La movilización indígena se hizo sentir durante el tercer día de la Minga Nacional Agraria, Étnica y Popular. En 27 departamentos hubo marchas contra las políticas del Gobierno Nacional; algunas terminaron con enfrentamientos con el Esmad, como sucedió en la vía Panamericana, carretera que completó 24 horas cerrada. El Ministerio de Defensa reportó 15 heridos durante la jornada: siete policías, cuatro indígenas y cuatro civiles.
Por labores de inteligencia, dijo el Ministerio, se logró confirmar que la guerrilla del Eln se infiltró en las protestas, principalmente en Chocó, Norte de Santander, Cauca y Cesar. Esta afirmación fue rechazada por las autoridades indígenas.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó como inaceptables los bloqueos. Según él, se han “pinchado vehículos, les han tirado piedras, lo cual es francamente condenable”. A renglón seguido, el ministro convocó a la mesa única nacional para establecer un diálogo con las comunidades.
No todas las manifestaciones terminaron en conflicto. En la Gobernación de Córdoba, alrededor de 200 indígenas, la mayoría de la comunidad embera katío, rodearon la Gobernación departamental para ser escuchados. A 800 kilómetros de Córdoba, en el departamento del Tolima, grupos indígenas provenientes de Natagaima, Cayoima y Chaparral protestaron pacíficamente en la vía que conduce al Huila. En Puerto Gaitán (Meta) las autoridades indígenas se movilizaron para que el Gobierno garantice la protección de sus territorios frente a los proyectos minero energéticos de la zona.
Reclamos de la Onic
Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), no negó los episodios de violencia: “tenemos 31 puntos de concentración en todo el país, desde La Guajira hasta Nariño. Llevamos 65 heridos porque la respuesta del Estado ha sido la represión. Siempre es la misma respuesta: que la guerrilla está infiltrada y por eso ignoran las demandas del paro. Todavía no se ha podido instalar una mesa de negociación”.
En horas de la tarde, el presidente Juan Manuel Santos respondió en su cuenta de Twitter: “Respetamos derecho a la protesta campesina. Estamos listos para dialogar y tomar los correctivos necesarios para seguir avanzando”.
El mensaje de Santos es bien conocido por las autoridades indígenas: “es que llevamos 1.000 horas conversando, pero ni cinco minutos cumpliendo los acuerdos”, dijo Arias. Sobre la línea de financiación a través del Fondo de Fomento Agropecuario, la Cumbre Agraria señaló que solo ha recibido el 40 por ciento de los 250 mil millones de pesos que se comprometió a invertir el Ejecutivo en 2014. El Estado ha reconocido que se han invertido 81.000 millones de pesos en 73 convenios.
El Gobierno todavía no ha respondido sobre las otras dos propuestas de los grupos indígenas: “eliminar la ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), que legaliza el despojo de tierra y pone en riesgo la soberanía alimentaria y replantear el glifosato, que otra vez se está volviendo a usar. Además, se está fumigando sin ofrecer alternativas económicas para los campesinos”, dijo Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos.
César Pachón, del movimiento Dignidad Agropecuaria, señaló que en Boyacá y Cundinamarca los campesinos no se han movilizado aunque están inconformes con el Gobierno.
“Nos estamos recuperando del fenómeno de El Niño, la mayoría de los campesinos estamos cultivando. Sin embargo, de los compromisos que adquirió el Gobierno solo se ha cumplido el 5 por ciento, y no se han interesado por seguir invirtiendo en las regiones. El ministro de Agricultura nos dijo: acá hay dos modelos, el A, que es el de libre comercio, y el B, que es el proteccionista. Para pasar del modelo A al B, derrótennos en las urnas”.
