Ante las denuncias de las autoridades de que no se detiene el reclutamiento forzado de menores por grupos armados ilegales, un nuevo proyecto de ley será presentado al Congreso para aumentar las penas de prisión por este delito de lesa humanidad.
Así lo anunció la representante a la Cámara de Representante, Margarita María Restrepo, quien cuestionó que “en Colombia, las penas oscilan entre 5 a 10 años, pero internacionalmente hay una diferencia muy grande, las penas son de 15 a 30 años. Pensamos que hay que fortalecer el código penal en lo que concierne al reclutamiento”.
Su iniciativa busca que la legislación tenga en cuenta nuevos enfoques sobre el fenómeno derivado del conflicto, ya que además del reclutamiento ilegal, los estudios sugieren que se cometen otros delitos y violaciones a los derechos de los menores, como la trata de personas.
Según Restrepo, “hablamos de esclavitud, hablamos de secuestro, hablamos de esclavitud sexual, de utilización para fines delictivos”.
El proyecto se conoce pocos días después de que los negociadores de las Farc aseguraron desde Cuba que no entregaran a los niños y adolescentes reclutados, como lo habían anunciado en medio de los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.
“Colombia está violando los derechos internacionales al seguir negociando con unos narcoterroristas que siguen reclutando niños y que no nos han devuelto los que aún tienen en sus filas”, manifestó.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, también reclamó la devolución de los menores que integran las Farc, que se calculan en 2 mil jóvenes. “Los derechos de los niños son sagrados y utilizarlos en el conflicto es un crimen atroz que no podemos tolerar más”.
Desde 1999, el programa del Icbf ha atendido 5.753 menores de edad desvinculados de guerrillas, autodefensas y bandas criminales. Cerca de 3 mil (60 %) integraron las Farc.
