Las cuentas sobre el monto que el sistema financiero colombiano puede facilitar a los constructores para la ejecución de los proyectos viales de Cuarta Generación o 4G puede estar entre los 14 y 16 billones de pesos, es decir, una tercera parte de los recursos totales, según dijo a EL COLOMBIANO el viceministro Técnico de Hacienda, Andrés Escobar Arango.
El funcionario, quien participó en el simposio de Mercado de Capitales organizado por la Asobancaria en Medellín, añadió que ese dinero puede ser complementado con otras fuentes como los Fondos de Pensiones, bancos y fondos extranjeros, y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
Pero, ¿se afectaría la disponibilidad de dinero para atender la demanda de otras líneas de crédito? Según el viceministro Escobar y el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, no habría ningún problema y de hecho la próxima semana se conocerán los resultados de una investigación que, en ese sentido, se realizó con las nueve entidades bancarias que han manifestado su interés de financiar las 4G.
Castaño explicó que había una preocupación de los entes multilaterales que en reiteradas ocasiones indagaron si el sistema financiero colombiano estaba en capacidad de seguir financiando a los demás sectores de la economía y, a la vez, absorber la financiación de las 4G.
“La conclusión preliminar es que no habría una afectación. Los bancos mantendrían una tasa de crecimiento similar a la actual en todas las modalidades de crédito, incluso la de vivienda”, enfatizó Castaño.
Y aunque por el lado de la capacidad del sector financiero hay tranquilidad, el Gobierno no se queda quieto y busca asegurar todas las fuentes de financiación para las 4G. Para ello colgó en la página del Ministerio de Hacienda un proyecto de Decreto que le permita a los Fondos de Pensiones y Cesantías, a través de Fondos de Capital Privado, hacer inversiones en obras 4G.
Santiago Castro, presidente de la Asobancaria, insistió en que el ahorro financiero, como vehículo del ahorro macroeconómico, se constituye en este sentido como un pilar fundamental para apalancar la dinámica de la inversión no sólo en los grandes proyectos en materia de infraestructura, sino en aquellos sectores transables que, diferentes a la minería, tendrán que liderar el crecimiento y encaminar la economía hacia una senda de desarrollo sostenible.
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