El país, por fortuna, comienza a aliviarse de graves violaciones de derechos humanos que en el pasado le otorgaron un puesto destacado entre las naciones en las que la población se sentía acorralada por diferentes factores de inseguridad y de riesgo que vulneraban su ejercicio pleno de aquellas garantías.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acaba de destacar dichos avances a los que llama "motivos de esperanza". Entre ellos se encuentra la evaluación favorable que hace del desarrollo del actual proceso de paz con las Farc, en Cuba.
"Más que cualquier otro acontecimiento -según la Oficina-, el actual proceso de paz tiene el potencial de transformar Colombia en lo que concierne a su nivel de respeto y disfrute de los derechos humanos".
Nos asiste complementar tal diagnóstico en el sentido de la importancia que tendrá la terminación del conflicto armado para las víctimas. Y para ello es fundamental que la guerrilla acepte la inmensa obligación que tiene de pedir perdón y reparar a los afectados por sus numerosas acciones delincuenciales: el reclutamiento forzado, el secuestro y el bombardeo de áreas civiles con armamento no convencional, entre otras.
Las Farc no pueden taparse los ojos y, lo peor, en vez de reconocer su papel de victimarias pretender decirle al país que son víctimas (¡¿?…).
Nos sumamos a la observación de que se inicie, tan pronto haya condiciones, una negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para lograr una desactivación total de la violencia guerrillera en el territorio. No puede quedar coja la mesa de la paz.
No creemos pertinente, como lo reclama el mencionado informe sobre Colombia, que se abran puertas a la impunidad con la aplicación de amnistías (perdones generales) o indultos (perdones individuales) a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Esperamos la mayor prudencia e inteligencia del Gobierno para ser riguroso en desarrollar métodos de justicia transicional.
En torno a los grupos armados ilegales, es importantísimo el llamado de atención que la Oficina le hace al gobierno de Juan Manuel Santos, y al Estado colombiano en su conjunto, para que neutralice y desmonte los grupos paramilitares (agrupados en la denominación oficial de bandas criminales, bacrim), aparecidos con posterioridad a las desmovilizaciones de autodefensas concretadas por el gobierno de Álvaro Uribe en Santafé de Ralito.
Esas bandas ilegales son el origen de numerosas amenazas y agresiones contra los defensores de derechos humanos en las regiones de la periferia nacional (3.500 han sido objeto de medidas de protección). Es fundamental acabar con dicho fenómeno para alcanzar en el futuro un ambiente integral de seguridad y libertades civiles.
Como era de esperarse, el balance del Alto Comisionado alerta sobre las profundas brechas sociales del país: "queda mucho por hacer para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales".
Recibimos con beneplácito el equilibrio en la lectura hecha por la Oficina sobre los avances y las debilidades del país en derechos humanos, los mismos que son una bandera en las páginas de este diario.
Invitamos al Gobierno a que preste la atención necesaria a las recomendaciones, en especial por la importancia que ello tiene para la imagen internacional del país y la inversión y el respaldo que sobrevienen a una nación capaz de cumplir cabalmente con los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
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