Al terminar la administración como fiscal general de la Nación de Eduardo Montealegre, el ente acusador quedó con varios retos frente a la administración de justicia en el país, el más inmediato la recopilación del actuar delictivo de las Farc, antes de la firma del proceso de paz.
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En 2012, cuando Montealegre Lynett asumió su cargo en el ente investigador y prometió modernizar la entidad para hacerla más eficiente. En ese proceso se creó la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac), con el objetivo de priorizar las investigaciones, y realizar indagaciones en los que se identifique el actuar criminal, esta dependencia fue la que tomó el mando en casos como la muerte del exministro Rodrigo Lara Bonilla, la del político Bernardo Jaramillo Ossa, y la del dirigente José Antequera.
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Igualmente, la Dinac asumió las investigaciones por los crímenes del Eln y las Farc, por lo que el nuevo fiscal tendrá tareas mayores de inmediato, dado que este año la Fiscalía tendrá que acompañar la creación del Tribunal Especial para la Paz.
Según datos oficiales consultados en la Fiscalía, tan solo contra civiles hay más de 1500 investigaciones que estarían enmarcadas dentro del conflicto armado. Este tipo de procesos tendrían que ser puestos en conocimiento del Tribunal Especial, en caso de que los involucrados deseen someterse a este tipo de justicia.
Igualmente, a integrantes de las Farc la Fiscalía les adelanta once mil procesos por diferentes delitos, los cuales también serían puestos en conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y si la guerrilla del Eln decide someterse a la justicia, el ente acusador tendría que compulsar copias por más de 15 mil procesos adicionales.
A la par, la Fiscalía recibe en promedio un millón 250 mil denuncias al año, por diferentes delitos, que también deben ser estudiadas. Será tarea del nuevo fiscal determinar cómo atender ese elevado número de procesos que llegan diariamente a la entidad.
Además tendrá que resolver procesos de relevancia nacional como, el caso contra el expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Bedoya; la presunta relación de Santiago Uribe con paramilitarismo; la señalada red de prostitución masculina dentro de la Policía Nacional; la finalización de la judicialización de los implicados del desfalco de InterBolsa y el ‘Carrusel de la Contratación’; y el proceso por acoso sexual y maltrato laboral contra el exdefensor del Pueblo.
