Frente a la marcada y progresiva desaceleración del sector industrial en los últimos trimestres, que condujo a un crecimiento negativo de 0,7 por ciento durante el año 2012, el Gobierno ha anunciado que el próximo 15 de abril presentará un plan de choque para reactivar las actividades manufacturera y agropecuaria.
No obstante lo esperanzador que resulta la noticia, esta llega tarde, pues de tiempo atrás diversos analistas han mostrado cómo durante los últimos años el fenómeno de la desindustrialización se ha venido agudizando en Colombia.
Parte de este fenómeno responde a la revaluación que aqueja a diversas economías emergentes, pero la cual ha sido especialmente aguda en nuestro país. De igual manera, el auge del sector minero-energético ha afectado negativamente el comportamiento de los otros sectores transables.
Para evitar un mayor daño al aparato industrial y fortalecer la diversificación productiva, se ha insistido en la necesidad de que el país adopte una política industrial activa. Sin embargo, hasta ahora estos llamados no han tenido mayor eco en el Gobierno, pues se argumenta que el país cuenta con una serie de programas e instrumentos que benefician a las actividades manufactureras.
Sin embargo, y como lo ilustra un artículo de Ricardo Chica, en Razón Pública, la existencia de estos programas e instrumentos no constituyen, por sí solos, una política industrial.
La experiencia de diversos países alrededor del mundo muestra que ninguna nación se ha desarrollado sin industrializarse y que para ello se requiere una política industrial activa. Por tanto, hoy en día no se discute la legitimidad de dicha política. En este sentido, expertos, como Rodrik y Stigliz, urgen a que cada país defina las intervenciones más apropiadas para cada contexto y a que se construyan las instituciones y las capacidades que ellas demandan.
Frente a la crítica situación que afronta la industria colombiana, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se ha mostrado favorable a la implementación de una política industrial activa. Esto nos hace optimistas de que el anunciado plan de choque vaya en dicha dirección.
En el entretanto, y como un aporte a la discusión de lo que debe contener dicho plan, la ANDI le ha presentado al Gobierno el documento Agenda para el salto en Competitividad.
El documento tiene como objetivo plantear soluciones puntuales e inmediatas que les ayuden a las empresas a recuperar su capacidad productiva y así reanimar el alicaído aparato industrial para conseguir que, en el corto plazo, este retome una senda de crecimiento positivo.
Entre las medidas propuestas están: la reducción del costo de la energía; asegurar una tasa de cambio más favorable para los sectores transables; disminuir el costo de las materias primas; fomento a la inversión en bienes de capital; rápida reglamentación de la reforma tributaria; formulación de medidas de defensa comercial y fortalecimiento de la aduana; definición de una política de compras nacionales; y asegurar avances en materia de logística, transporte e infraestructura.
Para evitar que se presente un mayor deterioro económico y social es necesario que el Gobierno le dé la mano al sector industrial. No se debe olvidar que la generación de empleo formal en Colombia está íntimamente ligada al desarrollo de la industria. Además, el país debe asegurar un mayor equilibrio sectorial.
Es de esperar que, en el plan de choque, el Gobierno no sólo recoja las sugerencias de la Andi sino que, como se ha dicho, plantee los lineamientos de una política industrial duradera.
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