A la cuenta bancaria de Ricardo Abel Ayala Urrego, conocido como “Cabuyo” o “Jeferson Martínez”, le entran mensualmente 703.200 pesos desde hace seis meses, y también se le hizo un pago único de dos millones como cuota de normalización, tal y como estaba acordado para todos los excombatientes de Farc tras firmarse el acuerdo de paz entre el Gobierno y ese grupo guerrillero, ahora político.
La diferencia de Ayala Urrego con la gran mayoría de exmiembros de la organización subversiva, es que fue acusado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y las autoridades militares y policiales, de liderar una disidencia del frente 36 de las Farc en el norte de Antioquia, específicamente en Briceño e Ituango, donde se han registrado al menos 20 hechos delictivos, generando temor y zozobra entre el campesinado de esas poblaciones que creyeron que la guerra era cuestión del pasado.
“Yo personalmente pasé esa solicitud al Gobierno Nacional. Manifesté que en Ituango y parte de Briceño está ‘Cabuyo’ con un grupo dedicándose al narcotráfico”, dijo el mandatario regional en uno de los consejos de seguridad que lidera.
EL COLOMBIANO confirmó con la Oficina del Alto Comisionado de Paz, OACP, que “Cabuyo” hizo parte de todo el proceso de dejación de armas de las Farc y se integró a la zona veredal (ahora Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR), de La Plancha en Anorí, Antioquia.
Cómo todo desmovilizado recibió sus beneficios, incluida la amnistía, la cual no le ha podido ser notificada porque desde hace más de cinco meses abandonó (no es obligatorio permanecer allí) el ETCR ubicado en Anorí, donde actualmente se encuentran 105 excombatientes, según confirmó Ovidio Mesa Ospina, quien durante la guerra comandó el Frente 36 de las Farc (ver ayuda).
Sobre lo que pueda pasar con los beneficios para este exintegrante del antes grupo insurgente, la OACP explicó que sí se comprueba que esa persona cometió delitos después del primero de diciembre de 2016, “la justicia ordinaria es competente para realizar las actuaciones correspondientes y la Oficina no tiene competencia sobre estos casos”. Sobre los beneficios, agregó que estos los pedería el acusado en caso de comprobarse que es culpable; e incluso, hay una orden de captura emitida en su contra.
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