HISTÓRICO
Altillanura, una valiosa reserva
  • ILUSTRACIÓN MORPHART
    ILUSTRACIÓN MORPHART
EL COLOMBIANO | Publicado el 24 de agosto de 2013

La discusión alrededor de la compra de tierras para el desarrollo de proyectos agroindustriales en la Altillanura ha puesto al descubierto el gran desorden en que el Estado tiene el registro de los baldíos en Colombia.

En particular, no se tiene claridad sobre la cantidad de baldíos existente, la extensión de los mismos y su ubicación exacta. A esto se le agrega el hecho de que muchos de los baldíos y las tierras asignadas por el Incora o el Incoder a pequeños productores no fueron debidamente registradas.

Esto genera un ambiente de inseguridad e informalidad de los derechos de propiedad. Según Fedesarrollo, en Colombia el 44 por ciento de los predios rurales no tienen título registrado. Además, el catastro rural se caracteriza por su alto grado de desactualización.

Los diversos problemas relacionados con el acceso, la propiedad y el uso de la tierra, y la falta de un esquema de tributación y planificación que asegure la utilización más adecuada y productiva del suelo, han llevado a que la tierra agrícola se utilice como un bien de acumulación y valorización.

Esto ha dado lugar a que en ricas regiones agropecuarias, como la Costa Atlántica, se conjuguen los conocidos fenómenos de alto costo de la tierra, conflicto de uso entre el potencial y el aprovechamiento efectivo de este recurso, y la subutilización del mismo.

A cuenta de ello, tierras altamente productivas en bienes agrícolas, como el maíz, producto en el que el país es deficitario, se dedican a la ganadería extensiva.

Esta situación se ha constituido en una barrera para alcanzar un desarrollo más vigoroso y dinámico de la agricultura colombiana y ha significado la pérdida de oportunidades de producción, generación de empleo y desarrollo de los territorios rurales.

Los fenómenos antes señalados se han convertido, a su vez, en una de las principales motivaciones para que muchos inversionistas, nacionales e internacionales, hayan comprado tierras en la Altillanura con el fin de poner en marcha nuevos proyectos en distintas actividades productivas, entre las que están la palma africana, el maíz, la soya, el caucho y las plantaciones forestales.

Algunas de estas compras han tropezado con el problema de clarificación de los títulos de propiedad, un hecho que es materia de investigación, pero la gran mayoría ha podido acceder de manera legítima a los mismos.

Aunque la ejecución de dichos proyectos ha venido dándole un carácter empresarial al proceso agrícola en la Altillanura, ello no deja de generar interrogantes sobre la bondad del modelo que allí se está implementando.

En particular, surgen dudas respecto del beneficio que para la sociedad colombiana representa la siembra de productos que se lucran de la protección arancelaria y de los subsidios, apoyos y exenciones tributarias que otorga el Gobierno. Además, no es clara la base investigativa y de tecnología que los va a soportar.

Para agravar las cosas, muy seguramente dichas tierras -al igual que ocurre en el resto del país- van a generar rentas provenientes de su valorización independiente de que se exploten o no.

En estas condiciones, el país deberá evaluar qué tan favorable le resulta impulsar el desarrollo agrícola de la Altillanura sin previamente resolver, por ejemplo, el problema de tributación de la tierra.

De todas formas, deberá asegurarse un mejor uso de las tierras adentro de la frontera agrícola lo que permitiría reservar la Altillanura para, en un futuro, tener un desarrollo ordenado, sostenible y socialmente beneficioso.