Después del proceso de desmovilización de las autodefensas, entre 2003 y 2006, llegaron cientos de casos de violencia intrafamiliar a las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Detrás de la mayoría de episodios existían agresiones sistemáticas de reinsertados que habían vuelto al hogar.
En la Corporación Humanas, por ejemplo, se conoció el caso de una mujer de la región Caribe que había sido maltratada por su esposo, quien hacía parte de grupos paramilitares: “tuvimos varios reportes de hombres que estuvieron en la guerra y que al regresar a la casa utilizaban técnicas especializadas para ejercer la violencia contra la mujer, como castigos que aprendieron en combate”, cuenta María Adelaida Palacio, coordinadora jurídica de la organización.
Si el proceso de paz con las Farc tiene éxito, las oenegés temen que se replique la misma situación que se presentó con las autodefensas: “En este aspecto hay que prestar mucha atención, porque las violencias de la guerra se trasladan al espacio íntimo. Además, la violencia en el ámbito privado sigue siendo una constante en Colombia”.
En el país, según las cifras del informe Forensis de Medicina Legal, cada tres días es asesinada una mujer por su pareja o expareja. En 2015 se presentaron 114 casos. Si bien la cifra se redujo en comparación con 2014 (año en el que se registraron 145), la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer llamó la atención sobre el número de casos de violencia intrafamiliar: 26.985 casos .
El director nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, reveló que, cada domingo, 221 mujeres son víctimas de violencia de pareja. Después de analizar las cifras llegó a la siguiente conclusión: “El ocio en Colombia es uno de los factores de riesgo para la vida”.
La Consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez, reconoce que el problema de la violencia intrafamiliar puede ser central en el posconflicto. “Hemos venido trabajando muchísimo, invitando a las mujeres para que sigan denunciando a través de la línea 155. También hemos logrado el acompañamiento de concejales y diputados. Hemos trabajado con comisarías de familia, buscando que el enfoque de género sea transversal a todas las instituciones”.
De acuerdo con el informe Forensis, en lo corrido de 2015 se presentaron 19.561 casos violentos en las viviendas de Colombia. De los 26.985 episodios de violencia intrafamiliar, 6.750 se registraron en Bogotá, 3.531 en Antioquia, 2.054 en Cundinamarca y 1.766 en Valle del Cauca. Además, en el mismo lapso fueron asesinadas 926 mujeres en el país.
Detalles del informe
Además de la violencia intrafamiliar, el informe Forensis de Medicina Legal devela otro frente que genera preocupación: la violencia sexual. Según el Instituto, cada día se practicaron 60 valoraciones “por presunto delito sexual”. Los departamentos con más casos registrados fueron: Bogotá, (4.505), Antioquia (2.710), Valle del Cauca (1.937), Cundinamarca (1.418) y Santander (1.296).
El problema de los delitos sexuales, como lo detalla el informe, es que también se dan en el ámbito privado. Entre 2009 y 201 se practicaron 127.703 exámenes médico legales por presunto delito sexual. Del total, 107.698 casos (el 84,3 %) corresponde a valoraciones en mujeres.
La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, creada en septiembre de 2014, ha intentado asegurar la implementación las leyes que protegen a las mujeres.“ Hemos hecho seguimiento a la Ley 1257 de 2008 y hemos gestionado la asistencia técnica para que los funcionarios que atienden la violencia, y la misma Policía, entiendan la política pública de equidad de género”, explica Martha Ordóñez.
Una de las leyes que no ha logrado aterrizar el Gobierno es una de las más emblemáticas: la 1761 de 2015 (también conocida como ley Rosa Elvira Cely). Con esta norma, se estableció que en los casos donde una persona asesine a una mujer por razones de género (feminicidio) podría pagar hasta 41 años de cárcel.
¿Cómo diferenciar un homicidio de un feminicidio? Esta fue la pregunta que comenzó a replicarse en los pasillos de los juzgados, y que hoy, para algunos fiscales, jueces y policías, no tiene respuesta clara. Las mismas cifras de la Consejería para la Equidad de la Mujer señalan que, hasta julio de 2016, se habían dictado cuatro condenas por feminicidio.
Un dato menor si se tiene en cuenta que en los últimos 10 años la Fiscalía ha abierto 34.571 casos que podrían ser considerados feminicidios. Cerca del 90 % de estos hechos, según el ente acusador, están en la impunidad.
Las cifras del Instituto Nacional Penitenciario también dan cuenta del problema que generan los delitos sexuales. Hasta el 31 de diciembre del año pasado, la entidad reportó 20.211 personas privadas de la libertad por delitos contra “la integridad y formación sexual”.
Posconflicto y violencia
En diferentes organizaciones que trabajan por la equidad de género existe la misma preocupación: que la violencia de la guerra se traslade a los hogares. En diferentes reuniones se ha hablado sobre la “teoría de la normalización”, la cual sugiere que al vivir en un entorno violento, el ser humano puede tomar la violencia como una herramienta válida para resolver los conflictos.
Teresa Aristizábal, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres, es una de las activistas que ha estudiado esta problemática a profundidad. “Vivimos en un país que ha naturalizado la violencia. Nuestra responsabilidad como sociedad de pleno siglo XXI es reconocer ese tipo de violencias que se ejercen contras las mujeres. En el posconflicto hay un reto para transformar esa violencia tan inherente, como la intrafamiliar y la feminicida”.
El cambio, según Aristizábal, debe comenzar en casa: “Los agresores usualmente son personas muy cercanas a la víctima, la pareja o la expareja. Desde la institucionalidad hay unas leyes, pero se requieren cambios desde las emociones, los afectos, las decisiones”.
La responsabilidad estatal va más allá de aprobar leyes a favor de la mujer. Así lo considera la socióloga Martha Sánchez, primera secretaria de la Mujer en Bogotá.
“La violencia contra la mujer tiene especial relevancia en el posconflicto, ya lo vivimos con los paramilitares. Creo que en este caso es fundamental el papel de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR), pues tiene la capacidad de trabajar en este aspecto con los reinsertados”.
La ACR ha venido haciendo el trabajo. En mayo pasado, por ejemplo, la entidad organizó actividades con más de 100 parejas de familia. El programa, conocido como Jornadas de Activación de Procesos de Familia, busca “fortalecer las estrategias de trabajo entre las parejas que conforman una familia, en el contexto de los procesos de reintegración”. En estas jornadas, los funcionarios hablan con las parejas sobre perdón, reconciliación y relaciones asertivas.
La violencia de pareja, como lo demuestra el informe Forensis, presenta altos índices. De los 22.155 casos en donde hubo presuntos delitos sexuales, en 16.813 el agresor fue “una persona cercana, como un familiar, la pareja o expareja”.
El conflicto, como lo demostró el investigador Rafael Santos, ha incidido en la violencia intrafamiliar. En 2004, por ejemplo, encontró que el 28 % de las mujeres que vivían en zonas de conflicto habían sido agredidas por sus parejas, mientras que en los hogares no expuestos a la guerra la cifra fue mucho menor: 4,7 %.
La representante Ángela María Robledo ha pedido, desde 2015, declarar una crisis humanitaria “por lo que está ocurriendo en relación a la violencia contra las mujeres. Pese a que hay leyes valiosas hay una total impunidad cuando se trata de delitos. También hay una profunda debilidad institucional para enfrentar de manera integral a las mujeres. Los operadores de justicia no están preparados para atender de manera idónea a las víctimas”.
Mientras la idea de declarar una crisis humanitaria va tomando forma, la representante pide reconocer el problema en los propios hogares: “además de lo institucional, se necesitan cambios desde la moral y la cultura”.
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mujeres fueron asesinadas en sus casas durante 2015, según Medicina Legal.
