Con planteamientos que a los que solo se llegó luego de varios años de negociación con las Farc, como la habilitación de algunas zonas del territorio colombiano para el sometimiento o concentración de las bandas criminales o los Grupos Armados Organizados, GAO —como son identificados por el Gobierno—, llegó al Congreso la propuesta que busca el sometimiento de estas estructuras armadas ilegales
El proyecto de ley radicado ayer por el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, y conocido por EL COLOMBIANO, contempla en el artículo 38: “El Gobierno nacional determinará la zona geográfica en la cual se realizará la reunión de los miembros del grupo armado organizado, teniendo en cuenta la zona de influencia de la organización, el número de personas que pretenden sujetarse a la justicia y otro factor relevante. Podrán establecerse uno o más lugares”.
Para llegar a estas áreas se crearán corredores de seguridad que permitirán la llegada de los que quieran someterse colectivamente a la ley.
“Este proyecto tiene vectores que estructura en 58 artículos toda una política de sujeción y el sometimiento al poder del Estado, los grupos armados que colaboren con la justicia, que entreguen los menores, entre otras cosas, tendrán derecho a una rebaja del 50% de la pena. No estamos creando en ningún momento actos de impunidad ni acuerdos políticos” dijo Gil.
Lo qué se hará en las zonas
El articulado señala que mientras los integrantes de estas estructuras permanezcan en esos sitios les serán suspendidas las órdenes de captura (cómo sucedió con las Farc), pero el proyecto no prevé la suspensión de la extradición.
Asimismo, mientras se encuentren reunidos en este sitio deberán desvincular a los menores de edad, entregar armas, municiones, uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, listados de testaferros, bienes y activos y sustancias psicoactivas ilícitas.
“La reunión de los miembros del Grupo Armado Organizado en los lugares designados y su permanencia en ellos, es un acto voluntario. Sin embargo, si alguna persona decide dejar las zonas de reunión y tuviere orden de captura suspendida, está será reactivada y materializada inmediatamente”, resalta el proyecto.
Pero lo más importante que se desarrollará en las zonas de reunión es, según el documento, la judicialización de los integrantes de la banda criminal o el grupo armado organizado, proyecto al cual se podrán postular, como lo expresó el mismo Enrique Gil, las disidencias de las Farc.
“Es un procedimiento de justicia ordinaria, de sometimiento a la ley, que no implica ningún tipo de tratamiento especial para esos delincuentes”, expresó el vicepresidente de la República, general (r) de la Policía, Óscar Naranjo.
¿Son contraproducentes?
Aunque el proyecto de ley busca el sometimiento de grupos ilegales que no caben en una negociación política como la que se adelantó con las Farc, para Jaime Jaramillo Panesso, analista político y exintegrante de la Comisión Nacional de Reconciliación, que se presenten nuevas zonas de concentración no es tan conveniente.
“Al asemejarse con la negociación con las Farc se da a entender que se les dará un tratamiento político. Además, se deben tener en cuenta las recomendaciones que se hicieron para el proceso de concentración de los guerrilleros porque se puede volver difícil de controlar”, dice Jaramillo.
En lo punitivo, el proyecto de ley contempla penas de prisión entre 4 y 18 años según el tipo de delito cometido y quedará en manos de un juez la cantidad de meses que pasará en la cárcel y las multas que deberá pagar por delinquir.
1. PARA SOMETERSE DEBEN DECIRLO AL GOBIERNO
El proceso de sometimiento de las bandas criminales inicia con la manifestación de manera escrita de sujetarse colectivamente a la justicia, a través del representante que sus miembros deleguen, mediante un poder formalmente otorgado. Deben precisar la estructura, su área de influencia, su modo de operación y el número de sus integrantes.
2. DEBEN ENTREGAR RELACIÓN DE BIENES ILÍCITOS
Los integrantes de los Grupos Armados Organizados deberán entregar una relación detallada de los bienes conseguidos en la comisión de conductas punibles y que serán entregados en el marco de la sujeción a la justicia. Deberán informar sobre otras actividades económicas y del mercado ilícito de las cuales derivan sus recursos económicos.
3. RELACIONAR EN SU INFORME LAS REDES DE APOYO
En el proceso de sometimiento deberán entregar información sobre las distintas estructuras de apoyo para su actuar delincuencial y violento, en especial aquellas compuestas por otras organizaciones criminales. Deberán también informar de servidores públicos que les ayudaban, y la relación e información de testaferros del grupo y sus miembros.
4. EL GOBIERNO VERIFICA Y DA VÍA LIBRE AL PROCESO
Recibida la solicitud de sujeción, el Gobierno procederá a verificar el cumplimiento formal de los requisitos. Si la solicitud omite cualquiera de los presupuestos señalados, se concederá a la organización solicitante un (1) mes para subsanarla, si cumplen, el Gobierno remitirá la documentación al Fiscal General de la Nación para iniciar el proceso.
5. GOBIERNO AUTORIZARÁ UNA DELEGACIÓN
Una vez analizada la manifestación de sujeción a la justicia, el Gobierno podrá asignar mediante acto administrativo a uno o varios de sus delegados, la facultad de llevar a cabo los acercamientos colectivos, según las funciones descritas en el proyecto de ley, con los representantes de la organización que haya realizado una solicitud de sujeción.
