El crimen es una de las consecuencias directas de la falta de orden. Así, en sociedades donde el Estado no es lo suficientemente fuerte como para sobreponerse a posibles competidores ilegales y donde, además, su debilidad deja un enorme espacio para dedicarse a las lucrativas actividades económicas ilegales, las organizaciones criminales florecen.
La situación que describo no es rara para los colombianos; la podemos reconocer en la realidad nacional de la lucha, obstinada, frustrante, pero muchas veces anémica, contra el crimen organizado y el terrorismo.
En efecto, las bandas criminales (bacrim) y guerrillas colombianas se han nutrido por años de un factor determinante para su existencia y el aumento de su poder: la ausencia del Estado colombiano en amplias zonas de país y su incapacidad para ejercer el monopolio de la fuerza, administrar justicia y proveer los servicios públicos más básicos.
Una deficiencia de estas tres misiones es acercarse a ser un Estado fallido. Colombia no lo es, o por lo menos evitó llegar a serlo con las mejoras en materia de seguridad de la última década. Aún así, muchos lugares del país todavía se debaten entre las realidades de un Estado que busca recuperar espacios y una delincuencia organizada que se defiende por mantener el actual estado de desorden y ausencia estatal.
Nos enfrentamos a un enemigo cuyo mayor poder es la capacidad que tiene para adaptarse a las condiciones de su entorno y al accionar del Estado con una rapidez y efectividad alarmantes y por eso, el pragmatismo debe ser la regla, no podemos casarnos ni con un viejo paradigma ni con un esfuerzo que no está sustentado en los resultados que alcanza.
¿Qué hacer, entonces? Lo primero es entender que las bandas criminales funcionan en estos ambientes ausentes de un Estado que funcione y que se configuran como poderes locales; como competidores ilegales. Así, estos grupos, buscando perpetuar las condiciones en donde pueden traficar con droga, intentan mantener al Estado en una situación de debilidad donde le sea imposible combatirlos efectivamente.
De esta forma, Colombia no solo debe mantener una política coercitiva sobre las fuerzas criminales, sino también complementar esto con la acción ecléctica de todas las entidades del Estado en la promoción de sus fines. Mejor dicho, según la estrategia de 'Contrainsurgencia' del ejército estadounidense, el gobierno colombiano y su Fuerza Pública, tienen que plantearse "atacar, mantener y construir" sobre los territorios dominados por bacrim y guerrillas.
Se trata, en esencia, de reconstruir (o construir) el Estado en los lugares donde su presencia fue opacada por el abandono central o por el embate de las fuerzas ilegales.
Así, se pueden delinear como los principios de la reconstrucción estatal: respeto de la ley, la seguridad civil, militar y económica, la legitimidad, el desarrollo, la autonomía, la autosuficiencia y la comunicación. Es decir, el concepto de construcción estatal como el conjunto de disposiciones y momentos que deben alcanzarse para que el Estado pueda sobrevivir a los desafíos en términos de seguridad, desarrollo económico y social a los que se enfrenta, y que tienen una repercusión directa sobre la presencia y fortaleza de las organizaciones criminales.
Con el orden que trae un Estado fuerte (no solo militar y policivo, sino también que administre justicia y provee servicios públicos efectivamente), el crimen organizado y las guerrillas, verán sus espacios cada vez más reducidos.
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