Una interceptación ordenada en el marco del escándalo por el saqueo a la UNGRD terminó revelando que dos líneas telefónicas, registradas a nombre del cuestionado asesor Jaime Ramírez Cobo, habrían sido usadas por Laura Sarabia y Gustavo Petro. La Corte Suprema ordenó cancelar de inmediato las escuchas, muy diferente a lo que pasó en su momento con el caso Uribe.