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El ente investigador considera que son ilegales los cobros de funcionarios a las alcaldías por presos que no tienen condena. El Sindicato se defiende.
La Fiscalía denunció que los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estarían cobrando a las administraciones de seis ciudades por los traslados de detenidos de sitios temporales, como las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía, a las cárceles.
Estos llamados sobresueldos se están presentando en Medellín, Pasto, Cúcuta, Pereira, Villavicencio y Barranquilla, donde los miembros del Inpec se estarían rehusando a prestar el servicio.
El ente acusador evalúa que se puedan estar presentando en estas acciones delitos como la extorsión, constreñimiento, concusión, prevaricato y peculado, entre otros crímenes.
La acusación no ha sido bien recibida desde el Inpec, pues su sindicato, la Unión de Trabajadores...