acuerdo con el presidente Andrés Pastrana, cuando propone, con Uribe, una gran coalición para 2018. Varios parlamentarios me han comunicado su interés de apoyarme en el momento en que yo tome una determinación”.
Si el fallo es favorable, ¿de inmediato se candidatiza?
“Una vez sea absuelto haré una consulta en las regiones, dialogaré con los ciudadanos para ver qué están pensando y cómo quieren cambiar el rumbo”.
Pero usted ya se ha recorrido 15 departamentos en los últimos cinco meses. ¿No es una precampaña?
“Sí he ido, pero no en función de candidato, sino contando mi caso y todo el drama que significó haber perdido mi libertad por los falsos testigos”.
Si confía en que el fallo será absolutorio, ¿entonces por qué no oficializa su precandidatura?
“Para que no se entienda como un desafío a la justicia y a la Corte. No quiero irrespetarlos. Ellos tienen la responsabilidad de dar el fallo y yo de tomar la determinación sobre mi futuro político, pero una vez se haya dado lo primero”.
¿También tendría apoyos de sectores del P. Liberal?
“He conversado con dirigentes conservadores, liberales, independientes, cristianos, laicos y la mayoría me han dicho que en el momento en que tome una determinación estarían en una campaña como la mía”.
¿A qué cree usted que se debe el auge de precandidaturas por firmas?
“Hay crisis en los partidos. El único que tiene una gran fortaleza y liderazgo es el CD; las encuestas así lo confirman. Va a crecer en número de parlamentarios. Los partidos tradicionales se han debilitado por el apoyo al Gobierno”.
El panorama económico no pinta bien. ¿Usted como actuaría si es presidente?
“La economía pasa por tiempos turbulentos. Los diferentes indicadores económicos así lo muestran. Generan desconfianza el déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente y la caída de las exportaciones e importaciones. El endeudamiento ha crecido en los últimos siete años y hoy llega a cerca de 123 mil millones de dólares, de los cuales 73 mil son deuda pública. La inversión extranjera ha caído en el último año cerca del 40 % por la inseguridad jurídica”.
La dependencia al petróleo le pasó factura al país. ¿Cómo reaccionar?
“El país manejó muy mal la bonanza petrolera, cuando los precios sobrepasaron los 100 dólares el barril. Se gastaron los recursos sin planeación y no se hizo los ahorros necesarios. Esos excedentes, que llegaron a 24 billones de pesos, hoy están en 8 billones. Se requiere un cambio de política”.
¿Confía en el reporte de armas y bienes de las Farc?
“El Gobierno no ha sido claro con la información sobre las armas, las caletas y los bienes mal habidos de las Farc. La revista The Economist dijo que tenían más de 10 mil millones de dólares. El país sabe que se financiaron en las últimas décadas de recursos del narcotráfico”.
¿Las Farc desequilibrarán el sistema político?
“Por supuesto. Pretendían que el dinero mal habido les sirviera para financiar sus campañas. Ningún partido en Colombia tiene el más mínimo porcentaje de las cifras y bienes que manejan las Farc. El Gobierno y el Consejo Nacional Electoral deben evitar que esos dineros ilícitos inclinen la balanza en 2018”.
¿Qué opina de la gestión del gobernador Luis Pérez?
“Ha hecho un trabajo valiente al denunciar lo que sucede en las zonas veredales. Sacó adelante el Túnel de Rionegro, que fue parado durante tres años por decisión del anterior ministro de Ambiente, Frank Pearl, que le hizo un gran daño a Antioquia, en connivencia con el anterior gobernador. Por esa decisión el proyecto se encareció en 300 mil millones de pesos”.
¿Cómo le ha ido en las 15 universidades que ha visitado a la fecha?
“Veo un gran interés de los universitarios en el acontecer político de la nación. Serán decisivos en la suerte electoral del país el próximo año”.
¿Cómo ve el panorama de la salud en el país?
“El gran déficit que presentan las IPS, con una cartera de más de 11 billones de pesos, no lo resiste la salud en Colombia. Hay que dar soluciones precisas y concretas. Estoy en un programa de estudios con dirigentes del sector de la salud”.
¿Se demoró mucho Colombia en tomar distancia del presidente Maduro?
“El Gobierno alcahueteó muchas cosas en Venezuela, se equivocó desde el día en que se declaró como el mejor amigo de Chávez. Ahora con los resultados de referendo, le están mintiendo a todo el mundo”.
¿Qué debe hacer el próximo presidente para erradicar la corrupción?
“Debe estar comprometido junto con sus 16 ministros, los directivos de lo departamentos administrativos y gerentes de los institutos descentralizados en contrarrestar cualquier fraude contra el país. También tiene que dar pautas para que los 32 gobernadores y los 1103 alcaldes estén en esa misma línea. El Gobierno nacional debería suspender el apoyo en los municipios donde haya malversación de los fondos públicos”.
