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Gobernadores lograron frenar centralización de recursos
Luis Pérez tenía razón, el Gobierno, vía decreto, pretendía apropiar las rentas que van a la salud.
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Aunque el Gobierno dio reversa, es reiterada la queja de falta de presupuesto en clínicas y hospitales. FOTO Manuel Saldarriaga
17 de enero de 2018
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El Ministerio de Salud quería centralizar los recursos que tienen los departamentos por concepto de impuestos de licor, tabaco y juegos de azar, los gobernadores se pusieron las pilas y ganaron el pulso, pues el Gobierno Nacional anunció que reversará el Decreto 2265, que imponía nuevas condiciones y que pretendía destinar estos recursos para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), firmado el 27 de diciembre (Ver recuadro: Los acuerdos alcanzados).
¿Por qué la puja? El primero que puso el grito en el cielo fue el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien 15 días después de publicado el decreto, en cartas dirigidas al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, y al presidente Juan Manuel Santos, les recordó que esta decisión dejaría sin recursos a los departamentos, dinero que se invierten en necesidades identificadas como prioritarias. Además, les dijo que la Constitución Política prioriza la descentralización de los recursos, situación que no cumplía este decreto.
A este reclamo se sumaron los gobernadores del país, en especial, Eduardo Verano de La Rosa, del Atlántico; Guido Echeverri Piedrahíta, de Caldas, quienes, en reunión con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y 10 gobernadores más, discutieron los alcances proyectados, pues se desfinanciaría la salud en las regiones.
Reunión vital
La cita del pasado lunes fue clave y fue vista como “urgente” por la Federación Nacional de Departamentos (FND), que sirvió como puente.
Carlos Arango, asesor de salud en la FND, destacó que el gobierno estuvo “dispuesto y atento” a escuchar las observaciones de los mandatarios departamentales y “comprendió las razones para hacer los cambios que debían hacerse, que están en los cuatro puntos que se fijaron en el documento”, tras finalizar la agenda.
Por su parte, José Norman Salazar, director del Centro Nacional de Derecho Médico, sostuvo que, en parte, ambos tienen la razón. Explicó que “centralizar el dinero permitiría un mayor control y evitaría que las fugas de recursos”, y los ya conocidos escándalos de corrupción en este sector como en el caso de La Guajira, alcanzaron $5.537 millones; el cartel de hemofilia en Córdoba, o los líos con Saludcoop, Cafesalud y Caprecom. La justicia a descubierto verdaderos festines políticos con el dinero de la salud.
Sin embargo, los gobernadores tienen razón, porque los recursos que se pretendían centralizar a través del Decreto son destinados para fines puntuales en la salud local. “Lógicamente, al quitarles esos recursos, sería un atentado porque no es la misma priorización la que le dan en Bogotá, pues tocaría explicarle al Ministerio que, por ejemplo, Antioquia tiene necesidades para atender el dengue, pero en Bogotá no”.
Otro ejemplo que citó Salazar es el de Caldas, pues en el municipio de Aranzazu está priorizada la salud mental, dadas algunas condiciones especiales de la zona, “pero en Bogotá no sería visto igual de prioritario, porque no lo estarían viendo”.
Victoria territorial
Ante este paso victorioso de los gobernadores, EL COLOMBIANO consultó con tres de ellos.
Por el lado de Antioquia, Pérez Gutiérrez destacó que la ley dice que el 37 % de las ganancias de los licores “se deben invertir en salud” y recordó que no solo deben ser para aseguramiento, sino para otros sectores.
“Le probé al ministro que no existe ninguna norma que permita llevarse los recursos de los licores para Bogotá. El ministro tuvo la gallardía de aceptar eso, y por esto se modifica el Decreto”, manifestó.
El gobernador de Atlántico, Verano de la Rosa y el de Caldas también mostraron su tranquilidad, pues se les dio la razón en cuanto a que dichos recursos deben ser administrados por las entidades territoriales. “No podíamos permitir que la solución para financiar el sistema fuera quitarnos los pocos recursos que tenemos”, indicó Verano.
En la misma línea, el gobernador de Caldas resaltó que lo que buscaba el Gobierno Nacional tenía vicios de legalidad e inconstitucionalidad, e indicó que “sigue el compromiso de los departamentos de cofinanciar la salud, pero sin que el Gobierno intervenga en su destinación”.
Sobre lo alcanzado, el ministro reconoció que la reunión pudo ser “en diciembre, pero lo importante es que la situación se resolvió” y agregó que son “dificultades técnicas, que se solucionan a través del diálogo” entre las partes. Ahora, el Minsalud deberá publicar, en dos semanas, el nuevo Decreto.
$247
mil millones estimó Antioquia que perdería si el Decreto 2265 se mantenía.
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