La euforia que despertó el histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las Farc, “Timochenko”, se ha ido transformando en incertidumbre por las dudas que aparecieron en torno al acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz.
La última controversia llevó al Gobierno a revelar detalles de lo que hasta ahora se había protegido como secreto de Estado: apartes del documento completo del acuerdo, el cual consta de 75 ítems que siguen en discusión.
Desde el pasado 23 de septiembre, Colombia y el mundo solo conocían 10 puntos del acuerdo sobre justicia transicional y víctimas, que las delegaciones del Gobierno y de la guerrilla publicaron en un comunicado.
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En el Congreso y la Procuraduría se elevaron voces para que se revelara el texto completo de lo pactado, pues quedaron vacíos en varios temas: ¿en qué consisten las restricciones a la libertad de los insurgentes? ¿No todos van a la cárcel? ¿Cuáles son los delitos conexos que recibirán la “amnistía más amplia posible”?
Frente a la avalancha de cuestionamientos, los negociadores del Gobierno iniciaron un periplo por los medios de comunicación, el parlamento y escenarios académicos, tratando de dar claridad.
El propio Jefe de Estado dijo hace tres días que “no hemos terminado el punto, hay todavía algunos vacíos. Entonces no me voy a dejar presionar de algunos medios, o de las Farc, o los opositores, para publicar algo que no está totalmente terminado, porque sería una falta de responsabilidad”.
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Sin embargo, ayer se rompió parte del secreto. El vocero insurgente, “Iván Márquez”, declaró desde Cuba que “cuando se cruzan por el camino incertidumbres y tropiezos por caprichos, apelamos a la palabra empeñada, a la prevalencia del honor y al valor de la verdad (...). Es el caso de los 75 puntos y el listado de sanciones que constituyen la Jurisdicción Especial para la Paz (...) Cumplió la Comisión de Juristas, cumplimos nosotros, seguimos a la espera de que lo firmado sea aceptado sin reticencias. Lo que pudiera faltar corresponde a un desarrollo que no puede variar para nada el contenido y alcance del sistema concebido, que como se ha afirmado, está cerrado”.
La insinuación de que la contraparte había faltado a su palabra, generó una reacción del jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle. “Ese acuerdo contiene 10 puntos y es un convenio firme. El Gobierno está comprometido a su cumplimiento y honra su palabra”.
Explicó que en la noche previa a la firma pública del acuerdo, les recordó a los rebeldes que “al documento le falta. Podemos firmarlo y entregarlo a los garantes en el entendido que exige mayores desarrollos”. Retiró que al firmar el acta, escribió “documento en desarrollo”.
“En tales condiciones son las Farc las que faltan a la verdad -opinó De la Calle- . Hubo un acuerdo plasmado en 10 puntos, pero respecto del documento largo, jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable”.
Para remarcar lo dicho, contó que “lo importante ahora (...) es esclarecer ante la opinión pública cuáles son los puntos que no hemos aceptado: no creemos que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistía; las condiciones de las garantías frente a la extradición deben ser precisadas; hay interpretaciones del abogado de las Farc sobre la restricción de la libertad que son inaceptables; el tratamiento de los agentes del Estado no ha sido resuelto; la elección de magistrados del Tribunal de Paz no ha sido acordada”.
Finalizó diciendo que las Farc se han negado a que se reúna de nuevo el Grupo de Juristas.
Frente a tantos cuestionamientos cabe preguntarse: ¿ambas partes se precipitaron en anunciar el acuerdo, sin tenerlo concretado?.
