En estos días se han debatido distintos temas relacionados con el desarrollo de la agricultura y de los territorios rurales.
Así, mucho se dice sobre el problema de la tierra en Colombia y no pocos hablan de la necesidad de emprender lo que denominan una reforma agraria integral.
También se discute sobre si los pequeños productores del campo son más eficientes que los grandes empresarios.
El problema de la compra de tierras por parte de extranjeros se debatió a finales del año pasado a raíz de la presentación de varios proyectos de ley con los que se quieren limitar dichas compras.
A raíz de la desaceleración del crecimiento de la economía, y dado el bajo desempeño que en estos últimos años ha tenido el sector agropecuario, se puso sobre la mesa la preocupación sobre la rápida caída que ha exhibido el PIB sectorial frente al producto total.
De igual manera, las cifras de pobreza departamental reveladas recientemente por el Dane, dejaron en claro que este es un problema con un incuestionable sesgo rural.
Los impactos del fuerte verano que por estos días azota al país, como son los incendios forestales, la falta de agua en muchos municipios y los efectos sobre la producción agropecuaria, tienen especiales manifestaciones en los territorios rurales.
Finalmente, el conflicto que por el uso del suelo genera la expansión de la minería y su impacto sobre el medio ambiente es cada día más evidente.
Es claro, entonces, que sin tener que ir a discutir estos asuntos a territorios extranjeros, la agenda del desarrollo de la agricultura y del campo en general demanda el interés y el compromiso de la sociedad colombiana.
Mientras en el mundo el papel estratégico de la agricultura y de los recursos naturales, especialmente de cara al futuro, cada vez adquiere mayor importancia en la agenda pública, en Colombia se tiene frenado un proyecto de ley acerca del desarrollo rural y la tierra.
Igualmente, mientras que durante los últimos años en Latinoamérica muchos países han llevado a cabo importantes reformas institucionales en los sectores agropecuario y rural, en nuestra nación este tema está congelado. Pereciera que tanto el sector público como el privado se sintieran muy cómodos con un Ministerio de Agricultura que centraliza la ejecución del presupuesto sectorial y que sólo cuenta, en la práctica, con una única entidad para hacer realidad el grueso de sus políticas.
Frente a las amplias oportunidades que se tienen para el desarrollo de la agricultura y de los territorios rurales y el papel estratégico que este sector desempeña para la vida futura del país, la sociedad colombiana debería, independiente de lo que ocurra en La Habana, asumir las discusiones sobre las problemáticas que allí se tienen y plantear las soluciones que cambien el insatisfactorio estado de cosas.
Puede ser que proponer la deshabanización de la agenda agraria y rural sea una propuesta políticamente incorrecta de un despistado economista, pero Colombia tiene que tener claro que este tema es central para su desarrollo y que el mismo demanda de un compromiso nacional.
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