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El Gobierno consideró que la vinculación de estas personas al ICBF generaría una carga insostenible para el Estado. Expertos piden que la medida sea evaluada.
Las cerca de 55.000 madres comunitarias que tenían esperanza de que a partir de este año se iban a convertir en trabajadoras formales del Estado, tendrán que esperar hasta que una nueva ley o un nuevo gobierno decida darles ese reconocimiento.
El Gobierno devolvió el proyecto de ley ese sentido, aprobado por el Congreso el año pasado, que estaba a la espera de sanción presidencial, por considerarlo inconstitucional e inconveniente.
Según el comunicado, los artículos que desarrollan el subsidio a la vejez y a la educación gratuita afectan la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y el principio constitucional de sostenibilidad fiscal.
“Implicaría la vinculación directa al ICBF en calidad de empleadas de las madres comunitarias, sustitutas y tutoras, le representaría erogaciones por 769.748 millones anuales. El ICBF pasaría de tener 6.000 servidores a 61.000”, afirmó el Gobierno.
Sobre el derecho a la educación, el Ejecutivo consideró que la capacitación y formación...