Pese a que la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las alcaldías del país para que, junto al inicio de las clases, arranque el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país, y así se garantice un regreso a clases con alimentación ideal para los estudiantes.
De acuerdo con el Ministerio Público, se observa con preocupación especial a los departamentos Cesar, Norte de Santander y Sucre, así como los municipios de Buenaventura, Ipiales, Palmira, Tumaco y Valledupar, que según informó el Ministerio de Educación Nacional, al 8 de enero no habían definido cómo efectuarán la prestación de este servicio, “y en algunos casos, ni siquiera han realizado la publicación de pliegos para adelantar el respectivo proceso de contratación, lo que significa una eventual vulneración del derecho a la educación de 460 mil beneficiarios”, se lee en el comunicado emitido por el organismo de control.
De igual manera, señala la Procuraduría, desde noviembre pasado exhortó a los mandatarios de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) a cumplir con sus obligaciones para la prestación oportuna del servicio de alimentación escolar, “con el fin de evitar que se presenten nuevamente demoras en el inicio de la operación del programa”.
El año pasado, tan solo 38 ETC iniciaron la entrega del complemento alimentario desde el primer día de clases. “En más de la mitad del país la operación del PAE comenzó dos o tres semanas después, y en algunos casos, las demoras superaron los 2 meses, situación que obligó a la Procuraduría a recurrir a acciones de tutela para garantizar la prestación del servicio”.
El órgano de control agrega que adelanta más de 200 acciones disciplinarias por irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el país.
Este lunes se conoció que, particularmente en Córdoba, la Procuraduría vigila recursos por $36.000 millones para este programa.
