Armando Novoa García, quien llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) postulado por los partidos Mira, Verde y Polo Democrático, será el magistrado encargado de dilucidar si la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Calderón en 2010 superó los topes de financiación fijados por ese organismo.
En diálogo con elcolombiano.com, el abogado de la Universidad Externado de Colombia aseguró que hará su investigación y producirá los resultados en el menor tiempo posible, pero respetando el debido proceso al que tienen derecho los presuntos implicados.
Los hechos disparadores de la indagación que hará el CNE son dos peticiones formuladas al organismo, una de ellas por parte del senador José Obdulio Gaviria y otra por Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas.
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En el entendido de que ahora debe ser más prudente en su obrar, el integrante del CNE reconoció que una pieza importante del proceso será la revelación que hizo el gerente General de la campaña Santos Presidente, Roberto Prieto Uribe, sobre el presunto aporte ilegal de dinero de la firma Odebrecht.
En comunicado público de esta semana, el mismo Novoa García le dijo al CNE que “las declaraciones del señor Roberto Prieto sobre el aporte de Odebrecht a la campaña de 2010 del presidente Juan Manuel Santos representado en 2 millones de afiches que costaron US$400 mil constituye una confesión de una falta a la normatividad electoral, en concreto, la violación de los límites a la financiación de campañas políticas, de conformidad con los numerales 1 y 4 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011, en concordancia con el artículo 39, literal a) de la Ley 130 de 1994”.
Dado que las presuntas irregularidades habrían caducado en 2013, la sala plena del CNE tendrá que considerar, de entrada, bien sea de oficio, o a raíz de la petición pública que el mismo Santos le ha hecho, la posibilidad de levantar esa caducidad para poder sancionar a todos los presuntos responsables.
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Sobre tal materia, el magistrado Novoa García, en el mismo comunicado que divulgó esta semana, expresó que la posición dominante en la corporación es la defensa de los tres años de caducidad de la facultad sancionatoria, una postura restrictiva que, en su opinión, no solo es errática, sino que “podría conducir a la impunidad de graves faltas contra los principios constitucionales de transparencia, moralidad e igualdad y al debilitamiento de sus competencias”.
Él, por el contrario, considera que la caducidad debe comenzar a contar desde el conocimiento de las presuntas infracciones, que en este caso sería, por ejemplo, la confesión de Roberto Prieto Uribe.
En apoyo a esa tesis, Novoa García aseguró que “el artículo 21 de la Ley 996 de 2005 permite al Consejo Nacional Electoral “adelantar en todo momento” revisiones sobre los gastos de financiación de campañas, disposición que no se opone a la prohibición de imprescriptibilidad de las penas si se aplica al caso de la información que no fue reportada en su momento y de forma voluntaria al Fondo Nacional de Financiación Política, como corresponde a toda campaña electoral”.
El paso a paso
Con respecto al proceso que le ha sido asignado, el magistrado indicó que, según una resolución del año 2013, se parte de una etapa de investigación preliminar, que dura tres meses.
Luego, si hay mérito para ello, se hace la apertura formal de la investigación y pruebas, sin un término específico.
Posteriormente se corre traslado a las partes para los alegatos de conclusiones, por 15 días.
Finalmente, el magistrado encargado de la investigación se toma un tiempo para elaborar el proyecto de decisión que llevará a consideración de la Sala Plena.
“Somos conscientes de la responsabilidad y tendremos que responder a todas inquietudes de la opinión pública”, concluyó Novoa García.
La trayectoria del Magistrado Novoa
Lugar y fecha de nacimiento: Bogotá, 15 de marzo de 1958.
Abogado titulado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en Derecho Social.
Con más de 20 de experiencia laboral, se ha desempeñado como Asesor de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991 y fue Co-presidente de la Comisión Especial Legislativa desde el mes de julio hasta noviembre del mismo año.
Fue Embajador Plenipotenciario ante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York en representación del estado colombiano. Desde el año 1993 hasta el 2007, fue Conjuez del Consejo Superior de la Judicatura de la Sala Disciplinaria.
Alternamente, trabajó como Asesor Externo del despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad Social (1996-1997 y 2000-2002), fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo-Ministerio de Educación (1996), también consultor del Banco Mundial – Ministerio de Desarrollo Económico (1997).
Fue miembro de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto de Bogotá en representación del Alcalde Mayor de Bogotá (2005-2009). Desde 1990 es el Director del Centro de Estudios Constitucionales PLURAL (Entidad que agrupa los Constituyentes de 1991).
Experiencia Docente:
Universidad Libre de Colombia, Cátedra Teoría e Ideas Políticas
Universidad Cooperativa de Colombia, Cátedra Economía Colombiana
Universidad Autónoma de Colombia, Cátedra Derecho Laboral
Universidad de Nariño, Especialización Derecho Administrativo
Universidad Libre de Cali, Post-Grado Derecho Constitucional Laboral
Universidad del Magdalena, Derecho Administrativo General y Especial
Universidad Santo Tomás de Aquino, Bogotá, Derecho Colectivo de Trabajo
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Resolución Pacífica de Conflictos
La controversia empezó el martes pasado cuando Roberto Prieto, coordinador operativo de la campaña Santos Presidente en el 2010, confesó en entrevista con Blu Radio que había recibido de manera irregular 400 mil dólares de la compañía brasileña Odebrecht para la impresión de afiches.
A través de Twitter, Santos condenó las irregularidades en su campaña y pidió investigación de las autoridades, pero aseguró que apenas se había enterado de la financiación de los afiches.
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