Después de 32 horas de diálogo en el municipio de Santander de Quilichao, el Gobierno Nacional acordó con las autoridades indígenas del Cauca suspender las manifestaciones y los bloqueos en las vías. Además, fijó una agenda común que incluye temas de justicia, paz, derechos humanos, medio ambiente y relación campo-ciudad.
Pese a que el Congreso de los Pueblos había solicitado el cumplimiento de siete puntos por parte del Gobierno (como derogar la Ley Zidres y garantizar la participación activa del campesinado en el proceso de paz), el acuerdo se limitó a levantar el paro y a tocar los temas de fondo en una próxima reunión que se realizará el próximo 17 de junio en Bogotá.
Esta fue la conclusión del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, después de la reunión. “Hemos llegado a un acuerdo viable que permite que las comunidades participen activamente en la paz de Colombia y al reconocimiento de las comunidades indígenas y las comunidades afro, con las que tenemos una deuda histórica”.
Sobre las otras solicitudes de los manifestantes, como la solicitud de nuevas políticas frente a la minería, el ministro señalo que estas son “discusiones que no se resuelven en una mesa de negociación por un paro. Se trata de políticas públicas que se resuelven democráticamente en el debate con todos los colombianos”.
¿Qué se acordó entonces? fue la pregunta de algunos periodistas que estaban en el lugar de la reunión: “acordamos seguir avanzando en la creación de escenarios que permitan que la Cumbre Agraria pueda plantear esos debates de cara al país y discutirlos”, dijo Cristo.
En la reunión, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) insistió en el primer punto del pliego de peticiones, el cual consiste en el ordenamiento territorial: “el país necesita un proceso de reordenamiento territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias”, señalaron voceros de la organización.
Ese punto, por ejemplo, quedó pendiente para la próxima reunión en Bogotá, en la que participarán los ministros o viceministros de Agricultura, Interior, Ambiente y Vivienda, así como el Departamento Nacional de Planeación. Según Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic, el Gobierno se comprometió a incrementar las transferencias a los resguardos indígenas en 1 o 2 %. La propuesta se llevará al Congreso.
El segundo punto en la agenda tiene que ver “con la falta de reconocimiento político de los derechos de los campesinos y la insuficiente garantía de derechos de afrocolombianos e indígenas”.
