La Fiscalía denunció que los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estarían cobrando a las administraciones de seis ciudades por los traslados de detenidos de sitios temporales, como las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía, a las cárceles.
Estos llamados sobresueldos se están presentando en Medellín, Pasto, Cúcuta, Pereira, Villavicencio y Barranquilla, donde los miembros del Inpec se estarían rehusando a prestar el servicio.
El ente acusador evalúa que se puedan estar presentando en estas acciones delitos como la extorsión, constreñimiento, concusión, prevaricato y peculado, entre otros crímenes.
La acusación no ha sido bien recibida desde el Inpec, pues su sindicato, la Unión de Trabajadores Penitenciarios, respondió argumentando que frente a los traslados de internos se han ajustado a la norma.
Recordaron que los internos detenidos preventivamente por mandato legal y aún no vencidos en juicio son sindicados y no condenados, por tanto, su manutención “corresponde a las entidades territoriales”.
Lo que dicta la Corte Constitucional en tres sentencias, la última la T 762 de 2015, es que son las alcaldías las que tienen obligación con los privados de la libertad, aún no vencidos en juicio, para localizarlos en prisiones y no tener que contratar con el Inpec.
Según la denuncia del sindicato, hay más de 200 alcaldías que no tienen convenios con el Inpec para mantener a sus reclusos y, por ello, no consideran que exigir pagos a las alcaldías sea un delito.
Por eso llamaron a la Fiscalía a investigar a las alcaldías que se han rehusado a contratar la manutención de estos sindicados, que componen el 30,5% de la población reclusa.
Acorde con las estadísticas del Inpec, la población que no tiene definida su situación jurídica pero sigue privada de la libertad mientras se descongestiona el sistema judicial llega a las 35.770 personas, mientras que la sobrepoblación llega a las 37.845.
Estos números similares permiten inferir que de resolverse los casos de estos sindicados, que no todos implicarán condena intramural, se podría resolver en cierta parte la crisis de hacinamiento, que llega en todo el país al 47,8%.
EL COLOMBIANO consultó a tres expertos sobre qué vías serían más viables para solucionar la controversia.
