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Relevos en altos cargos del Estado, claves en el posacuerdo
Las fuerzas políticas se mueven por cargos vacantes en 2017: cinco cupos en la Corte C. y la Procuraduría G.
21 de agosto de 2016
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La seguridad jurídica de todo el entramado de los diálogos de La Habana depende, en gran parte, de la revisión que hará la Corte Constitucional al Acto Legislativo para la Paz, que le da facultades al presidente para echar a andar lo firmado.
Este alto tribunal también será imprescindible en un posible posacuerdo, porque es la que dará vía libre o no a las leyes que en el mediano plazo aprobará el Congreso, relacionadas con lo pactado en La Habana con las Farc.
Además, tendría entre sus tareas blindar la negociación con la guerrilla, en caso de que el próximo jefe de Gobierno plantee reparos. Aunque este tendría la facultad de convocar otro plebiscito para modificar o derogar lo acordado.
Por estas razones los cinco relevos que se darán en el primer semestre del próximo año, harán que tanto el Gobierno como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado reacomoden sus estrategias antes de presentar las ternas en el Senado. Los partidos también harán lo propio para que sus alfiles sean, al menos, incluidos en las ternas.
Seis meses antes de que se cumpla el periodo de un magistrado las entidades encargadas abren la convocatoria pública de inscripciones. El domingo pasado el Consejo Estado inició ese proceso para reemplazar al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, quien deja la Corte en febrero del próximo año.
La Corte Suprema hará el mismo procedimiento en los próximos días, para reemplazar a los magistrados Jorge Iván Palacio y Ernesto Vargas, que también se van ese mismo mes. En marzo cumplen su periodo Jorge Pretelt y María Victoria Calle, cuyos reemplazados le competen al presidente Juan Manuel Santos, pues fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez quien los ternó durante su Gobierno.
Legitimidad en juego
Andrés Úsuga, docente de Derecho Constitucional, explicó que la Corte tiene nueve miembros, de los cuales tres son postulados por el presidente, e igual número por la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Los periodos de los magistrados finalizan por dos razones: cuando cumplen 65 años o llegan a ocho años en el cargo, es decir, al final de su periodo.
“El presidente Santos va a nombrar dos magistrados que le ayuden a sus propósitos y le blinden sus acuerdos con las Farc. En total quedará con tres, porque ternó este año al magistrado Alejandro Linares Cantillo. Antes de la reelección los presidentes quedaban con uno o máximo dos magistrados, porque como estaban cuatro años no les tocaba la rotación”, manifestó Úsuga.
Este panorama garantiza que hasta el 2024, Santos tendrá magistrados que defiendan su legado en la Corte Constitucional y que, de cierta manera, lo blinden, aunque los cambios de poder no garantizan siempre lealtad. Queda pendiente el tipo de perfil de los candidatos propuestos por otros órganos del Estado.
Pese a que todos deberán ser elegidos en ternas, lo acostumbrado es que sean “ternas” de uno, porque siempre va alguien con guiño, y en el Senado será elegido el que el presidente señale. De igual manera, se gana con cara y con sello, porque se supone que los tres son de plena confianza de quien los postula.
Según Andrés Felipe Bernal, investigador de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda, los magistrados se elegirán el próximo año, cuando el Congreso se encuentre en receso, por eso se ha planteado que sea antes, para que no haya interinidad.
“Los cargos que vienen, de una u otra forma, son los que van a asegurar la legitimidad de todos los proyectos de ley del posconflicto, que entrarán por fast track (vía rápida), debido a la ley estatutaria. Los partidos de la Unidad Nacional ayudarán a asegurar mayorías dentro de la Corte”, dijo Bernal.
Puja por la Procuraduría
El constitucionalista Úsuga explicó que la Procuraduría hoy es atractiva porque Alejandro Ordóñez hizo lo que le toca hacer a un procurador. La clase política se dio cuenta del poder que tiene cuando no negocia con el Gobierno sus funciones públicas. Prueba de ello son los cerca de 7.000 funcionarios sancionados.
Luis Fernando Vargas, docente de Eafit y doctor en Estudios Políticos del Externado, afirmó que los partidos van a querer tener allí a un representante que los favorezca. No obstante, para esta elección hay particularidades que la hacen aún más atractiva, pues está en juego todo lo que el posconflicto plantea para el país y ello involucra el plebiscito.
Agregó que la Procuraduría es una institución de poder único, ya que puede destituir funcionarios oficiales del Ejecutivo y del Legislativo, casi que de manera autónoma.
“La situación para el Partido Conservador es crítica. En primer lugar porque la actual posición de Ordóñez le ha hecho daño al cargo, considerándolo conservador a ultranza, y segundo porque el partido mismo está mostrando una posición particularmente pasiva frente a la elección. En relación con los candidatos, aún falta una depuración importante, pues aunque se cerró el tiempo de inscripciones, aún no están los nombres definitivos”, acotó Vargas.
Bernal afirmó que aunque se tiene como premisa que la Procuraduría es un cargo del Partido Conservador, la división interna de esa colectividad los deja débiles y eso será aprovechado por el presidente Santos. Agregó que no será algo fácil para el presidente, porque los demás órganos van a querer también ganar.
“El reacomodamiento en cargos se empezó a dar desde la salida de Jorge Armando Otálora de la Defensoría. El Partido Liberal esperaba de nuevo esa cuota, pero nombraron a Carlos Negret, que es de La U. Los liberales también se quedaron sin Fiscalía, porque Néstor Humberto Martínez es de Cambio Radical; entonces por eso quieren que ahora les compensen con la Procuraduría”, dijo Bernal.
Según Úsuga el próximo procurador será del bolsillo del presidente, pues existe una posibilidad de que Santos le pague al exfiscal Eduardo Montealegre la ‘faltoneada’ de no haberle ternado a Jorge Perdomo para la Fiscalía y lo terne para la Procuraduría. Agregó que Montealegre “está esperando, y por eso, aunque ha dicho que se siente traicionado por Santos, no ha contado todo”. Perdomo también tiene el respaldo del expresidente César Gaviria, gerente del Sí.
“La otra alternativa es que nombre a un afecto de él, como Fernando Carrillo Flórez. Existe otra muy buena hoja de vida, la de Humberto Sierra Porto (exmagistrado de la Corte Constitucional, exprocurador delegado y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), pero con poco respaldo político. Al PC le van a cobrar las dubitaciones con respeto al apoyo a la paz”, añadió Úsuga.
Juan David García, docente de Ciencia Política de la Pontificia Bolivariana, afirmó que los nombramientos del procurador y los nuevos magistrados son decisivos para el balance de poderes y la ventaja política del Gobierno sobre la oposición. Dijo, además, que el control que ha ejercido Ordóñez ha afectado los intereses del Gobierno.
“Una Procuraduría favorable a las posiciones del Gobierno sería nociva para el principio de la separación de poderes, y para la efectividad de las garantías democráticas. Y la Corte, en la medida en que es garantes de la Constitución, en la medida en que sean cercanos al Gobierno, corre riesgo de no cumplir a cabalidad sus funciones”, afirmó García.
Conservadores, sin acuerdo
En casa del senador Juan Samy Merheg (PC), se reunieron a principios de este mes varios congresistas azules para, al parecer, confeccionar una terna para la Procuraduría, que sería presentada al Jefe de Estado.
Los escogidos fueron Wilson Ruiz, expresidente de la Judicatura; Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, y Enrique Gil, expresidente del Consejo de Estado. Sorprendió que dejaron por fuera a Juan Hernández, conservador, amigo personal de Santos y exsecretario privado del expresidente Andrés Pastrana, con quien está distanciado.
Casi de inmediato el presidente de esa colectividad, David Barguil, deslegitimó esa movida y dijo que “el PC no presentará ningún candidato ni terna para la Procuraduría. Somos respetuosos de la autonomía de quienes presenten los candidatos a esa elección”.
El representante Orlando Guerra, vocero del PC en la Cámara, dijo que esa terna no existe, pero que sí esperan, en el equilibrio político, conservar la Procuraduría.
El jueves pasado se cerraron inscripciones en la Suprema y el Consejo de Estado. En total hay 40 candidatos. Queda faltando que estos órganos definan su ternado, y que el presidente dé el guiño. Esa decisión marcará el rumbo.
4.200
empleados tiene la Procuraduría, muchos con salarios de 13 millones.
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