Sin que se cumpla todavía un año de la dejación de armas de las Farc, los asesinatos contra sus excombatientes y las amenazas que se han presentado en sus diferentes sedes de campaña preocupan a su dirigencia, al Gobierno y las organizaciones que han acompañado la consolidación del posconflicto.
De acuerdo con el informe de garantías de seguridad entregado por el Gobierno Nacional, desde que se firmó el Acuerdo del Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, 58 excombatientes y 18 de sus familiares han sido asesinados.
Sin embargo, las cuentas de organizaciones de Derechos Humanos son diferentes: según un informe de Indepaz, Cumbre Agraria y Marcha Patriótica, han sido asesinados 62 exguerrilleros y 17 familiares, a lo que suman 6 desapariciones forzadas.
“Los homicidios se presentan en zonas en donde históricamente hacía presencia las Farc y han sido copadas por grupos criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo”, señalaron.
Además, el nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denunció ayer que persisten las amenazas, persecuciones e intimidaciones contra sus miembros en Bogotá, atribuyéndola también a la expansión paramilitar en la capital de la República, que ya fue denunciada por el Defensor del Pueblo, Carlos Negret.
