Con la instalación del Congreso empezarán a radicarse nuevas iniciativas legislativas por parte de los parlamentarios. Aunque algunos lo harán a partir del próximo martes, como el Partido Liberal, otros esperan hacerlo este mismo jueves.
Tal es el caso del Partido del Centro Democrático, pues su bancada tiene listos siete proyectos de ley y dos actos legislativos. Entre ellos cinco que buscan modificar los decretos expedidos por el presidente Juan Manuel Santos para la implementación del proceso de paz.
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Por ejemplo, uno que modifica el Decreto 903 del 2017 para garantizar que los bienes de las Farc sean usados únicamente para la reparación de las víctimas del conflicto armado; otro quiere evitar que se creen nuevos cargos en la Contraloría; otro cambia aspectos del Decreto Ley 888, para modificar la denominación de la Unidad Delegada para el Posconflicto por Grupo Especial Funcional para el Posconflicto; y otro pretende derogar el decreto Ley de Tierras, porque creen que el mandatario se extralimitó en sus funciones.
También se incluye uno que busca derogar la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales, que es un compromiso del acuerdo de paz que se firmó.
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Dos proyectos son nuevos intentos para, primero, reducir el tamaño del Congreso y reducir el salario de los congresistas, y el segundo, para expedir el Reglamento Nacional Taurino.
“El proyecto busca regular la preparación, organización, desarrollo, promoción y defensa de los espectáculos o festejos taurinos y las actividades relacionadas con los mismos, en garantía de los derechos, deberes e intereses de los espectadores y de quienes intervienen en ellos”, afirman.
Otra iniciativa a radicar busca que haya equidad en el pago que hace el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones oficiales de educación superior en lo relativo al descuento que se le hace a los estudiantes que sufragaron en las últimas elecciones.
Mientras tanto, senadores como Iván Cepeda del Polo Democrático piden que se dé celeridad a los proyectos que se requieren para implementar los acuerdos de paz y que están pendientes, tal como la reforma política y la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
