El plazo es de 18 meses para que el próximo Gobierno logre la aprobación de una nueva reforma constitucional, que cree dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una sala especializada en juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas.
Así quedó ayer en la Plenaria del Senado la ley de procedimiento de la JEP que, después de un intenso pulso entre el Gobierno Nacional, la bancada del Centro Democrático y otros parlamentarios opositores, logró destrabarse y ser aprobada.
El artículo nuevo, propuesto por la senadora Paloma Valencia, dice que “los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, iniciarán y continuarán su trámite una vez el procedimiento especial y diferenciado para el juzgamiento exista”, y deja abierta la puerta a que los militares soliciten de “manera expresa” que su proceso continúe con la reglamentación como está.
Y agrega: “mientras mantengan los compromisos de sometimiento a la JEP, podrán mantener los beneficios del sistema y las medidas provisionales decretadas a su favor antes de la entrada en vigencia de esta ley”.
Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dejó una constancia de que este artículo es inconstitucional, ya que el Acto Legislativo 01 de 2018, que incorporó la JEP a la Constitución, obliga a la comparecencia de exguerrilleros y militares.
Los que celebran
El general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore), festejó que el Senado hubiera tomado esta decisión, ya que “desde que se anunció el listado de los magistrados vimos que no eran garantía por su sesgo ideológico. La aprobación de esta figura, de permanecer en la JEP pero no comparecer hasta que no se haga la nueva reforma, nos favorece, esperamos que no haya ningún inconveniente de la Corte”.
Ruiz manifestó que el Gobierno nunca quiso escuchar las voces de los militares, que únicamente ayer fueron oídas en el Senado.
Y en cuanto a la posibilidad de que la Corte Penal Internacional intervenga, ya que está atenta a la nueva normativa, como lo advirtió en un informe preliminar en diciembre pasado, dijo que “los militares sometidos a la JEP siguen vinculados a los procesos, no se cierra ninguno y están obligados a comparecer en el momento que corresponda, habría algo que alegar ante esa Corte”.
No quedaron contentos
Del otro lado están los militares activos, y muchos de los sometidos a la JEP, que consideran que esta jurisdicción es la única capaz de darles seguridad jurídica.
En una carta enviada a la senadora Paloma Valencia, antes de la votación, la cúpula militar expresó que “en este momento necesitamos con urgencia cortar con el fundamento jurídico de los procedimientos que han de observarse en la línea procesal de las actuaciones de la JEP, precisamente porque son indispensables para blindar la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública en el ámbito nacional e internacional”. Esto quiere decir que los militares activos destacan que como estaba conformada la ley ya tenía incorporados aspectos para la seguridad jurídica de la Fuerza Pública.
Esto para darle tranquilidad a los 1.500 militares y policías que han salido en libertad condicionada por someterse a la JEP, según la cúpula militar en su carta.
En ese mismo sentido, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, expresó durante la plenaria que ese nuevo artículo “mantiene una cierta incertidumbre para la Fuerza Pública, cuando lo que tenemos que hacer es reducirla. Dar un plazo de 18 meses para que esté lista la nueva reforma constitucional es generar una incertidumbre exagerada, la JEP puede darles tranquilidad”.
Es el caso, por ejemplo, del mayor (r) César Maldonado, en libertad condicional desde el 27 de noviembre de 2017 y quien tendría que esperar hasta dentro de 18 meses para que su proceso jurídico empiece a resolverse.
“Esto nos mantiene en una situación ‘subjudice’, que nos preocupa, dado el caso de que a nosotros no nos están dando oportunidades laborales porque aún tenemos los antecedentes penales, que serán levantados una vez se cumpla con la sanción impuesta, como está establecido en la normatividad de JEP”.
Además, a Maldonado le preocupa la creación de esa sala especial, porque “el presidente electo (Iván Duque), durante la primera vuelta, ya había ofrecido comentarios públicos acerca de que los militares que estaban incursos en investigaciones penales eran los que habían deshonrado el uniforme y por lo tanto debería dárseles un tratamiento penal más riguroso, sabiendo que los delitos en los que estamos incursos fueron cometidos en el marco del conflicto, de las operaciones militares, no de delitos comunes”.
Como el actual Congreso tiene las horas contadas, al filo de media noche, el Senado y la Cámara debatirán y votarán la conciliación de este proyecto, así que hoy antes del partido de la Selección Colombia habrá mayor claridad; solo entonces el presidente Juan Manuel Santos, quien debe sancionar la ley, se pronunciará sobre si lo hará o la objetará por inconstitucional para que la Corte la revise
