El conflicto, desde la mirada de la educación

Diferentes universidades ya están pensando en cátedras para el posconflicto.

Las IES y sus estudiantes también deben aportar en la búsqueda de la paz. FOTO sstock

Un informe de la Unesco es claro: la mayoría de los 69 millones de niños sin escolarizar que hay en el mundo vive en países en los que hay una guerra prolongada, uno de esos países, claro, es Colombia. Aunque la cobertura avanza, el reto sigue siendo grande, y la educación la promesa: la promesa de que el posconflicto no se vaya al traste en caso de que Gobierno y Farc lleguen a un acuerdo en La Habana, Cuba.

En su informe la Unesco decía: “La idea de que la educación debe ser un elemento primordial de toda respuesta humanitaria está recibiendo cada vez más aceptación. Las propias comunidades afectadas por los conflictos y las catástrofes naturales a menudo dan prioridad a las prestaciones educativas para sus hijos antes que a la satisfacción de necesidades materiales más inmediatas. Cuando se imparte en lugares seguros y neutrales, la educación puede salvar y sostener vidas, al proporcionar protección física, cognitiva y psicosocial. La educación restaura la vida cotidiana y da a la gente esperanza en el porvenir; además, puede servir de instrumento para satisfacer otras necesidades humanitarias básicas y para transmitir mensajes esenciales que promuevan la seguridad y el bienestar”.

Lo descrito no está lejos de ser el panorama de la ruralidad en Colombia, o de los varios periféricos de varias ciudades. Hay cientos de historias en las que se cuenta cómo la educación ha frenado el avance de la violencia o, con ella, se ha convencido a jóvenes combatientes de que la violencia es una causa estéril.

En su columna de El Colombiano, Gabriel Jaime Arango, director de Docencia de Eafit, decía hace algunos meses: “Es ahora el momento de convocar y comprometer a todos los agentes personales e institucionales del Sistema Educativo Nacional, para que sin dilaciones injustificables asuma, de verdad, la responsabilidad ya confiada por la Constitución Nacional y las leyes del sector, cual es la de desarrollar y poner en práctica una pedagogía social para la fundamentación y el desarrollo de la dignidad humana en Colombia, y el conocimiento, la valoración y la introyección de los Derechos Humanos en las actitudes y el comportamiento de todos los ciudadanos, empezando por los niños y los jóvenes, haciendo que sean ellos la esperanza cierta de un nuevo país”.

Las palabras de Arango apuntan a la responsabilidad que tiene la educación en la sostenibilidad de la paz, en la educación de una generación que la promulgue y la exija, que tenga los medios y los ejerza, que conozca la realidad del país, ignorada por otras generaciones.

Cátedras para la paz

El vicerrector de la Universidad Nacional, sede Medellín, John William Branch Bedoya, cree que el compromiso de la educación cada vez es mayor con el posconflicto.

“Particularmente la Universidad Nacional es la única institución que tiene la posibilidad de desplegar todas sus capacidades en el territorio nacional, principalmente porque tenemos una autonomía de desarrollar programas específicos en los territorios. Esto nos permite impartir ese criterio nacional de posconflicto en todas las regiones. La Universidad está preparada para ofrecer programas tanto en aquellas regiones donde tenemos presencia física como en las que no. Hay que decir que nuestra experiencia en el tema es muy grande, y grandes investigadores del conflicto han salido de nuestras aulas”.

Específicamente la Universidad Nacional, sede Bogotá, cuenta con la Cátedra de la Paz, que dirige el profesor y experto en el tema, Alejo Vargas; además en la sede de Medellín, aseguró el vicerrector, empezarán una cátedra sobre el tema agrario, que fue uno de los puntos de discusión en la mesa de diálogo, y otro sobre economías solidarias y cooperativas.

Investigación y posconflicto

En el caso de Medellín, las universidades de Antioquia y Eafit, por ejemplo, están apoyando el informe Medellín, ¡basta ya!, trabajo del Centro de Memoria Histórica, la Alcaldía y el Ministerio del Interior ejecutado por la Corporación Región.

El trabajo investiga las causas y reacciones del conflicto armado en la ciudad y sus violencias entre 1980 y 2013. Jorge Giraldo, decano de Humanidades de Eafit, ha explicado la pertinencia del informe así: “Esto es importante porque en Medellín ocurrió todo antes: los campamentos de paz del M-19, el narcotráfico, la urbanización del conflicto, el auge paramilitar”.

Pero no solo es investigación social, el año pasado, Lorena Cardona Rendón, estudiante del Doctorado en Sistemas e Informática de la Universidad Nacional, sede Medellín, con la asesoría del profesor Hideo Akaba, de la Universidad de Osaka (Japón), desarrolló un equipo portátil con la capacidad de detectar, a dos centímetros de profundidad del suelo, hasta 200 gramos de nitrato de amonio, uno de los elementos con los que se fabrican las minas antipersonal.

Además de los obvios beneficios del artefacto, su costo aproximado es de un millón de pesos, frente a los 30 millones que cuesta un radar de penetración terrestre, que se utiliza actualmente en la erradicación de minas.

Sobre este invento, Cardona dijo: “El equipo portátil tiene un rango de eficiencia aceptable, aunque la pretensión es seguir trabajando para incrementar el alcance del mecanismo, de manera que cubra cinco centímetros de profundidad, algo que se lograría mejorando el diseño de la antena y dándole más potencia”.

Este caso es parecido al de Mauricio Betancur Muñoz, ingeniero mecánico de Eafit, quien recibió fue reconocido por el Tecnológico de Massachusetts como el mejor innovador del país menor de 35 años por desarrollar unas plantillas que se adaptan a cualquier tipo de zapatos y que absorben la onda expansiva que producen las minas antipersonales cuando explotan al ser pisadas.

El gobernador Sergio Fajardo, incluso el presidente Juan Manuel Santos, han dicho varias veces el papel central que tendrá la educación ante la posible desmovilización de las Farc, aunque no hay que esperar hasta ese momento, y al parecer es lo que están entendiendo los investigadores, profesores y directivos de las universidades, apostando por proyectos que pueden cambiar el panorama del país, que ayudan a desactivar artefactos de guerra, que crean programas de atención a víctimas, que se encargan de que el pasado oscuro de Colombia no se olvide.