Vacíos en la propuesta de cárcel para la corrupción en elecciones

  • Según varios expertos, la iniciativa del fiscal no ataca la raíz del problema: la incultura política. FOTO DONALDO ZULUAGA
    Según varios expertos, la iniciativa del fiscal no ataca la raíz del problema: la incultura política. FOTO DONALDO ZULUAGA
Por óscar andrés sánchéz á. | Publicado el 22 de julio de 2017
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años de cárcel podría pagar el funcionario que use recursos públicos para favorecer campañas políticas.

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funcionarios elegidos en las elecciones regionales de 2015 son investigados por la Fiscalía General de la Nación.

en definitiva

La Fiscalía hace cuatro propuestas para combatir la corrupción electoral y pública, con las que busca que haya sanción punitiva. Según expertos la iniciativa tiene varias falencias estructurales.

Varias conductas corruptas comunes en época electoral —como la compra de votos y la violación a los topes—que si acaso hay suerte se quedan solo en sanciones administrativas, o máximo producen pérdida de investidura, generarían castigos punitivos; si el Congreso le da vía libre al proyecto que radicó la Fiscalía.

La iniciativa se irradia hacia todo el entramado de la administración pública y de justicia, y a la contratación estatal. Pero también le dedica un aparte a las campañas políticas, en vista de la relación entre el financiamiento de candidatos y la corrupción.

EL COLOMBIANO le preguntó a académicos y exfuncionarios sobre si las cuatro propuestas de la Fiscalía para este sector le “torcerán el pescuezo a la corrupción”, como lo prometió el fiscal Néstor Humberto Martínez, el día que asumió el cargo.

cárcel por mover plata en las elecciones

El ente acusador propone prisión para quien porte dinero en efectivo, en los montos fijados por la autoridad electoral, durante la jornada y en los tres días anteriores.

Según el exviceministro del Interior y docente de la U. Externado, Juan Fernando Londoño, no se puede detener a alguien por tener dinero en efectivo en el bolsillo. “¿Cómo se prueba que era para la campaña y no para otra cosas? Se debe es mejorar la capacidad de investigación y tipificar el gasto no reportado como lavado de activos”, dijo Londoño.

John Fredy Bedoya, del Instituto de Estudios Políticos de la U. de Antioquia, exaltó la propuesta: “Magnífica esta iniciativa para que el dinero en efectivo sea controlado, para contrarrestar la compra de votos”.

Patricia Muñoz, docente de Política de la U. Javeriana, dijo que no bastan las sanciones punitivas para las prácticas relacionadas con la financiación de campañas. “Afrontar ese problema implica un frente común de ciudadanos e instituciones”.

Tipificar violaciones de topes de aportes

Bajo el argumento de que el proyecto que sancionará próximamente el presidente sólo tipifica la violación de topes de gastos, la Fiscalía considera penalizar, igualmente, la violación de los límites por aportes particulares y la admisión de gastos de campañas electorales que los superen.

Según Bedoya se debe precisar si se va a castigar también al particular que dona a las campañas más de lo permitido por la ley. “Muchas veces los candidatos dicen que no sabían que un particular les había mandado a hacer publicidad”.

Para Bibiana Ortega, investigadora de la Escuela de Política de la U. Sergio Arboleda, señaló que por la tradición civilista el país tiene demasiadas leyes para todo, pero explicó que el problema es cultural, y que por eso hay que trabajar con el ciudadano, par que entienda que cuando un político toma los dineros públicos le está robando a todos.

“No se trata de crear más leyes, porque siempre se buscará evadir la norma, ninguna es suficiente. Estas propuestas no tienen que ver nada con enseñarle al ciudadano sobre la importancia de la democracia y el voto; están pensadas para los políticos. Son pañitos que pueden aliviar un poco el problema, pero no son la solución”.

Londoño sostuvo que no queda claro cómo se investigará y castigará el exceso de gasto en las campañas políticas, y que eso es clave.

Angélica Bernal, docente de Ciencia Política de la U. Jorge Tadeo, dijo que está demostrado que ubicar la solución en el castigo y la sanción es poco efectivo. “La solución real es una financiación pública, igualitaria y equitativa de las campañas y los partidos. Los dineros privados siempre introducen intereses particulares que a la larga terminan afectando la política y a los gobiernos”.

Prisión por usar erario en campañas

Martínez plantea castigar, con hasta 12 años de cárcel, al servidor que utilice su función o patrimonio público para apoyar campañas electorales, candidatos o partidos políticos.

Bedoya dijo que lo que va a ser falta son “dientes” para el nuevo Consejo Electoral Colombiano que se creará en la reforma política, que según él va a depender de los partidos y no va a tener funciones para judicializar ese tipo de ejercicios.

“Por más castigos que se impongan, si no hay un organismo que investigue y judicialice con prontitud, no se podrá mejorar nada”.

Para Camilo Andrés Tamayo, doctor en Ciencia Política de la U. de Huddersfield (Reino Unido) y docente de Eafit, el debate recae en la fórmula que todos los problemas que tiene el país se solucionan con más años de cárcel, pero no ataca la raíz de la situación: la incultura política y por eso hay que prevenir esas conductas que se presentan en las campañas.

Freno a contratación para financiadores

Los congresistas decidirán también si impiden que servidores elegidos por voto popular contraten o subcontraten con empresas o personas naturales, que financiaron campañas políticas del respectivo nivel administrativo.

Según Bedoya esto no es nuevo y está regulado en la ley de garantías, pero que sería más restrictivo que si se dispone que una persona que trabajó en una entidad territorial, en los últimos cuatro años, no pueda financiar campañas, para controlar más los aporte privados, aunque queda un vacío porque los socios podrían entonces aportar.

Tamayo afirmó que no es creíble que las personas le van a dejar de aportar recursos a una campaña para recibir beneficios en el futuro, y que quienes aportaron no van a tener luego contratos o subcontratos.

“Más que prohibir que puedan contratar, lo que debe quedar claro es que lo deben hacer de manera transparente; que los candidatos dejen claro qué empresas los han financiado”.

Los congresistas tendrán la última palabra, en pleno hervor de la campaña de 2018.

Contexto de la Noticia

OPINIóN Se debe crear una acción preferente

Ernesto Matallana
Docente de Contratación Pública Universidad Externado
Las medidas deben ser eficaces. La suspensión de contratos, como lo propone la Fiscalía, no es suficiente. Hay que crear una acción anticorrupción, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que resuelva, en 10 días hábiles, la nulidad de cualquier contrato corrupto. La acción pública debe tener primera instancia ante los Tribunales Administrativos y en segunda instancia en el Consejo de Estado. Las demás propuestas son oportunas pues atacan un tema de fondo, que incrementa la corrupción administrativa, y es el costo de las campañas.
Óscar Andrés Sánchez Á.

Politólogo de la Universidad Nacional, Periodista de la Universidad de Antioquia y maestrando en Gobierno de la Universidad de Medellín. Tratar de entender e interpretar el poder, un reto.

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