Ultimátum de la Corte para que el Gobierno garantice derechos fundamentales de los presos

  • Las seis cárceles que el alto tribunal amenaza con cerrar, en caso de que el Gobierno no cumpla el plazo, son: la de Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista en Medellín (foto) San Isidro en Popayán y la de Barrancabermeja (Santander). FOTO ARCHIVO JULIO CÉSAR HERRERA
    Las seis cárceles que el alto tribunal amenaza con cerrar, en caso de que el Gobierno no cumpla el plazo, son: la de Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista en Medellín (foto) San Isidro en Popayán y la de Barrancabermeja (Santander). FOTO ARCHIVO JULIO CÉSAR HERRERA
Efe | Publicado el 20 de abril de 2015

La Corte Constitucional publicó este lunes una resolución que da un plazo máximo de tres años al Gobierno para que garantice los derechos fundamentales de los presos bajo la advertencia de que, si el Ejecutivo no cumple, cerrará seis cárceles del país.

El texto, de más de 600 páginas, se emitió en junio de 2013, pero solo fue publicado este lunes, dijeron fuentes del alto tribunal.

La resolución de la corte se produjo tras acumular nueve acciones de tutela en las que “una o más personas privadas de la libertad reclaman la protección del juez de tutela de sus derechos fundamentales por la violación a la que las instituciones carcelarias los tienen sometidos, debido a las condiciones indignas e inhumanas de reclusión”, según consta en el escrito.

Todas las denuncias procedían de seis cárceles, las mismas que el alto tribunal amenaza con cerrar en caso de que el Gobierno no cumpla el plazo: la de Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista en Medellín, San Isidro en Popayán y la de Barrancabermeja (Santander).

En estos centros “el Estado colombiano sigue careciendo de la capacidad de tenerlos (a los reos) recluidos y privados de la libertad de manera digna” añade el texto, que establece que serán la Procuraduría y la Defensoría del pueblo, entre otros, quienes vigilarán los avances del Gobierno en este sentido.

Pese a que el escrito fue redactado en junio de 2013, los tres años de plazo que otorga al Ejecutivo para que cambie la situación comenzará en cada cárcel en el momento en que estos centros reciban la resolución, especificaron las mismas fuentes.

Por el momento, no está claro si todas las prisiones ya tienen el documento en sus manos.

La superpoblación de las cárceles colombianas ya ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la Defensoría, pero este requerimiento ha sido determinante para que la Comisión Segunda del Senado aborde este martes la situación en un debate de control político, indicaron fuentes parlamentarias.

El encuentro “buscará hacerle seguimiento a lo ordenado por el alto tribunal y llamar la atención del Gobierno nacional para que adopte medidas inmediatas que puedan resolver la crisis del sistema carcelario”, indicó la oficina del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, que impulsó el debate.

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