Presos sin juicio enfrentan a la Fiscalía y el Inpec

  • En seis ciudades del país, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario estarían cobrando por trasladar detenidos de las URI a los centros penitenciarios. FOTO Manuel saldarriaga
    En seis ciudades del país, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario estarían cobrando por trasladar detenidos de las URI a los centros penitenciarios. FOTO Manuel saldarriaga
Por Julián Amorocho Becerra | Publicado el 21 de mayo de 2018
en definitiva

La población de reclusos cuya situación jurídica no es clara es causa del hacinamiento carcelario. Mejorar la privación de la libertad de minima seguridad sería un inicio para resolver el tema.

La Fiscalía denunció que los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estarían cobrando a las administraciones de seis ciudades por los traslados de detenidos de sitios temporales, como las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía, a las cárceles.

Estos llamados sobresueldos se están presentando en Medellín, Pasto, Cúcuta, Pereira, Villavicencio y Barranquilla, donde los miembros del Inpec se estarían rehusando a prestar el servicio.

El ente acusador evalúa que se puedan estar presentando en estas acciones delitos como la extorsión, constreñimiento, concusión, prevaricato y peculado, entre otros crímenes.

La acusación no ha sido bien recibida desde el Inpec, pues su sindicato, la Unión de Trabajadores Penitenciarios, respondió argumentando que frente a los traslados de internos se han ajustado a la norma.

Recordaron que los internos detenidos preventivamente por mandato legal y aún no vencidos en juicio son sindicados y no condenados, por tanto, su manutención “corresponde a las entidades territoriales”.

Lo que dicta la Corte Constitucional en tres sentencias, la última la T 762 de 2015, es que son las alcaldías las que tienen obligación con los privados de la libertad, aún no vencidos en juicio, para localizarlos en prisiones y no tener que contratar con el Inpec.

Según la denuncia del sindicato, hay más de 200 alcaldías que no tienen convenios con el Inpec para mantener a sus reclusos y, por ello, no consideran que exigir pagos a las alcaldías sea un delito.

Por eso llamaron a la Fiscalía a investigar a las alcaldías que se han rehusado a contratar la manutención de estos sindicados, que componen el 30,5% de la población reclusa.

Acorde con las estadísticas del Inpec, la población que no tiene definida su situación jurídica pero sigue privada de la libertad mientras se descongestiona el sistema judicial llega a las 35.770 personas, mientras que la sobrepoblación llega a las 37.845.

Estos números similares permiten inferir que de resolverse los casos de estos sindicados, que no todos implicarán condena intramural, se podría resolver en cierta parte la crisis de hacinamiento, que llega en todo el país al 47,8%.

EL COLOMBIANO consultó a tres expertos sobre qué vías serían más viables para solucionar la controversia.

Contexto de la Noticia

mínima seguridad

La solución para el problema de sindicados y, en general, del hacinamiento, reside en el aumento de cupos en el sistema penitenciario, explicó Hugo Acero, sociólogo de la U. Nacional y experto en seguridad ciudadana, que agregó que se trata de “fortalecer la mínima seguridad, en sitios donde los reclusos que no representan un riesgo mayúsculo para la sociedad, como quienes han sido condenados por alimentos o por lesiones interpersonales, tienen la posibilidad de llegar a una verdadera resocialización”, explicó y agregó que existen terrenos cerca a las cárceles que ya existen donde se pueden hacer estos espacios.

Racionalizar la prisión

“Está claro que la forma más eficaz es que la persona que está sindicada se le resuelva su situación jurídica dentro de los trámites establecidos. Si así fuera, no pasarían más de seis meses. Esa sola circunstancia disminuiría el número de presos”, consideró Juan Carlos Álvarez, experto en derecho penal.

Se requeriría un aumento de la infraestructura carcelaria, distinta a donde están los condenados. Por otra parte, el sistema de detención preventiva se puede racionalizar aún más y restringir a la estricta necesidad, donde los hechos delictivos puedan poner en peligro a la comunidad o a las pruebas”, concluyó.

Reforma estructural

“La politica penal da réditos, porque en Colombia gusta ver a la gente en la cárcel, pero la prisión preventiva es un sistema a pérdida. Deja a la persona marcada de por vida, sin la seguridad de que sea culpable y eso ha generado una cantidad de demandas perdidas por el Estado”, explicó Laura Ordóñez, profesora de Antropología de la U. del Rosario. Para ella, la solución debe partir de una reforma estructural, que regule la prisión preventiva, la casa por cárcel y acompañe al acusado que sea excarcelado, porque al salir en malas condiciones económicas, se genera un enorme riesgo de reincidencia en los delitos.

INFORME Algunos de los hallazgos

· En Medellín, la sala de paso tiene cupo para 30 personas y hoy alberga a 94.

· En Santa Marta, un operativo con 80 capturas solo pudo llegar a 33 detenidos.

· En Pasto, hay 78 personas detenidas en las URI, que tienen cupo para 25.

· En Buenaventura, 193 presos fueron ubicados en una bodega, sin garantías.

Julián Amorocho Becerra

Periodista bumangués del área digital de El Colombiano. Busco historias que demuestren que la realidad siempre supera a la ficción.

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