Una investigación de campo entregada al exfiscal General (e), Guillermo Mendoza Diago, fechada el primero de marzo de 2010, daría nuevos elementos en el proceso de Agro Ingreso Seguro (AIS).
El documento da cuenta de la labor pericial hecha por dos agentes del CTI de la Fiscalía en la que se consigna que los convenios de cooperación técnica 03 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009, suscritos entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) son válidos, tienen soporte de constitución, contaron con una póliza para la protección de los recursos y confirman, según la investigación, la idoneidad del IICA para llevar a cabo los citados convenios dentro del marco del programa AIS.
El informe, tuvo como objetivos, entre otros, "obtener, mediante inspección que realice a la investigación que por estos hechos adelanta la Procuraduría General de la Nación, toda evidencia o información relevante en este asunto, que determine la intervención del ministro (Andrés) Fernández y el exministro (Andrés Felipe) Arias, en el marco del proyecto AIS".
Agrega el documento, que como objetivo de los investigadores se tendría especial interés "en la documentación que soporte la celebración de tres convenios de cooperación técnica suscritos entre el Ministerio y el IICA (...)".
Además, se planteó la investigación de campo, obtener en la dependencia que corresponda constancia acerca de la naturaleza jurídica de los recursos destinados al pago de subsidios en el marco del programa AIS, como de los desembolsos autorizados con cargo al mismo.
Las consideraciones
El citado informe judicial, basado en la Ley 489 de 1998, sostiene que "se evidencia la celebración por parte del Ministerio de Agricultura de tres Convenios Especiales de Cooperación Técnica y Científica con el IICA, y de acuerdo a las cláusulas de dichos convenios, se evidencia que su objeto en realidad conlleva a una cooperación para el fortalecimiento del sector agrario".
Otras cláusulas, les permite afirmar a los investigadores que "se advierte que la suscripción de estos convenios responde a la aplicación de una política de Estado de incentivo al sector agrario, política que se refleja en la Ley 1133 de 2007, siendo el Ministerio de Agricultura, y de acuerdo a sus funciones, el llamado a poner en práctica el AIS, creado por vía legal".
Sobre la idoneidad del IICA, los investigadores concluyen que "se trata de un organismo del ámbito internacional conformado por 34 países signatarios que cuenta con presencia y reconocimiento del Estado colombiano a través de la utilización de herramientas propias del derecho internacional".
En lo que se refiere al soporte legal de la constitución de los convenios especiales de cooperación, dicen los resultados de la investigación se cita la sentencia C-316 de julio de 1995, expediente D-809 que dispone en su Artículo 1 "Modalidades de asociación. Para adelantar actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán asociarse con los particulares bajo dos modalidades". Una de esas modalidades es "Mediante la celebración de convenios especiales de cooperación".
Las conclusiones
La investigación de campo entregada a la Fiscalía, fechada el primero de marzo de 2010, entregó nueve observaciones, entre las que se destaca: que en los tres convenios de AIS, sí se dispuso que el IICA constituyera una póliza a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, "medida esta que va encaminada a la protección de los recursos transferidos a este organismo internacional.
Además, que por medio de cláusulas se constituyó un Comité Administrativo y un Comité de Interventoría mediante los cuales se buscó ejercer una vigilancia con respecto al cumplimiento de las obligaciones en cabeza del IICA.
También, dice la investigación, que se determinó un Plan Operativo para el cumplimiento satisfactorio del objeto de los convenios "aspecto este que denota planeación por parte de los suscriptores de dichos convenios".
Y resaltan los investigadores que cada uno de estos negocios jurídicos se encuentran precedidos de unos estudios, en donde se identifica el marco legal que los regulará y se plantean las razones por las cuales el IICA es considerado idóneo para el desarrollo de las actividades que se desprendieron de AIS.
Se evidencia, según la investigación, y dentro de las obligaciones del IICA, "la existencia de términos de referencia en cada una de las convocatorias efectuadas, términos que contienen los requisitos y condiciones para obtener estos apoyos económicos, estableciéndose en ellos requisitos de orden legal y técnico, como también la realización de verificaciones en terreno (...) con el objetivo de corroborar definitivamente la viabilidad del proyecto y la veracidad de lo dicho por el oferente en la documentación allegada en la convocatoria".
Además, dice que en los términos de referencia, el Ministerio de Agricultura sí tomó medidas para detectar posibles anomalías en los contratos, ya que "se adoptaron medidas tendientes a detectar alguna incongruencia en las propuestas de los oferentes, y que en caso de observarse podría dar lugar a su rechazo".
La investigación del CTI de la Fiscalía dice, en una de sus últimas consideraciones que "frente a situaciones que indicarían posibles maniobras por parte de particulares con el fin de obtener mayores apoyos económicos, se instauró, por parte del Ministerio de Agricultura, una denuncia penal ante la Fiscalía general de la Nación, como también la determinación de suspender la ejecución de algunos apoyos económicos de proyectos sobre los cuales existen dudas".
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