La semana pasada salió el reporte sobre el Barómetro Global de la Corrupción 2013.
Es el resultado consolidado de una encuesta que se hace en varios países y responde dos preguntas simples y directas: ¿En qué país se pagan más sobornos?, y ¿Cuáles son las instituciones que se perciben más corruptas?
Colombia no sale bien librado: el 22 % de los encuestados aceptó haber pagado sobornos el último año; para completar el panorama, el Congreso y los Partidos Políticos son las instituciones percibidas como más corruptas.
La corrupción se convirtió en una industria lucrativa establecida en las sociedades modernas. No es de ahora, es un fenómeno de tiempo atrás tanto en las sociedades desarrolladas como en las emergentes. Lo que la hace diferente en una u otra es la magnitud de su penetración, pues mientras que en las sociedades desarrolladas sucede, o al menos se descubre con menos frecuencia, parece que en las menos desarrolladas como la colombiana, la corrupción es mal endémico, una forma de generar economías de escala, un (anti) modelo ineludible de negocio.
Ejemplos en el mundo desarrollado tenemos varios, por ejemplo en 2010 Siemens, el gigante alemán de equipos eléctricos, estuvo envuelto en un escándalo de pagos de sobornos en decenas de países para ganar licitaciones; recientemente en USA, de acuerdo a la Comisión de Valores, empleados de la IBM pagaron sobornos a funcionarios surcoreanos para obtener contratos. Un ejemplo más local es el bien publicitado caso de los Nule.
En todos los caso el fin de la corrupción fue acelerar procesos y facilitar negocios, un motivo que para muchos justifica los medios. "La corrupción en Colombia, como en cualquier país del mundo, es inherente a la naturaleza humana", justificó Guido Nule en una entrevista. Según él, la corrupción es un costo que debe ser internalizado por contratistas en particular y por la sociedad en general.
Precisamente pensando en la inherencia de la corrupción y en las aparentes bondades para "acelerar" procesos y negocios, los economistas se preguntaron si la corrupción podría facilitar y acelerar el desempeño económico. Se dieron entonces a la tarea desde hace tres décadas a recoger información y tratar de determinar empíricamente cuál sería la relación entre desempleo económico y corrupción.
Los resultados al principio sorprendían porque aparentemente estos indicaban que la corrupción era una especie de lubricante que facilitaba la movilidad de las pesadas piezas de la economía. Pero para muchos, aquellas conjeturas iniciales carecían de información confiable y, por el contrario, lejos de ser "facilitadora", la corrupción era dañina. Llegó entonces un cambio de enfoque en el cual los corruptos pasaban de "facilitadores" a vulgares buscadores de rentas, concluyendo que los servidores públicos corruptos solo buscan ganancias adicionales a través del monopolio estatal tomando ventaja del poder discrecional que este les provee, lo que facilita su accionar y, en consecuencia, profundizando el daño social.
La literatura existente indica que ni teórica ni empíricamente, ni mucho menos moral o éticamente, la corrupción es justificable; esta representa una grave lesión para el prestigio de las instituciones y un detrimento para las finanzas públicas en menoscabo de la sociedad. Por ello cero tolerancia a la corrupción y todo el peso de la Ley para los corruptos.
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