Capturados por el caso Invima buscan rebaja en sus penas

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COLPRENSA | Publicado el 04 de septiembre de 2018

Las 16 personas vinculadas en una presunta red de corrupción, que se dedicaba a expender licencias de medicamentos falsos, están buscando un preacuerdo con la Fiscalía para colaborar con la justicia y obtener una rebaja en el proceso que se les adelanta.

Claudia Liseth Peñaranda Mantilla fue la primera implicada en realizar tal pedido, quien por intermedio de su abogada hizo saber que prenderá el ventilador y entregará detalles de lo que fue el modus operandi de dicha organización, que vincula a 12 funcionarios del Invima.

“Me dirijo en nombre y representación de mi prohijada para manifestar su total interés de contribuir con la justicia, informando con su declaración y aportando material probatorio, conducente y pertinente que permita esclarecer los hechos y conductas de investigación”, dijo la defensa.

Otra procesada que pretende llegar a una negociación es Melissa Márquez Márquez, quien a través de se abogado anunció que durante el transcurso de este martes se reuniría con delegados de la entidad para llegar algún acuerdo, pero el resultado de la negociación se conocerá hasta este miércoles, momento en que se reanude la diligencia judicial.

En el proceso que se adelanta en el Complejo Judicial de Paloquemao desde hace tres días también está vinculada la reconocida empresaria de productos de belleza Stella Durán de Navarro, quien en medio de la legalización de captura sufrió una crisis en su estado de salud.

Otros implicados

La Fiscalía también llamó a los estrados judiciales a Diego Fernando Isaza Ortiz, Laura Marcela Rodríguez Castro, Jhon Leandro Plata Hernández, Anayibe Gómez Riveros, Hernán Darío Herrera García, Álvaro Antonio Domínguez Hincapié, Jorge Iván Sánchez, Rafael Orlando Higuera Bello, Clara Inés Acevedo Galvis, María Cristina Calderón Ortiz, Agustín José Sánchez Mora, Miguel Ángel Gómez Rodríguez y Alicia Fernanda Celis Ferreira.

Dicha red criminal “condujo a que miles de colombianos adquirieran medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza sin inspecciones científicas, lo que representa un verdadero peligro para los colombianos”, aseguró el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Para el jefe de la entidad es claro que los funcionarios del Invima habrían recibido dinero para obtener registros sanitarios falsos, sin que la entidad haya revisado los lineamientos que deben cumplir para salir al mercado.

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron la alteración en los sistemas de información para hacer aparecer en el mercado dichos productos, según explicó Martínez, quien anunció que los procesados falsificaban los estudios de estabilidad de cada uno de los productos y, con ello, los medicamentos tenían un control calificado por el Estado.

El jefe del ente acusador señaló, en su momento, que dichas acciones no eran suficientes para cumplir con el ilícito, sino que también fue necesario fijar una serie de precios.

“Por trámites de renovación de registro sanitario de un producto los capturados cobraban al menos 750.000 pesos. Por la venta de estudios de estabilidad de productos aprobados por el Invima, con lo que buscaban dar soporte a productos nuevos y cuyo registro era solicitado por los laboratorios intervenidos, tenían un valor promedio de 2.000.000 de pesos”, dijo.

Anunció que si bien es cierto, son sumas considerables de dinero, había un servicio que superaba los 10 millones de pesos.

“Son servicios de preauditorías para garantizar las certificaciones de los laboratorios cuando se recibieran visitas oficiales del Invima, por 14.000.000 de pesos, advirtiendo que esta tarifa no incluye ni tiquetes ni viáticos”, manifestó el fiscal General.

Los funcionarios deben responder por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos públicos; mientras que a los particulares le serán endilgados los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir y falsedad ideológica.

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